Bogotá, a punto de perder $27 mil millones por San Victorino

En diciembre del año pasado el contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, le envió una carta al alcalde Gustavo Petro en donde le advierte el grave riesgo de afectación del patrimonio público distrital por más de 27 mil millones de pesos por la compraventa del 99% de los derechos fiduciarios de la etapa 1, actualmente en proceso licitatorio, del proyecto de inversión San Victorino ‘Centro Internacional de Comercio Mayorista’.

Las razones que ameritan la formulación de la advertencia son, según el ente de control, las sustanciales modificaciones del diseño y estructuración del proyecto que podría impactar negativamente la operación urbana integral de renovación prevista para mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales del sector.

“No resulta comprensible la decisión de su despacho de no dar continuidad al proyecto San Victorino en la forma como inicialmente fue concebida su ejecución por cuanto elimina el centro empresarial que funcionaría en la manzana 3 (correspondiente a la etapa 1)”, dice la Contraloría.

La manzana 3 contaría con un centro bancario, supermercado, oficinas locales logísticas, instituciones de servicio y apoyo empresarial y comunitario, centrales de compraventa nacional e internacional y administración general del centro internacional. Dentro de la etapa 1 también se tiene en cuenta la modificación parcial del club de negocios (manzana 10); sin embargo, se dispuso incluir en dicha área el uso de vivienda y eventualmente mantener el citado club.

De acuerdo a la Contraloría, la advertencia por el grave riesgo de detrimento patrimonial se da por la falta de estudios que midan el impacto de la decisión adoptada y que eventualmente pone en riesgo los recursos que a la fecha ha invertido la Empresa de Renovación Urbana (ERU) -a cargo del proyecto- en cuantía de $19.993.333.933.

“Mediante el decreto 422 del 6 de marzo de 2012, expedido por su despacho, se reasignan funciones a la ERU y Metrovivienda para el desarrollo del proyecto San Victorino en la manzana 22 (etapa 1) y la de realizar vivienda de interés prioritario VIP en las manzanas 3 y 10, respectivamente”, dice la carta enviada al alcalde Petro.

Considera la Contraloría que, la inclusión de un proyecto de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) dentro del Centro Internacional de Comercio Mayorista, cambia las expectativas inicialmente previstas e igualmente, la visión del desarrollo económico, social y urbanístico de la ciudad “como quiera que es innegable que un sector así pensado ofrece mejores oportunidades de empleo y por ende incremento de su productividad lo que redundará en una mejor calidad de vida de sus habitantes, máxime cuando el mismo es el resultado de un sinnúmero de estudios realizados desde 1998”.

Para el organismo de control, es necesario que Petro tenga en cuenta, conforme lo manifestó la misma ERU a la Contraloría, que no existen estudios técnicos y de impacto que soporten las modificaciones del proyecto San Victorino, así como las implicaciones de las mismas.

“La decisión de modificación del proyecto podría ser inconveniente y va a minimizar el alcance que inicialmente tenía el mismo, los términos de referencia publicados el pasado 21 de noviembre para seleccionar el inversionista constructor para la compraventa del 99% de los derechos fiduciarios para el desarrollo inmobiliarios de la etapa 1 del proyecto San Victorino, en atención a que la denominación del nuevo proyecto no refleja la visión que inicialmente tenía de ser un centro internacional de comercio mayorista sino a una galería de comercio popular”, señala el informe de la Contraloría.

Preocupa a la Contraloría que, según la ERU, la venta del 99% de los derechos fiduciarios de la etapa 1 sea por la suma de $75.389.845.925 y no por valor de $102.688.238.163 como realmente corresponde, lo que arroja una diferencia en cuantía de $27.298.392.238 en contra de los intereses patrimoniales del Distrito.

Antecedentes

El proyecto de inversión San Victorino inició su planeación con el decreto 880 de 1998, con el cual se adoptó el programa de renovación urbana para el sector comprendido por los barrios San Bernardo y Santa Inés y su área de influencia. Está orientado a la formulación y ejecución de una operación urbana integral de renovación que permita mejorar las condiciones urbanas, sociales y ambientales del sector y se ejecutará en tres etapas.

Etapa 1: correspondiente a las manzanas 3, 10 y 22 del barrio Santa Inés con el desarrollo de un centro comercial a cielos abiertos y un centro de servicios logísticos.
Etapa 2: comprendería las manzanas 2, 9, 16, 21 y 27 del mismo barrio con potencial de intervención para desarrollar un proyecto de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo.
Etapa 3: correspondiente a las manzanas 1, 8, 9, 20, 23, 24, 25 y 26 del mismo barrio y la Capuchina, las cuales presentan edificaciones en altura en buen estado para desarrollar un proyecto de renovación urbana en la modalidad de rehabilitación.

En 2007 se determinó la necesidad de constituir una fiducia mercantil que administrara el patrimonio autónomo del proyecto. Se hizo con la Fiduciaria Bogotá S.A. con el objeto de administrar los recursos financieros e inmuebles necesarios para la construcción del ‘Centro Internacional de Comercio Mayorista’ como también para transferir a título de venta los inmuebles construidos y distribuir los beneficios y utilidades resultantes de la ejecución del proyecto, contrato que en razón a sus prórrogas está vigente hasta el 31 de enero de 2013.

El contrato

Construcción de un centro comercial con unas áreas aproximadas así:

• Locales comerciales en área 34.947 metros cuadrados.
• Oficinas en área de 2.867 metros cuadrados.
• Centro de servicios logísticos en área de 8.524 metros cuadrados.

En la fase operativa se iniciaría a partir de la fecha en la que se alcanzaran y cumplieran los objetivos de la fase preoperativa y en ésta, según lo planeado, tiene lugar la construcción del proyecto.

En desarrollo del objeto contractual, la Fiduciaria Bogotá S.A. ha suscrito, entre otros, los siguientes contratos:

1. Contrato, de diseños y estudios técnicos, suscrito el 1 de octubre de 2007 con la Unión Temporal Quintero Weisner.

2. Contrato de gerencia del proyecto suscrito el 2 de octubre de 2007 con la Unión Temporal Urbe Capital.

Según acta 41 del 7 de julio de 2011, la junta del Fideicomiso declara por unanimidad que no fue alcanzado el punto de equilibrio y en consecuencia no procede dar inicio a la fase operativa del proyecto; en consecuencia de lo cual dispuso la terminación y liquidación del contrato de gerencia del proyecto suscrito con la Unión Temporal Urbe Capital.

Twitter: @PaulaCastilloL