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Aunque pocos medios lo registraron, el pasado viernes el gobierno nacional tomó una decisión trascendental para el futuro de más de 10 millones de personas que viven en Bogotá y en los municipios que se extienden al oriente de la capital. A través de una resolución, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) le permitió a la Empresa de Energía de Bogotá realizar una serie de obras en el sur de la ciudad con el fin de evitar que la ciudad se quede sin energía eléctrica en dos años.
Aunque pocos medios lo registraron, el pasado viernes el gobierno nacional tomó una decisión trascendental para el futuro de más de 10 millones de personas que viven en Bogotá y en los municipios que se extienden al oriente de la capital. A través de una resolución, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) le permitió a la Empresa de Energía de Bogotá realizar una serie de obras en el sur de la ciudad con el fin de evitar que la ciudad se quede sin energía eléctrica en dos años.
El gobierno nacional autorizó a la empresa de energía del Distrito a construir una serie de condensadores (enormes y millonarios dispositivos que permiten almacenar energía y hacer que su uso sea más eficiente), con una inversión que asciende, según el viceministro de Minas y Energía, Orlando Cabrales, a US$50 millones.
La semana pasada, cuando se hizo público el anuncio, el viceministro Cabrales explicó que la medida buscaba mitigar los efectos perversos que pueda tener para la ciudad el atraso de más de un año del proyecto de transmisión eléctrica Nueva Esperanza. Con una inversión de US$100 millones, Nueva Esperanza fue adjudicado en 2010 a Empresas Públicas de Medellín y desde hace un año está en vilo por cuenta de la negativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a darle su visto bueno al proyecto.
Nueva Esperanza se ha vuelto un problema para el Gobierno, por cuenta de la resistencia de los habitantes de los municipios donde serían instaladas las torres y las líneas que traerían energía desde la represa de El Guavio hasta Bogotá. Ante la presión de estos municipios, la ANLA ha manifestado que sólo cuando se resuelva el problema con las comunidades le dará la licencia ambiental, sin la cual el proyecto no va.
Los municipios han denunciado que el proyecto no se ha socializado con los pobladores ni se ha medido su impacto ambiental. Esa queja se ha hecho visible políticamente a través del senador Milton Rodríguez, del Partido de la U, que el 23 de abril convocó a la Comisión Quinta del Senado a un debate de control político en la Asamblea de Cundinamarca, en la cual aseveró que el proyecto “desplaza a las comunidades campesinas que se quedarían sin terrenos para cultivar donde se construirían las torres”.
El conflicto —especialmente agudo con los municipios de La Calera, Choachí y Guasca— tiene preocupados a los funcionarios de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), entidad que se encarga de garantizar que en el futuro no haya problemas de abastecimiento en ningún rincón del país.
Según numerosos informes de la Unidad —sobre los cuales se basó la CREG para emitir la resolución de la semana pasada—, la demanda de energía en Bogotá y sus vecinos de oriente alcanzará un pico en diciembre de 2014. Hasta esa fecha se podrán realizar medidas de mitigación frente a los retrasos presentados por Nueva Esperanza.
Lo grave es que después de esta fecha no habrá medida de mitigación que valga, según los técnicos de la UPME. El Espectador conoció una carta enviada hace siete días al Concejo de La Calera por la directora de esa entidad, Ángela Inés Cadena. En ella, la funcionaria augura que “para el 2015 se agotarán las medidas a implementar para mitigar riesgos, más allá de las obras que están definidas. Siendo así, se empezaría a comprometer la atención de la demanda de energía eléctrica residencial, industrial, comercial y de servicios oficiales, al igual que el alumbrado público”. En otras palabras, si el conflicto no se resuelve, Bogotá y el centro oriente comenzarán a sufrir racionamientos de energía en año y medio.
Al cierre de esta edición fue imposible comunicarse con la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Luz Helena Sarmiento Villamizar. De manera extraoficial se sabe que hasta el momento no existe un espacio institucional donde las comunidades, EPM y el resto de actores involucrados en el proceso se sienten a negociar.