En Bogotá, las víctimas suspenden negociaciones sobre el plan para su atención

Algunos desplazados por la violencia que viven en la localidad de San Cristobal. /Foto: Cristian Garavito

A pesar de que el alcalde Enrique Peñalosa declaró, durante la firma del histórico acuerdo entre el Gobierno y las Farc, que Bogotá estaba lista para enfrentar el posconflicto y que los afectados por la violencia serían la columna vertebral de este proceso, la Mesa Distrital de Víctimas entró en huelga ayer.

Lo hizo por supuesta falta de garantías de participación para construir el Plan de Acción Distrital (PAD), documento clave para definir el camino que deberá seguir el Distrito para atender a esta población durante los próximos cuatro años. “En el plan las entidades distritales construyen proyectos de inversión de la mano de las víctimas”, aclaró semanas atrás Ángela Anzola, alta consejera para los derechos de las víctimas.

Su formulación debió empezar hace 15 días, pero hasta la fecha no hay ninguna pincelada sobre los puntos que más les preocupan a los afectados por el conflicto: acceso gratuito a vivienda, empleo y garantías para su participación política.

Por ley, el documento deberá quedar listo el 9 de julio, un mes después de que fue aprobado el Plan de Desarrollo. Para que sea avalado, el alcalde Peñalosa y su gabinete deben contar con la venia de las víctimas y el Gobierno Nacional.

El enfoque estructural y no asistencialista es un punto a favor en la apuesta del Distrito, ya que prioriza la reparación integral. El lío es que, por ahora, no hay metas concretas. Otro aspecto invisible es la memoria y la reparación simbólica. “Es claro que el Centro de Memoria Distrital no se ha convertido en un punto de referencia para entender el conflicto”, opina Sergio Guarín, coordinador de posconflicto en la Fundación Ideas para la Paz.

Barbosa sostiene que los integrantes de la organización no tienen recursos para asistir a las reuniones pactadas. El subsidio de transporte que ofrece para que asistan a las reuniones mensuales es de $12.000, y sólo pueden acceder a este en tres estaciones de Transmilenio del centro: Centro Memoria, Calle 22 y Av. Jiménez.

“Además de ser un subsidio insuficiente, no todos lo estamos recibiendo. La mayoría de los integrantes de la Mesa estamos amenazados, por eso necesitamos movilizarnos en taxi”. El delegado agrega que no siempre reciben refrigerios y almuerzos.

Ante estos reclamos, la Alta Consejería decidió no pronunciarse. “La alta consejera, única voz autorizada, se encuentra en consejo de gobierno fuera de la ciudad”.

La próxima reunión entre esa entidad y la Mesa de Víctimas será el martes, cuando discutirán sobre las garantías de participación. Si llega el 9 de julio y no hay un plan consolidado, la Procuraduría entraría a investigar y a establecer sanciones administrativas, a través de la Comisión Legal de Seguimiento, que conforman la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Contraloría.