Este jueves la contralora General, Sandra Morelli, se refirió al dinero de más que han pagado los bogotanos en materia de aseo. La alta funcionaria explicó que tras estudios de la Contraloría, no sólo en Bogotá sino en otras ciudades del país, se comprobó que las entidades a cargo de la prestación de servicios públicos si bien no superan el techo máximo de cobro no han realizado un “costeo” real para que se reduzcan las tarifas.
Explicó que la Contraloría General, en el caso de Bogotá, ha tenido competencia excepcional referida al proceso licitatorio y a una tarea que la Corte Constitucional asignó relacionada con el inventario de recicladores.
Señaló, en diálogo con RCN La Radio, que en desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal, la Contraloría analizó la estructura tarifaria de los contratos de prestación de servicio de aseo en Bogotá.
“Nos pareció muy importante hacer una advertencia a la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) y a la Superintendencia de Servicios Públicos, pues la CRA establece el techo máximo de cuánto se cobra por la tarifa y la Superintendencia hace la vigilancia de que no se exceda en el cobro de esa tarifa, que tiene una fórmula matemática muy seria que tiene en cuenta de manera detallada los costos de barrido, limpieza, recolección y disposición en el relleno sanitario”, explicó Morellí a esa emisora radial.
En este sentido agregó que la tarifa incluye los costos de camiones, mantenimiento, gasolina, personal, prestaciones, número de habitantes, rutas, kilómetros y de cuánto cuesta la disposición en el relleno.
“De ahí sale el techo máximo según los distintos lugares del país. Encontramos que en la práctica se coge el techo máximo. Nadie se pasa pero éste está previsto como un máximo posible, pero en cada caso se debería verificar. Eso nos lleva a concluir que hay una omisión en términos generales de las unidades de servicio público en las capitales que no hacen el más mínimo esfuerzo de hacer un costeo según rutas, numero habitantes, etc”, indicó Morelli.
La contralora General señaló que se le está cobrando a la gente lo máximo y que las autoridades no están haciendo el esfuerzo por decir “este es el techo máximo”.
“No se hace la tarea y eso hace que los usuarios estemos pagando más de lo que realmente deberíamos pagar, aparentemente es legal porque no se ha pasado del techo pero no es racionable económicamente para el usuario”, dijo.
Finalmente, puntualizó en que en Bogotá se ha pagado un “excedente injustificadamente de $500 mil millones que no nos han devuelto”.
Una situación similar se presenta en Cartagena, Córdoba y Quindío.