Bomberos de Cundinamarca, con el rancho ardiendo

David Campuzano - Archivo El Espectador / David Campuzano - Archivo El Espectador

El Ideam pronosticó que el fenómeno de El Niño mantendría su intensidad hasta abril y que su debilitamiento se extendería hasta junio. Y aunque el fin de la sequía parece cerca, la amenaza que aún representan los incendios forestales tiene en vilo a los bomberos de Cundinamarca, especialmente por la falta de recursos.

Y es que el comienzo del año no ha sido fácil. En el primer trimestre, las distintas unidades de bomberos del departamento han atendido 340 incendios forestales, que han afectado 1.290 hectáreas de bosques, cultivos y páramos en 79 de los 116 municipios. Muchos, por las temperaturas; otros, por quema de residuos o manos criminales.

Y aunque la Gobernación y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) han entregado recursos para reforzar a los organismos de rescate con kits de emergencia, motobombas y vehículos (con una inversión de casi $8.000 millones de regalías), los socorristas sienten que algunos alcaldes, que deberían ser los más interesados, no han demostrado el suficiente compromiso para tener en sus municipios una adecuada red de atención de desastres.

Las cifras son dicientes. De los 116 municipios del departamento, 36 no tienen cuerpo de socorro, 77 tienen cuerpos de bomberos voluntarios y solo tres (Girardot, Soacha y Cajicá) cuentan con bomberos oficiales, es decir, que hacen parte de la administración municipal. Y aunque parecería que la cobertura es suficiente, al tener socorristas en el 70 % de Cundinamarca el panorama es distinto.

Los voluntarios

La principal dificultad se encuentra con los bomberos voluntarios. Ellos, para poder operar, dependen del apoyo de las alcaldías a través de convenios que les garanticen al menos los costos operativos y las herramientas para atender cualquier desastre. Y aunque se supone que este es un servicio esencial, para algunos alcaldes no parece una urgencia. A la fecha aún hay 29 poblaciones en las que los cuerpos de socorro siguen sin un convenio con la administración y tampoco tienen recursos. A pesar de ello, en estos meses de incendios, muchos siguen prestando servicios, por el compromiso con sus poblaciones.

Sin embargo, hay municipios como Ricaurte, Albán, Nilo y Tocaima en los que la crisis ha forzado a los rescatistas a suspender sus actividades, ya que ni siquiera hay dinero para pagar el SOAT o el combustible de los vehículos de emergencia.

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, explicó que el apoyo de la Gobernación y la Nación no suple todas las necesidades, ni cubre la responsabilidad que tienen las administraciones locales. Y agrega que la principal dificultad para atender las emergencias es que las alcaldías pretenden contratar el servicio con los bomberos voluntarios por cifras –según él– irrisorias.

Un cuerpo de bomberos voluntarios de un municipio pequeño (menos de 20.000 habitantes) necesita casi $50 millones anuales para su funcionamiento básico, suma que aumenta de acuerdo con la extensión, número de habitantes o riesgos de cada territorio. Esos dineros son solo para gastos de funcionamiento básicos, como la sede, los servicios, combustible, reparación de los equipos y vehículos, entre otros. Es decir, en ese presupuesto no se contemplan elementos primordiales como la infraestructura, ni la indumentaria especial que debe usar cada bombero, que cuesta casi $25 millones por socorrista.

En cuanto a infraestructura, hay municipios en los que los socorristas no tienen duchas especializadas para el aseo después de atender una emergencia y, en el peor de los casos, ni siquiera una sede propia, por lo que muchos se ven obligados a guardar sus elementos de trabajo en locales, salones o hasta en su propia casa.

Si a los 20 municipios que no han firmado convenio con su cuerpo de bomberos voluntarios se suman los 36 que no tienen organismos de socorro, la cuenta arroja que más de la mitad (56 %) de las poblaciones de Cundinamarca están sin cobertura para emergencias o en riesgo de quedar sin ella.

La situación ya está en conocimiento de los organismos de control. La Procuraduría envió un oficio a todos los alcaldes, para pedir información sobre la relación del municipio con los bomberos, los recursos y cómo están apoyando la actividad. La razón es que aunque la Ley 1575 de 2012 (que define la actividad bomberil como un servicio público esencial) señala que la gestión de la atención de emergencias es responsabilidad del Estado y en especial de cada municipio, parece ser que no se está cumpliendo. Los alcaldes deben responderle a la Procuraduría antes del 7 de abril.

Por su parte, la Gobernación de Cundinamarca emitirá en los próximos días una comunicación en la que reclamará a los alcaldes por la dilación en la firma de estos compromisos con los cuerpos de bomberos, que son claves para que cada municipio pueda acceder a proyectos y ayudas que se otorgan en situaciones de contingencia.

La petición de la Procuraduría

La Procuraduría envió un oficio a todos los alcaldes de Cundinamarca para pedir información sobre la relación del municipio con los bomberos, los recursos y cómo están apoyando la actividad. La primera petición que deben responder los funcionarios al ente de control es cómo fue el proceso de empalme con la anterior administración municipal y si en el procedimiento se documentó del cumplimiento de la normatividad. Si responden negativamente, deberán informar qué medidas se tomaron para la atención de emergencias al no haber acatado la regulación. De igual forma, cada alcalde territorial tendrá que responder si tiene o no un convenio con socorristas del municipio, el monto y duración de dicho convenio y, también en caso contrario, especificar por qué no hay un acuerdo y qué harán al respecto, pues estarían infringiendo la Ley 1575. El requerimiento final de la Procuraduría es que los alcaldes respondan por el monto que se recauda y se destina a los bomberos de cada municipio, proveniente de la sobretasa a algunos impuestos, como “industria y comercio, sobre vehículo automotor, demarcación urbana, predial”, como establece la ley, para la obtención de recursos con los que se asegure la gestión de riesgos e incendios en cada territorio.