Cundinamarca arrancó el año nuevo con un propósito: consolidarse como un “laboratorio territorio de paz de Colombia”. Con esa idea, la Gobernación acaba de divulgar su plan de seguridad de 2014, que tiene una particularidad: según el anuncio oficial, los municipios pilotos del programa son Viotá y La Palma, los cuales han sido testigos de la violencia guerrillera notoriamente y, posteriormente, del azote paramilitar. Un dato que es relevante en este año de elecciones presidenciales, con un jefe de Estado que puso su futuro político en manos de los diálogos de paz en La Habana con la guerrilla de las Farc.
Viotá resume lo que ha sido el conflicto colombiano. Lo han señalado estudiosos del conflicto como Eduardo Pizarro Leongómez: allí surgieron autodefensas campesinas liberales en la época de la Violencia y en algún momento —resaltó Pizarro en un ensayo académico— “se constituyó en un ‘santuario’ de las guerrillas comunistas”. Surgieron las Farc. Pero uno de los socios de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha (nacido en Pacho, Cundinamarca), les declaró la guerra hasta acabar con ellas. Luego vinieron los paramilitares: en julio de 2007, por ejemplo, se denunció que una facción de las Auc había llegado a un establecimiento público del municipio, cuando se celebraba el Día del Padre, y habían asesinado a cinco personas.
En La Palma, las cosas no han sido de otro tono. Fue uno de los sitios claves cuando, a finales de la década de los 90, las Farc tenían como objetivo final cercar a Bogotá. Para el año 2000, las Farc ya tenían en Cundinamarca unos mil guerrilleros y la reacción paramilitar no se hizo esperar. El crimen de la familia de Luis Arley Rojas —narrado en detalle por este diario hace dos años— así lo evidencia: a los padres de Luis Arley, que cuidaban una finca en zona rural de La Palma, los asesinaron en 2002 tildándolos de auxiliadores de la guerrilla. Él tenía 4 años y tuvo que permanecer dos semanas junto a los cadáveres de sus padres. Diez años después, en Justicia y Paz, los asesinos admitieron el crimen y pidieron perdón.
Las consecuencias se siguen haciendo palpables hoy con cifras que hablan por sí solas: según la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en Viotá, 7.028 personas se han registrado como víctimas del conflicto. Lo que quiere decir que casi el 70% de su población ha sentido los efectos de la guerra, pues el censo de Viotá no supera los 10 mil habitantes. Lo mismo ocurre con La Palma: hay 6.683 registradas en la Unidad de Víctimas entre una población que ronda los 10 mil pobladores. Según anunció la Unidad, tanto La Palma como Viotá han sido priorizados para los planes de retorno de personas desplazadas y la entrega de indemnizaciones administrativas
En octubre del año pasado, el propio presidente Juan Manuel Santos anunció que Viotá sería el primer municipio “posconflicto” del país, idea promovida por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. En ese momento se anunció que se habían suscrito convenios por $2.000 millones para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Viotá y La Palma. Sin embargo, como ha expresado el alcalde de Viotá, Óscar Quiroga, el presupuesto para hacer de este el “municipio posconflicto” es más que limitado: $300 millones para programas de atención a víctimas y de la ola invernal. “No alcanza para nada”, le dijo Quiroga a este diario el año pasado.
El plan de seguridad anunciado por la Gobernación se enfoca exclusivamente en el tema militar y en la realización de brigadas cívico-militares, que han sido fuertemente criticadas por organizaciones de derechos humanos. Ariel Ávila, coordinador del Observatorio Fundación Paz y Reconciliación, le dijo a este diario: “Esas brigadas no deberían realizarse. Son una estrategia militar efectiva para ganarse el apoyo de la población; sin embargo, se han denunciado casos en donde utilizan estos escenarios para hacer inteligencia y perseguir a ciertos sectores de la población civil. En alguna medida terminan involucrando a la población en el conflicto armado”.
En las próximas semanas, anunció la Gobernación, “funcionarios de la administración visitarán los batallones del departamento para determinar las principales necesidades de los soldados”. El resultado de ese trabajo será la formulación de un proyecto de atención que se presentará ante el Ministerio de Defensa.