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Buscan que Distrito asuma costos de obras de valorización si no cumple

Desde el Concejo de Bogotá promueven la iniciativa.

El Espectador
29 de enero de 2013 - 09:01 a. m.

El concejal Miguel Uribe Turbay a través de comunicación escrita le advierte a la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), María Fernanda Rojas, que en caso de que la administración persista en efectuar el cobro de la contribución por valorización, antes de la ejecución de las obras, y de presentarse incumplimientos, sobrecostos o faltas de planeación de las mismas, promoverá que sea el Distrito el que asuma los costos que se generen y no los ciudadanos.

Aprovechando que se adelanta la segunda fase del cobro de valorización para la construcción de vías, puentes peatonales, intersecciones viales y parques, Uribe Turbay le recordó al IDU que es más conveniente implementar el cobro “contra entrega”, propuesto por el concejal a la administración hace unos meses.

“El pago contra entrega busca generar cargas equitativas para los ciudadanos y garantizar la ejecución responsable, transparente y oportuna de los recursos públicos en favor del desarrollo de la ciudad”, señaló el cabildante.

Según el concejal, la iniciativa del “pago contra entrega” se ajusta al Estatuto de Valorización y al Decreto 1421 de 1993 que afirma que la liquidación y recaudo del cobro por valorización pueden efectuarse antes, durante o después de la ejecución de las obras o del respectivo conjunto de obras, lo que evitará todos los inconvenientes, y sobrecostos que han tenido que asumir los bogotanos.

El concejal del Partido Liberal agregó que la confianza ciudadana se ha perdido a causa del proceso de ejecución de la Fase I y Fase II de obras financiadas por valorización que durante las últimas administraciones han dado lugar a sobrecostos y aplazamientos de las obras, por meses y aún por años.

“Los ciudadanos no deben pagar anticipadamente esta contribución sin tener la certeza de cuándo se realizarán las mismas, pues la falta de planeación e ineficiencia de la administración se traduce en costos políticos, económicos y sociales que terminan siendo asumidos por los ciudadanos”, concluyó Uribe.
 

Por El Espectador

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