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Con la llegada de Semana Santa empieza la cacería contra diez especies que son sensibles al comercio ilegal: pericos bronceados, tortugas hicoteas, loros reales, iguanas, ardillas, entre otros, son acorraladas por las redes de tráfico que los venden como mascotas o como alimento para algunos ciudadanos que en esta temporada de Cuaresma evitan comer carnes rojas.
Aunque a lo largo del año se trafican animales silvestres en Colombia, según la Secretaría de Ambiente, las épocas vacacionales como esta semana son las más críticas. En 2017, al Centro de Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre del Distrito ya han llegado más de 400 animales que son recuperados de los tentáculos de organizaciones criminales, para recibir atención y tratar de volver a su hábitat.
En diciembre y enero, la cifra puede ascender hasta 700. Sin embargo, muchos no logran retornar a los lugares de donde fueron extraídos, debido a que el cambio en los hábitos les genera trastornos tan graves que son incapaces, por ejemplo, de volver a cazar. (Lea: Más de 400 animales víctimas del tráfico de fauna silvestre recobrarán la libertad)
Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Atlántico son los departamentos donde los traficantes más se incautan de animales para trasladarlos a Bogotá. Las plazas de mercado, sus alrededores, tiendas de mascotas, así como las terminales de transporte se vuelven el hogar temporal de las especies mientras son vendidas.
Transporte ilegal
Antes de que los animales pisan la capital viven su propio viacrucis. Según Andrea Padilla, vocera en Colombia de AnimaNaturalis Internacional, el transporte de las especies es la parte más infame y dolorosa del comercio ilegal: “Para que las autoridades no escuchen el llanto o las quejas de las aves, los traficantes en el mejor de los casos las dopan y en el peor les amarran los picos. También les pegan sus alas con cinta aislante para impedir que se muevan durante el trayecto”.
Padilla agrega que la peor parte la padecen los flamingos (aves rosadas), las tortugas hicoteas y las iguanas. A los primeros les doblan las patas como si fueran modulables y los meten dentro de tubos pvc. A las segundas, que suelen habitar ciénagas o humedales, les queman su hogar para que huyan y en el escape sean metidas en grandes sacos. Muchas de ellas mueren asfixiadas.
También las iguanas son raptadas sin piedad. Las abren de la boca hasta la cola para sacarles los huevos, después las rellenan de arena y las abandonan en medio de la carretera. Con el pasar de las horas mueren deshidratadas o infectadas por los residuos que meten en su organismo. Las que no pasan por esa tortuosa realidad son trasladas hasta Bogotá para convertirlas en mascotas. Les dislocan los dedos con el objetivo de que permanezcan quietas en el recorrido.
Lo cierto es que la mayoría de los animales que son sometidos a largos trayectos llegan sin vida a su destino final. De acuerdo con las cifras dadas por la Secretaría de Ambiente, de 10 especies que son transportadas solo una queda viva. Es decir, que la mortandad es del 90%.
El tráfico ilegal genera abruptos daños al medio ambiente. La cartera distrital asegura que remover un animal de su ecosistema causa la pérdida de la biodiversidad. La consecuencia, sistemas ecológicos simplificados y empobrecidos que alteran la estabilidad de la fauna y flora del territorio explotado.
Sanciones
A pesar de que la ley estipula sanciones severas para quienes maltratan a los animales, las autoridades siguen siendo muy flexibles al imponerlas. O al menos así lo cree la vocera de AnimaNaturalis Internacional, quien explica que si bien la Policía puede cumplir con su función de capturar a los traficantes, la cadena punitiva se rompe cuando el caso llega a la Fiscalía y los juzgados, donde hay un alto índice de impunidad.
Solo hasta hace un mes, la justicia colombiana impuso la primera condena por maltrato animal. David Andrés Flórez Acosta fue sentenciado por matar y comer gatos en el municipio de Amagá (Antioquia). Aunque organizaciones animalistas consideran que este fue un gran paso, también aseguran que pasó un largo tiempo para que sucediera.
Camilo Prieto, director del Movimiento Ambientalista Colombiano, cree que si bien hay una mayor conciencia por los animales domésticos, aún falta mucha protección para la fauna silvestre. Por eso manifiesta que es indispensable fortalecer su cuidado con más normas que, más allá de otorgarles derecho a los animales, pongan límites a los seres humanos.
Pero los castigos no deberían limitarse a los traficantes. Los compradores también tienen responsabilidad en este negocio ilegal. Padilla asegura que las personas que tienen en su casa micos, tortugas o loros no se les impone ninguna sanción penal: “Simplemente se les decomisa el animal y se da una alerta por parte de las autoridades competentes, un error grave porque ellos también conforman la cadena de tráfico. Mientras no reciban algún correctivo se le seguirá enviando un mensaje equivocado a la sociedad y es que tener animales silvestres como mascota está bien”.
El Código Penal establece condenas de 5 a 9 años de prisión por explotación ilegal de fauna y flora silvestre y una multa de hasta $3.600 millones. En lo corrido del año, solo se han judicializado cinco personas, quienes fueron sorprendidas por la policía ambiental movilizando animales de su hábitat natural a Bogotá sin permisos. A todos se les está adelantando el proceso penal. Para Padilla, es necesario hacerles mayor seguimiento a los responsables del tráfico animal, conocer sus estrategias e identificar las principales rutas, si se quiere acabar con este flagelo.