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El municipio de El Rosal, a escasos 30 minutos de Bogotá, se prepara para escuchar hoy un veredicto que enfrentará a la población a un caos político y administrativo. Un juez anunciará si envía o no a prisión al alcalde Hugo Arévalo y a cinco concejales, denunciados por, al parecer, pedir dinero a cambio de licencias de construcción. La decisión, que se suma a la confirmación de la Procuraduría de destituirlos, obligará a recomponer su estructura ejecutiva y de gobierno a casi un año de elecciones.
Con estas decisiones, no sólo el gobernador de Cundinamarca tendrá que designar un nuevo alcalde de la terna que presenten los partidos Liberal y Cambio Radical (coalición que apoyó a Arévalo). También, al Concejo llegarían cinco nuevos cabildantes (la corporación la integran 11). Por ahora, como la única que está en firme es la decisión disciplinaria, en principio los concejales podrían ser reemplazados por los candidatos de sus listas que no fueron electos.
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En este caso, llegarían al cabildo Pedro Pablo Rodríguez (Partido Liberal), Ómar Darío Díaz y Marta Ramírez (Centro Democrático), Reinaldo Forero (U) y Wilson Blanco Lache (Alianza Verde). No obstante, si alguien interpreta que se podría aplicar la figura de la silla vacía, el Concejo tendría que terminar su período con seis concejales. Todo por cuenta de un lío de tierras.
El origen
Este caos tiene origen concreto: el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) expedido por la pasada administración a dos días de terminar su gestión (28 de diciembre de 2015). A pesar de que el casco urbano del municipio ocupa 50 hectáreas y tiene 30 ha más para construir, a través de la norma se habilitaron 136 ha de suelo agrícola como zona de expansión. Es decir, El Rosal hoy tiene 166 ha para urbanizar. Tres veces lo que ocupa el pueblo.
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La aparente exageración y posibles fallas en el trámite, al parecer, las aprovecharon Arévalo y los concejales para exigirles dinero a los beneficiados con el cambio del uso de suelo, con el fin de evitar el reajuste en el EOT (que los dejaría por fuera) y otorgarles permisos para construir. Cuatro de los afectados no accedieron y denunciaron disciplinaria y penalmente. Esto llevó a los entes de control a tomar decisiones, tras encontrar evidencias que confirmarían los hechos.
Las pruebas de la Fiscalía
Mientras la Procuraduría se alista para notificar la confirmación de la destitución, esta novela tendrá hoy un día trascendental, cuando el juez anuncie su decisión frente a la petición de la Fiscalía de enviar a Arévalo a prisión, tras imputarle el delito de concusión, que contempla una pena de hasta 15 años de prisión. Aunque el alcalde se ha declarado inocente, el ente acusador insiste en que tiene evidencias de que la actuación del alcalde no sería nueva. “El imputado presuntamente ha efectuado otros múltiples atentados contra la administración pública. Se están recopilando evidencias para establecer si en la Alcaldía funcionaba un entramado criminal”, dijo el fiscal.
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Para sustentar sus señalamientos tiene seis declaraciones de propietarios que habrían sido víctimas de las supuestas presiones, así como la de José Manuel Cortés, empleado de la Constructora Bolívar, quien gestionaba permisos para levantar un proyecto. Según él, en 2016 estuvo en una reunión del alcalde y Alberto Cuéllar (uno de los denunciantes), en la que escuchó cuando el mandatario le dijo: “Ustedes saben cómo es esto... Esto es con plata”. Para el organismo, esto fue una solicitud indebida.
A ello se suman acusaciones de otras tres personas —Julián Giraldo y los hermanos Andrés y Guillermo Leaño—, que también aseguraron haber sido presionados. “El alcalde abusó de su investidura para infundirles temor a sus víctimas. El miedo estaba en que se truncaran sus proyectos, pues sólo hallaron barreras por la codicia unida al poder”, agregó el fiscal.
Para las víctimas, la conducta del mandatario venía desde su primera administración, entre 2008 y 2011, aunque en esa oportunidad no denunciaron por miedo a que se frenaran otros proyectos. Por eso, para el ente investigador, la medida de aseguramiento es una necesidad para proteger a las víctimas y evitar la obstrucción de la justicia.
Los argumentos de la defensa
Según la defensa de Arévalo, las pruebas de la Fiscalía no son sólidas. Por ello instó a controvertir con hechos probados y no con rumores. Agregó que a su cliente le estaban violando su presunción de inocencia y alertó —con documentos en mano— que la denuncia contra su cliente era por haber cuestionado el EOT, que aumentó injustificadamente zonas de expansión.
Fue por eso que el mandatario convocó el año pasado a los dueños de los predios para informarles que la única forma de mantener intacta la zona de expansión era que ellos garantizaran los servicios públicos o de lo contrario tendría que reducirla un 40 %. “El cambio del EOT no les da a los propietarios un derecho inmediato a construir. Primero deben cumplir unos requisitos, entre ellos garantizar el derecho al agua, una de las grandes problemáticas del municipio”, agregó.
Para sustentar su inocencia resalta que los quejosos son cuatro beneficiarios de ese EOT que vieron en riesgo sus proyectos, y que la Fiscalía no tuvo en cuenta que ninguno de los otros 16 propietarios de predios en zonas de expansión habían interpuesto denuncia alguna, ni han señalado al alcalde de haberles pedido coimas.
Respecto al testigo de la Constructora Bolívar, la defensa dijo que se trató de una malinterpretación: “¿Construir 4.000 viviendas no es con plata? ¿Garantizar el servicio público no es con plata? Lo malinterpretaron”, explicó el abogado, al precisar que lo que su cliente quiso decir fue que las inversiones para construir el acueducto, el alcantarillado y obras de saneamiento correspondían a los constructores.
Por ahora, el ente acusador insiste en que hay evidencias de que Arévalo delinquió, algo que encuentra sustento en la decisión de la Procuraduría. Contrario a esta versión, la defensa del alcalde insiste en que el EOT estuvo mal diseñado, que fue exagerado habilitar tantas hectáreas para construir y que El Rosal no estaba en capacidad de garantizar el suministro de agua a nuevas obras. Por eso, lo único que hizo fue pedir a los urbanizadores compensar al municipio.
En medio de este pleito, un abogado demandó el EOT, lo que llevó a que un juzgado administrativo de Facatativá suspendiera la norma, mientras toma una decisión de fondo. Esto hace más complejo el panorama, pues con recursos y apelaciones, dirimir este conflicto podría tardar años. Por eso, a pesar de que Arévalo fue destituido y está ad portas de ir a prisión, por ahora los denunciantes no podrán construir.