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El actual contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, compareció ayer ante el Tribunal Superior de Bogotá para escuchar la imputación de la Fiscalía pues, al parecer, intentó favorecer a la firma Odebrecht con contratos de infraestructura, aprovechando su poder como gobernador de Boyacá, entre 2012 y 2015.
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Concretamente, al funcionario —quien llegó a los despachos pasadas las tres de la tarde— lo señalan de supuestamente haber recibido $200 millones de la firma brasileña para financiar su campaña a la Gobernación de Boyacá, además de usar su influencia para que una de las filiales de Odebrecht fuera precalificada para competir por el contrato para la ampliación de la planta de tratamientos residuales El Salitre (PTAR Salitre) en Bogotá.
Por estos hechos, el ente investigador le imputó tres delitos: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias como servidor público. Adicionalmente le pidió al magistrado que enviara al funcionario a la cárcel. Ante los señalamientos, Granados se declaró inocente.
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Las pruebas de la Fiscalía
Los indicios de la Fiscalía empezaron el año pasado, cuando Federico Gaviria, empresario y asesor externo de la firma Odebrecht en Colombia, testificó contra varios políticos, entre ellos quienes conformarían el grupo denominado los Buldózer, que no eran más que congresistas señalados de ejercer presión y recibir sobornos para que la multinacional se quedara con contratos de infraestructura.
En el caso del contralor Granados, la investigación indica que el puente entre la firma brasileña y el entonces candidato a la Gobernación de Boyacá, para concretar el aporte de los $200 millones, habría sido otro destacado político boyacense: el exsenador Plinio Olano, quien está en prisión desde febrero por su posible participación en el esquema de sobornos y quien habría hecho gestiones para que le adjudicaran a Odebrecht el contrato de la vía Duitama-Charalá-San Gil.
El pacto era simple: que la firma terminara favorecida con proyectos de infraestructura durante el mandato de Granados. En medio de la investigación, la Fiscalía señaló a Olano de haberse reunido al menos en tres oportunidades con Luiz Bueno, entonces presidente de la multinacional en Colombia, para manifestarle la importancia de que Granados se hiciera a la Gobernación y con ello asegurar el éxito para quedarse con la carretera en Duitama. Por esta gestión, tanto Granados como Olano al parecer habrían recibido una comisión del 3 al 5 % sobre el valor estimado del proyecto, que alcanzaría los $350.000 millones.
En desarrollo de la audiencia de imputación, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia dijo tener información de que el actual contralor de Bogotá participó en varias de estas reuniones. Incluso, que una de ellas se llevó a cabo en la vivienda de Olano, en el municipio de Sopó, y en ella se habría hecho énfasis en su plan de gobierno para concretar el proyecto de la vía en Duitama. Allí se habría pactado el apoyo a la campaña, dinero que habría sido entregado al senador Plinio Olano en una reunión posterior.
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“A partir de 2011, usted, doctor Granados —como candidato a la Gobernación de Boyacá y durante el período en el que ejerció como tal—, concertó con otras personas, entre ellas Eleuberto Martorelli, el exsenador Plinio Olano y Federico Gaviria, para cometer varios delitos, principalmente contra la administración pública. Así, accedió al designio criminal de esta organización, cuya expansión le permitiría a la multinacional la réplica de su política ilegal, en la que varios contratos estatales, en los que usted tenía injerencia, fueran adjudicados o direccionados ilícitamente”, manifestó la fiscal del caso.
Ya siendo Granados gobernador, Odebrecht lo habría contactado en 2012 para concretar el acuerdo. Para ello, el interlocutor habría sido el exsecretario de Infraestructura de Boyacá Bernardo Umbarila. A partir de allí se habrían realizado reuniones en Tunja y otros sitios de Boyacá, algunas con participación de Federico Gaviria, para ajustar el proyecto. Sin embargo, la constructora terminó declinando al considerar que no era viable financieramente, relató la fiscal.
En mayo de 2014, según el ente investigador, Granados celebró otro contrato para el mantenimiento y la rehabilitación de las vías Duitama-Charalá y Zipacón-Celestina, con el Consorcio Muisca Duitama, integrado, entre otros, por Luis Fernando Mesa Ballesteros, “hombre de confianza de Olano y ficha clave de los casos de corrupción llevados a cabo en Colombia por la multinacional”. Aunque Odebrecht no participó en el contrato de la vía en Duitama, sí fue tenida en cuenta seriamente en el proyecto de la PTAR Salitre, al parecer, gracias a las gestiones de Granados.
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Para ello, en su papel de miembro del consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) habría convencido a su entonces director, Alfred Ballesteros, de que favoreciera a la multinacional en el proceso contractual. “Como parte de los compromisos adquiridos en campaña, y como no se pudo hacer el contrato con Odebrecht, Granados sostuvo una reunión durante el primer semestre de 2013 en su apartamento en Bogotá, con la participación de Plinio Olano, Federico Gaviria, Eleuberto Martorelli y el director de la CAR, Alfred Ballesteros, para que Odebrecht o alguna de sus filiales fuera precalificada para la ampliación de la planta, lo que en efecto sucedió y le sirvió a la constructora para estar como finalista en la adjudicación del proyecto. Sin embargo, no logró obtener la obra, puesto que justo explotó el escándalo de corrupción a nivel internacional”, precisó la Fiscalía.
Surtida la imputación de cargos, justo dentro de ocho días (el martes 6 de noviembre) se definirá si el juez acoge la solicitud de la Fiscalía y envía a la cárcel a Granados. Será el espacio también para escuchar a la defensa del actual contralor. En caso de que el funcionario sea cobijado con medida de aseguramiento, la Contraloría Distrital quedaría provisionalmente sin cabeza y podría quedar como encargado el contralor auxiliar, Andrés Castro Franco.