A los delincuentes capturados en Chía los están procesando en Zipaquirá. La razón: el municipio localizado a menos de 20 minutos de Bogotá está hoy sin juzgados penales, debido a que la reestructuración de los despachos que ordenó el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) se hizo a medias, con resultados por ahora bastante negativos. Por eso, desde hace 20 días, una de las poblaciones más grandes del departamento (con casi 127.000 habitantes) no tiene dónde juzgar casos como hurtos u homicidios.
La situación genera preocupación entre las autoridades del municipio. El acuerdo convierte los juzgados promiscuos (que atendían todos los casos) en juzgados civiles, porque iban a entrar en funcionamiento dos juzgados penales. Sin embargo, a la fecha sólo se ha cumplido la primera parte de esa orden y, a pesar de que en el papel se establece la creación de los nuevos despachos, hoy no hay jueces en Chía para atender los procesos penales.
Aunque la reestructuración está vigente desde el pasado 29 de octubre, nadie sabe exactamente dónde ni cuándo empezarán a operar los nuevos despachos penales. Esto ha obligado a que los capturados por cualquier delito sean llevados a Zipaquirá para que enfrenten su proceso penal.
La complejidad de la situación la ilustra Alfonso Mancera, personero municipal, al explicar que en Chía se presentan en promedio 12 procesos penales diarios. “A este problema se añade el hecho de que en la resolución no se especifica cuánto tiempo durará el proceso de transición”.
Guillermo Varela, alcalde del municipio, también está preocupado por la congestión que la medida podría causar en los juzgados de Zipaquirá. “Si se requiere una audiencia y no hay disponibilidad allí, puede presentarse un vencimiento de términos, con lo que los delincuentes podrían quedar en libertad. Por eso necesitamos que nombren rápido a los nuevos jueces penales”.
La pregunta que muchos se hacen es quién estaría encargado de ese nombramiento. Según Liliana Mosquera, de la unidad de análisis y desarrollo del CSJ, el encargado de nombrar a los funcionarios sería el Tribunal Superior de Cundinamarca, pero éste estaría sujeto a la disponibilidad de presupuesto. Es decir, hace falta ver si hay plata disponible para empezar a pagarles los sueldos a los nuevos jueces y adecuar el espacio físico donde operarán. El dinero estaría disponible una vez se expidan los certificados de disponibilidad presupuestal, función que está en manos de la dirección ejecutiva de la judicatura, en cabeza de Celinea Oróstegui.
La directora ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura explicó que en este momento están vigentes dos acuerdos: el de los jueces permanentes y los de descongestión. Esto crea una “nómina paralela” que le costaría a la Nación $121.000 millones, monto que sobrepasa los $113.000 millones disponibles. Como no hay plata para pagar los sueldos de tantos funcionarios, Oróstegui asegura que no puede expedir los certificados. “Todo esto se solucionará el 1º de diciembre, cuando se venza el acuerdo de los jueces por descongestión y sólo haya que pagar una nómina”, asegura la funcionaria.
Pero, mientras eso sucede, los juzgados de Zipaquirá siguen congestionándose y aumenta el riesgo de que haya vencimiento de términos y los criminales vuelvan a las calles.
Para solucionar el problema, el Consejo Seccional de Cundinamarca le pidió al CSJ expedir una aclaración del acuerdo para que los jueces de Chía puedan seguir ejerciendo sus funciones como promiscuos hasta que empiecen a funcionar los juzgados penales. Sin embargo, Agustín Sánchez, presidente del Consejo Superior de la Judicatura le dijo a este diario que no emitirá la aclaración por considerarla innecesaria, debido a que en Boyacá, Meta y César sí han posesionado a los jueces permanentes, luego de pedirles la renuncia a los funcionarios de descongestión.
Mientras se aclaran estos desacuerdos, Chía seguirá sin sus juzgados penales, ya que sólo están vigentes en el papel.