“Cobraban por papeles que no servían para nada”: secretario de Planeación

Tras la captura de dos funcionarios de su secretaría, por posibles hechos de corrupción, Andrés Ortiz reflexiona sobre la importancia de ajustar las reglas, “ad portas” de la modificación del POT y castigar cualquier acto delictivo.

Redacción Bogotá
07 de julio de 2017 - 03:00 a. m.
Según Andrés Ortiz, secretario de Planeación, la investigación se adelantaba desde hace dos años. / Luis Ángel
Según Andrés Ortiz, secretario de Planeación, la investigación se adelantaba desde hace dos años. / Luis Ángel

Cuando el país no sale de la indignación por la captura de Luis Gustavo Moreno, jefe anticorrupción de la Fiscalía, quien estaría involucrado en un caso de soborno, y de Gustavo Villegas, secretario de seguridad de Medellín, quien, al parecer, tenía nexos con bandas criminales, otro caso toca la administración en Bogotá. Esta vez en la Secretaría de Planeación, donde capturaron a dos funcionarios porque, al parecer, cobraban coimas por emitir conceptos de usos de suelo. Andrés Ortiz, secretario de la entidad, cuenta que la investigación se adelantaba desde hace dos años y que los empleados tenían un buen cargo. Cree que la corrupción es el mal que más afecta a Colombia y que se puede combatir con normas claras y castigos severos. 

¿Quiénes son los detenidos?
Son dos funcionarios: un ingeniero, quien llevaba 30 años en la entidad, y un arquitecto, quien trabajaba hace 26. La Fiscalía y la Policía adelantaban esta investigación desde hace dos años. Ellos construyeron el caso hasta que los capturaron por posible corrupción; al parecer, por pedir dádivas a cambio de conceptos de uso de suelo. Ya están a orden de los jueces. 

¿Cómo se dieron cuenta?
Los detalles los tienen las autoridades. Nosotros sólo pasábamos la información que ellos nos solicitaban. Mantuvieron en reserva su expediente. Lo que sabemos es que inició por denuncias de terceros. Lo importante es que la denuncia se tomó en serio y se pidió ayuda de las autoridades, que actuaron y se pusieron en la tarea de seguirlos este tiempo. 

¿Cómo operaban?
Los usos del suelo sirven para que los establecimientos puedan funcionar en ciertas zonas de la ciudad. Usted sabe que, por ejemplo, no se puede poner un bar o una industria en una zona residencial. Ellos, al parecer, vendían esos conceptos para que los particulares tuvieran su permiso. Lo más curioso es que esos conceptos no sirven para nada, porque si un buen abogado o cualquier ente de control o de investigación revisa, se da cuenta que el único que avala esos usos del suelo es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Esos papeles que entregaban no servían para nada.

¿Cuánto cobraban?
Según la fiscal del caso, desde $4 millones, dependiendo de la trascendencia del trámite. Dicen que hasta $70 millones. Lo que se cree es que durante años ejercieron estas malas prácticas. Eso es gravísimo. Estamos comprometidos para que la Secretaría de Planeación sea un modelo de transparencia. Si no somos modelos, ¿qué podemos esperar de otros municipios más pequeños?

¿Hay más personas con procesos de este tipo?
La instrucción del alcalde ha sido identificar a los corruptos. El Distrito adelanta un trabajo, que la Secretaría General llamó “Cero tolerancia a la corrupción”. Nuestra tarea es estar vigilantes y diseñar modelos para no darles cabida. Por ejemplo, hicimos los pliegos modelos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y cambiamos la contratación en las alcaldías locales. 

¿Qué dicen los funcionarios de Planeación por lo ocurrido?
El ambiente está tenso. La gente estaba sorprendida y ahora hay expectativa por lo que va a pasar. Esto fue un mensaje para quienes actúan infringiendo la ley. Sin embargo, yo estoy convencido de que la gran mayoría de los empleados trabaja correctamente y quiere mucho a la institución. 

¿Por qué se presentan estos casos?
Creo que es un tema social y cultural muy complejo. Es un asunto netamente de avaricia y ambición. Eran empleados que ganaban bien en la entidad y que, de hecho, estaban clasificados como profesionales de grado 20 y 24 (el tope es 26). El país necesita un revolcón y ser más estricto con este tipo de delitos. Considero que, hoy, la corrupción es la enfermedad que más aqueja a Colombia. Está en todos los sectores. No sólo pasa con funcionarios, sino también en el sector privado. Para que haya corrupción se necesitan dos: el que pide dádivas y el que acepta el trato por debajo de la mesa. 

¿Cuál es la lección después de esto?
Debemos ser más claros con las normas. Eso tenemos que trabajarlo en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), porque las reglas no se pueden prestar para interpretaciones, pero, sobre todo, deben ser públicas. Bueno, también creo que se debe cultivar de nuevo la ética. Se nos olvidó que existe y que es tan importante como la ley. Finalmente, hay que seguir con las investigaciones. Los castigos ejemplares son la única herramienta para que los trabajadores comprendan que está mal tomar recursos que son de todos o usar las instituciones para engordar sus bolsillos. Hay que destapar y mostrar esos casos.

Por Redacción Bogotá

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