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Mientras avanza el proceso contra los sospechosos por el ataque en el centro comercial Andino, el choque entre las autoridades y los familiares de los detenidos mantiene su tono crítico. La Fiscalía insiste en que tiene pruebas para demostrar su responsabilidad, y así lo reiteró ayer durante la audiencia de imputación. Por su parte, los amigos de los procesados califican el caso como una acción apresurada para mostrar resultados. (Lea: Alegan fallas en capturas por ataque al Andino)
A puerta cerrada, la Fiscalía expuso ante la jueza 47 de control de garantías pruebas como panfletos, identificaciones falsas, sustancias para elaborar artefactos explosivos y teléfonos celulares que, al parecer, estaban en poder de los imputados, para demostrar que los sospechosos participaron en atentados perpetrados desde 2015 que se le atribuyen al denominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp).
“A la sala sólo ingresaron los sujetos procesales y a todos, sin excepción, la jueza los obligó a apagar sus teléfonos”, dijo una persona cercana al caso. Entretanto, de puertas para afuera, los familiares de los detenidos insistieron en que las capturas “no tenían fundamento” y criticaron el hermetismo con que se han desarrollado las diligencias.
La línea de investigación
De acuerdo con los detectives, las líneas de investigación están basadas en hechos que datan de hace dos años y en los que se destaca la instalación de artefactos explosivos en blancos concretos, como inmuebles que se ofrecían en arriendo, sedes de EPS, entidades bancarias y hasta instituciones públicas, como la DIAN. Cada ataque estaba precedido por la lluvia de panfletos del Mrp, con mensajes como “La reforma tributaria es hambre para los pobres” o “La paz de los ricos no es la paz del pueblo”.
Incluso, en otra investigación, que se adelanta desde el año pasado en contra de una persona señalada de integrar este movimiento, reposan los nombres de cuatro de los hoy capturados. Dicho proceso está ad portas de iniciar el juicio, lo que demuestra que las autoridades tenían a esas personas en la mira desde hace tiempo.
Sin embargo, para los familiares y amigos de los procesados hay muchas dudas. “Si tenían sus nombres desde hace tiempo, ¿por qué hasta ahora los capturan? ¿Por qué no evitaron que sucediera lo de Andino? ¿Dónde están los videos de seguridad del centro comercial?”, asegura un compañero de estudio de una imputada. A esas preguntas sumaron otras inquietudes: ¿por qué tras el atentado no se reveló la existencia de panfletos del Mrp, como parecía ser su modus operandi? Indican asimismo que los atentados ocurridos en los últimos años no necesariamente los vinculan con el Mrp ni con esos hechos. “En juicio, las autoridades tendrán que demostrar que esto no es un falso positivo judicial”.
Casos similares
La controversia que hoy se vive alrededor de la captura de los nueve supuestos miembros del Mrp trae a la memoria un caso reciente, que guarda similitudes: tras una seguidilla de explosiones, en las que dejaron banderas y panfletos de un grupo ilegal, las investigaciones terminaron con la captura masiva de estudiantes y contratistas del Distrito. Se trata de la detención realizada en julio de 2015 de 13 personas señaladas de pertenecer al Eln, que sería responsable de algunas explosiones ocurridas entre 2014 y 2015. A pesar de que la Fiscalía también dice tener sólidas evidencias en su contra, todos están libres por vencimiento de términos, al no haber podido llegar a la audiencia de juicio oral.
Este caso se remonta a 2014, cuando la ciudad fue blanco de varios atentados con explosivos. Según la Fiscalía, la investigación tomó forma el 29 de julio de 2014, cuando encontraron en inmediaciones del puente de Guadua, en la salida de Bogotá a Medellín, un artefacto explosivo con una bandera del Eln. Allí había un teléfono celular. Al analizar la información, el cruce de llamadas y contactos, se estableció una correlación entre los abonados usados en esta acción criminal y otras explosiones que ocurrieron ese mismo día en la ciudad, en las que hallaron banderas del Eln y panfletos.
A partir de los cruces que realizaron con la información del celular incautado, los investigadores hicieron interceptaciones que sirvieron para identificar a los primeros sospechosos y conocer parte de sus planes, como el día que se citaron en una casa del barrio Claret para fabricar papas bombas y coordinar nuevas acciones el 20 de mayo de 2015, cuando 100 encapuchados bloquearon la carrera 30, al frente de la Universidad Nacional, y atacaron a los agentes del Esmad con los explosivos improvisados. Ese día, nueve policías resultaron heridos.
En julio de 2015, justo una semana después de dos explosiones en sedes de Porvenir, las autoridades anunciaron sus capturas. La más representativa era la abogada Paola Salgado, reconocida por su trabajo como defensora de derechos humanos, lo que sirvió para que familiares y amigos cuestionaran la operación.
Durante la acusación, la Fiscalía reveló que en “los allanamientos se hallaron elementos como propaganda del Eln; panfletos del grupo revolucionario estudiantil Unión Camilista Mentes Libertarias, donde se atribuyen las acciones violentas registradas el 20 de mayo de 2015 en la U. Nacional; residuos de pólvora, así como pasamontañas y un overol similar a los que portaron ese día los integrantes del grupo Llamarada Unión Camilista Revolucionaria”.
Con estas evidencias, la Fiscalía les imputó cargos el 9 de julio de 2015 y cuatro meses después los acusó de manera formal ante un juez de conocimiento. A pesar de la celeridad inicial, el proceso se estancó y hoy todos esperan en libertad la audiencia previa al juicio, que será en agosto.
Lo que han vivido los 13 señalados de tener vínculos con el Eln podría repetirse con los procesados a los que hoy se atribuye responsabilidad en el ataque al centro comercial Andino, pues, a pesar de la seguridad con la que han hablado las autoridades respecto al rigor de su trabajo, aún hay muchas dudas, que crecen debido al hermetismo con el que se han manejado las audiencias preliminares.
Las autoridades tienen el desafío de demostrar la solidez de su investigación y que estas capturas van más allá del interés de ofrecer resultados inmediatos. Por ahora, mientras los familiares de los involucrados siguen cuestionando el proceso, la Fiscalía trabaja en convencer a los jueces de que todos los señalados son los responsables. La decisión estará en manos de los jueces. Por lo pronto, hoy se conocería si la juez de garantías dicta medida de aseguramiento o deja en libertad a los sospechosos de los últimos atentados en Bogotá.