En Concejo de Bogotá aplauden decisión de Procuraduría contra Petro por modificación del POT

Insisten en que el alcalde no podía expedirlo por decreto porque el Cabildo ya había votado de forma negativa.

Redacción Bogotá
11 de agosto de 2015 - 02:20 p. m.
Archivo El Espectador
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Este lunes se conoció que la Procuraduría General le formuló pliego de cargos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, por el posible desacato de normas constitucionales, legales y reglamentarias en la expedición de decreto 364 del 26 de agosto de 2014 por medio del cual se modificaron las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Las reacciones desde el Concejo de Bogotá no se hicieron esperar. En el Cabildo aplaudieron la decisión del Ministerio Público. El concejal Javier Palacio asegura que la Procuraduría le dio la razón frente a la “extralimitación de funciones” por parte del alcalde Petro.

“La decisión tomada por el procurador General de elevar pliego de cargos al alcalde Gustavo Petro, por expedir por decreto la modificación al POT, nos da la razón frente a las denuncias que hicimos en su momento en el sentido que no podía hacerlo ya que el Concejo lo había estudiado, discutido y votado de forma negativa por encontrar vicios e irregularidades, al pretender modificar decretos de mediano y largo plazo en temas ambientales y de gestión del riesgo que no se podían modificar hasta 2020”, dijo Palacio.

El cabildante agregó que “fiel a su estilo el alcalde siguió adelante, se pasó la ley por la faja y expidió el POT, que hoy no solo está suspendido por el Consejo de Estado desde el pasado 2 de abril de 2014, sino que ahora lo hace sujeto de una investigación disciplinaria por parte del a Procuraduría”.

La posible falta disciplinaria fue calificada por la Procuraduría provisionalmente como grave, cometida a título de dolo, pues el mandatario habría desconocido la normatividad pese a tener conocimiento de ella y a ser advertido reiteradamente por el Concejo de Bogotá.

Según la investigación disciplinaria el mandatario distrital adoptó de manera excepcional dicho decreto pese a que el Concejo Distrital, en sesión ordinaria del 7 de junio de 2013, aprobó la ponencia negativa del proyecto de acuerdo. Por este caso el Consejo de Estado dictó medidas cautelares por esta expedición y le ordenó a un juez administrativo resolver este proceso.

Según el expediente, con este acto el alcalde de Bogotá habría hecho caso omiso a la normatividad que otorga en los concejos municipales y distritales la competencia para la reglamentación del uso del suelo, optando por proferir un acto administrativo que no resultaba procedente.

El Ministerio Público advirtió sobre la medida cautelar de suspensión provisional ordenada por la Sección Primera del Consejo de Estado el 27 de marzo de 2014 al Decreto 364 del 26 de agosto de 2013, resaltando que el alto tribunal precisó que “el alcalde mayor de Bogotá, al expedir el acto administrativo acusado, se arrogó una facultad de la cual carecía”.

En diciembre de 2013 la Procuraduría General sancionó con destitución e inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos al mandatario distrital por las irregularidades en la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseso en Bogotá.
 

Por Redacción Bogotá

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