Desde el Cabildo Distrital celebraron el reciente fallo de la Corte Constitucional que señala que ni los alcaldes, ni ninguna autoridad municipal, pueden prohibir las corridas de toros en las llamadas Plazas permanentes, como La Santamaría, ubicada en el centro de Bogotá, y la de Manizales, entre las más representativas. Según la Corte eso está establecido en la ley, por lo que ni un alcalde distrital o municipal puede tomar esa decisión, puesto que no pueden estar por encima de la legislación.
"Celebro que la Corte mantenga el espíritu natural de la Plaza de Toros La Santamaría”, dijo la concejal del partido Liberal, María Victoria Vargas.
La cabildante aseguró que desde enero le manifestó al alcalde Gustavo Petro que la Plaza era de primera categoría y permanente y no le era viable tomar tal decisión.
“Le sugiero al alcalde que antes de tomar cualquier decisión consulte y aplique las leyes para que no tenga que retractarse como ahora le corresponde. El reglamento Nacional Taurino debe cumplirse porque está conforme a la ley", agregó Vargas.
La concejal puntualizó en que la Alcaldía de Bogotá tiene que ajustarse a la ley y cumplir con mandatos de orden legal y subrayó que "la pelea está empezando”.
Al respecto, el director del Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD), Elemir Pinto, aclaró que pese al reciente fallo de la Corte Constitucional , en Bogotá no se destinarán los bienes públicos para el maltrato de animales, toda vez que así está contemplado en el Plan de Desarrollo del gobierno del alcalde Gustavo Petro.
“No conocemos el fallo completo, sólo hemos leído lo publicado en los medios y sobre eso tenemos tres precisiones. No hace referencia al caso específico de la Plaza de Toros La Santamaría, bien público de los bogotanos. Vemos que nos es retroactivo y, además, se hace alusión allí sobre un contrato, pero en Bogotá no hay contrato firmado con organización alguna que promueva las corridas de toros”.
También recordó que hoy en día para poderse llevar a cabo la celebración de eventos taurinos en Bogotá es necesario la existencia de un contrato y que la firma del mismo es evaluado minuciosamente por el operador público, en este caso el Distrito, e insistió: “En Bogotá los bienes públicos no pueden destinarse al maltrato de animales y la Ley no nos obliga a celebrar ese tipo de contratos”.