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El secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que el consumo de licor es un “problema de salud y seguridad pública”. Lo dijo mientras defendía el “éxito” y la permanencia del decreto que regula, en siete localidades, los horarios de expendio de alcohol en tiendas y de servicio en establecimientos nocturnos. Con esa declaración, el debate sobre el decreto ya no está solamente enfrentando a la administración con el gremio de tenderos, industriales y propietarios de “rumbeaderos”. Ahora también surge la polémica sobre por qué la alcaldía de Gustavo Petro sostiene que el consumo de una sustancia lícita es un problema de seguridad.
La tesis con la que el Distrito impuso el límite de las 9:00 p.m. en el horario de apertura de los establecimientos que comercian licores es que la ingesta de alcohol está ligada al incremento en las estadísticas de riñas y actos de violencia. “Durante la aplicación del decreto (una semana) hemos conseguido un menor número de los homicidios en las siete localidades donde se está aplicando la medida. Se han registrado ocho muertos menos y se redujeron de 76 a 23 las lesiones personales, es decir, hubo una disminución del 53%”, aseguró Jaramillo. En otras palabras, el objetivo que tenía el decreto se cumplió.
No obstante, la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) cree que “la herramienta de la prohibición va a generar que la violencia asociada al consumo de licor se traslade a lugares informales e ilegales, lo cual va en detrimento de aquellos empresarios y comerciantes que le apuestan a la formalidad”. También teme que genere un aumento de la oferta de alimentos y bebidas sin los debidos estándares de calidad, seguridad y vigilancia que ejerce el Estado: “Consideramos que esta medida podría incentivar la venta de productos falsificados, vencidos o sin las autorizaciones debidas de autoridades como el Invima”.
El debate, si bien tiene que ver con la afectación de la economía formal, de la generación de empleo y las regulaciones sobre este tipo de establecimientos, alberga tintes filosóficos. Particularmente porque afirmar que el consumo de licor es “un problema de seguridad” puede ser contradictorio con lo que, hasta ahora, se ha definido como el espíritu progresista de la administración distrital.
La afirmación ha puesto como pocas a la oposición más profunda del alcalde Petro a coincidir con el gobierno de la ciudad. “Sin duda alguna el alcohol es un detonante que atenta contra la seguridad. Cambia el comportamiento de las personas haciéndolas irresponsables, agresivas, perdiendo la dimensión del peligro al conducir, así como en todas sus labores cotidianas. Considero que la restricción debe ampliarse a todas las localidades”, dice Marco Fidel Ramírez, quien se ha autodenominado “el concejal de la familia”.
“Me niego a creer que ése es el enfoque que tiene Jaramillo. Creo que la afirmación fue descontextualizada. Un gobierno progresista no puede asumir que el consumo por sí solo es un asunto de seguridad. Las violencias, si bien pueden estar asociadas a episodios de consumo, se desarrollan en contextos sociales, económicos y culturales, que son los que deben ser intervenidos para mejorar la convivencia entre los ciudadanos”, dice Roberto Sáenz, un concejal que ha respaldado los derechos de los consumidores de sustancias lícitas e ilícitas como “defensa de los derechos fundamentales”.
Y es que la afirmación también generó debate a través de las redes sociales. Algunos ciudadanos les recordaron a los Progresistas que ellos habían sido defensores de la despenalización de la dosis mínima, que han respaldado la defensa de los derechos de los consumidores de drogas y que, si consideran que el consumidor no es un delincuente, no pueden achacarle esa categoría a los usuarios de una sustancia lícita como el alcohol.
Incluso les recordaron uno de los mejores extractos de la sentencia que lideró Carlos Gaviria en 1994 para despenalizar el consumo: “No puede, pues, un Estado respetuoso de la dignidad humana, de la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad, escamotear su obligación irrenunciable de educar, y sustituir a ella la represión como forma de controlar el consumo de sustancias que se juzgan nocivas para la persona individualmente considerada y, eventualmente, para la comunidad a la que necesariamente se halla integrada”.
Aunque, en ese sentido, Jaramillo dijo que “vamos a tener que adelantar una gran campaña educativa para que las nuevas generaciones no vivan lo que estamos pasando. Tenemos que actuar para que la gente comprenda que necesitamos unas generaciones mucho más educadas, con mejor bienestar, y evitar consumir sus penas a través del licor”.
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@CamiloSeguraA