¿Condenado por rumores?

Un lunar en su mejilla derecha. Ese es el único detalle en todo el expediente que coincide con la descripción física del asesino y la de Eduardo Collazos. De resto, nadie lo señaló directamente; el único testigo (quien murió) no lo reconoció, y los que lo mencionaron como responsable, dicen que fue por comentarios de terceros. A pesar de esto, Collazos paga en La Picota 35 años de prisión por un crimen que jura no haber cometido. Detrás de su historia hay una serie de denuncias contra el fiscal y el detective del caso. Sus familiares hablan de posibles presiones a los testigos; de falsedad en documento, al haber consignado información falsa en los formatos de declaraciones, y de fraude, al no haber citado a los testigos para decirle al juez que no fueron por estar amenazados.

Por eso, el único testimonio que se escuchó en juicio fue el de un investigador, quien dijo que Eduardo era el asesino. Aunque en primera instancia lo absolvieron, porque esa versión era insuficiente, la Fiscalía apeló y convenció al Tribunal. Pese a las declaraciones juradas ante notario que le enviaron los testigos a la justicia para advertir sobre las irregularidades, la condena contra Collazos quedó en firme, cuando la Corte rechazó la casación por problemas de forma.

La historia comenzó en la madrugada del 10 de abril de 2005, en una esquina del barrio Barcelona, de San Cristóbal. A las 5:15 de la mañana se escuchó una discusión y luego un disparo. Allí murió Yáder Alexis Contreras, de 20 años. El únicos testigo fue el celador del barrio (que ya murió), Héctor Mauricio Ramírez Polanco. Al sitio llegó la policía e inició la investigación. Entrevistaron al vigilante, quien dijo que antes del homicidio vio a tres personas: a Yáder, a un joven apodado el Pollo y al asesino, un sujeto que nunca había visto, pero que según los familiares de la víctima se llama Eduardo Collazos.

“Vi cuando Yáder le brindó un trago a Eduardo y a él no le gustó, por lo que sacó un revólver y le pegó un tiro. Salí corriendo a llamar a la policía”. Describió al asesino como un joven delgado, trigueño, de 1,85 metros (Eduardo mide 1,70), ojos oscuros, nariz alargada, boca mediana y como señal particular, un lunar en la mejilla. En ampliación de versión aclaró que una vecina le había dicho que al que vio realmente se llamaba Johnny Collazos (hermano de Eduardo).

El investigador principal también entrevistó a Leidy Johana Gómez Boada, vecina que a pesar de no haber visto el crimen (porque su casa no tenía ventana a la calle), dijo que escuchó la discusión y que reconoció la voz de Eduardo. “Los hijos de los dueños de la casa estaban tomando. A las 5:00 a.m. escuché a Yáder. Escuché a uno de los hijos de la dueña, llamado Eduardo, quien le dijo algo a Yáder, luego se escuchó un disparo... A Eduardo lo identifiqué por su voz. Además, lo llamaron por su nombre. Mi mamá los había visto. No reconocí ninguna otra voz. Nunca tuve ningún trato con él. Sé que el hermano de Eduardo se llama Johnny”.

Según una carta que los familiares de Eduardo le enviaron al director de la Policía, la investigación quedó estancada unos meses porque no había evidencia contra el procesado. Sin embargo, meses después la reactivaron cuando el investigador citó al celador y a Johana a la casa de la madre de la víctima. Les dijo que no era una entrevista formal, sino una charla. Allí también estuvo la madre de Johana. Al final, dice el documento, el detective les hizo firmar unos formatos sin darles tiempo de leer.

Aunque el uniformado les dijo que debían presentarse para hablar con el fiscal, solo lo hicieron el día que se fijó la audiencia de imputación. Allí les hicieron leer lo que había escrito el detective, a lo que el celador y Johana le dijeron al fiscal que eso no era lo que ellos habían relatado. “El funcionario les pidió que sostuvieran la versión, ya que de no hacerlo, podrían estar cometiendo falsa denuncia. Ellos se negaron”, dice el documento.

A pesar de que los testigos estaban en la oficina del fiscal, la denuncia cuenta que no los llevaron a la audiencia, porque la habían aplazado. A ellos les dijeron que fue porque el juez se había enfermado. “La realidad fue que el fiscal pidió aplazarla, argumentando que los testigos no se habían presentado porque los habían amenazado. Varias veces el investigador habló con los testigos para ver si habían cambiado de parecer, y como se negaron, la Fiscalía no los citó al juicio”, agrega el oficio.

Sin ninguno de los testigos, la Fiscalía acusó en 2007 a Eduardo por homicidio y porte de armas. A mediados de 2008 se inició el juicio. Como pruebas, el ente acusador presentó un certificado de que el procesado no tenía permiso para portar armas (para justificar el porte ilegal); llevó a la madre de la víctima y puso a declarar al detective para que relatara su versión de los que supuestamente habían dicho los testigos. La justificación para que declarara al detective fue que el celador (testigo presencial) había muerto en mayo de 2008 y que a Johana no la habían podido ubicar.

La madre de la víctima dijo en juicio que el celador y la madre de Johana le contaron que Eduardo fue el que disparó. Además, que un hermano del procesado la había visitado para buscar una “salida a ese problema”. Por su parte, el investigador dio su versión. La Fiscalía pidió condena, al considerar que estas declaraciones, sumadas a que Eduardo había huido y que a una testigo la habían amenazado, eran suficientes para sentenciar. A pesar de esto, en octubre de 2010 el juez absolvió al procesado.

Sin embargo, la Fiscalía apeló el fallo ante el Tribunal. Los magistrados le dieron la razón al ente acusador y condenaron basados en que la descripción que dio el celador se ajustaba a la de Eduardo (al ser delgado y tener un lunar en la cara); que Lady estaba amenazada, y basados en el testimonio de la madre de la víctima. Con este análisis, le impusieron 35 años de prisión.

Tras la condena, la defensa de Eduardo presentó varios documentos en los que los propios testigos aclaraban sus versiones y desmentían las de la Fiscalía. Una de ellas fue una declaración jurada y autenticada que hizo el celador Ramírez Polanco en enero de 2008, en la que dijo que fue la mamá del difunto la que le dijo que Eduardo era el asesino, porque una inquilina se lo había dicho. “Después, cuando vi las fotos que me mostraron de Eduardo, supe que él no fue el que disparó”.

De paso hizo una denuncia: “Tres veces me mostraron fotos. Cinco meses después del homicidio. El investigador fue a mi casa y como no reconocí al que había disparado, me insistió que el día que fuera a la Fiscalía tenía que señalar la foto de Collazos”. Según Ramírez Polanco, este episodio se repitió otras dos veces. También aportó la declaración de la madre de la víctima, del 10 de octubre de 2011, que señalaba que todo lo dijo por dolor de madre y basada en lo dicho por el celador, pero que ella no estuvo en el lugar de los hechos. Pidió a la Corte tener en cuenta su retractación para no condenar a un inocente.

Según la denuncia de los parientes del sentenciado, Lady Johana Gómez siempre estuvo dispuesta a dar su versión, pero nunca la citaron a juicio. Incluso, que ella está dispuesta a declarar ante la justicia y que no los quisieron llevar al juicio porque tanto el celador como ella le habían dicho al fiscal que no iban a decir mentiras ante un juez.

A pesar de las retractaciones, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde rechazaron la demanda de casación por problemas de forma. Hoy Eduardo Collazos Quiroga paga una condena a 35 años de prisión y desde allí insiste en que es inocente. “Hay una persona inocente purgando una condena de 415 meses , que sufrió una lesión en la columna”, dice la denuncia. Hoy esperan que el proceso ante la justicia penal militar les brinde una herramienta para seguir haciendo lo posible para que Eduardo recupere su libertad.

 * jamarin@elespectador.com / @alexmarin55