Confianza de los bogotanos en la Policía es la más baja en 10 años

Así lo revela la Encuesta Decenal de Cultura Ciudadana que señala que está en un 33%.

El 7 de febrero de 2012 los policías Carlos Danilo Posada y Carlos Augusto Díaz, luego de evacuar a un grupo de indigentes que dormían bajo un puente cerca del río Salitre, en el occidente de Bogotá, rociaron gasolina y prendieron fuego al cambuche donde aún se encontraba Wílmer Bernal, un adolescente de 15 años que se había resistido a las órdenes de los uniformados. El muchacho murió días más tarde, con quemaduras de tercer grado en buena parte de su cuerpo. Meses después, los dos agentes serían condenados a cuatro años de prisión, por cuenta de lo que entonces la Fiscalía llamó un “vil y execrable” procedimiento.

Año y medio después un nuevo caso de “estupidez homicida”, como lo catalogó el columnista Francisco Gutiérrez Sanín, ha ocupado buena parte de las franjas de todos los medios de comunicación. Gracias a un video captado por una cámara de la Policía Metropolitana, los colombianos pudieron ser testigos de primer orden de cómo un alférez de la Policía, en presencia de un teniente y una patrullera, rociaba gas pimienta debajo de la puerta cerrada de un bar ilegal en el sur de Bogotá, provocando la angustiosa estampida de 200 personas y la muerte de seis de ellos (cinco eran mujeres).

El doloroso caso reveló múltiples fracasos. El de la Alcaldía Mayor y su Secretaría de Gobierno, incapaces de regular y poner en cintura los miles de establecimientos nocturnos ilegales que existen en Bogotá. El de la alcaldía local, que una y otra vez permitió la reapertura de un amanecedero que incumplía horarios de funcionamiento y normas mínimas de seguridad. El de su dueña, que sin ningún remordimiento admitió sus faltas recurrentes. Y la de todos aquellos que esa noche, con su presencia en el Night Club, justificaban su existencia.

Pero de todos los fracasos el más grande de todos pareciera ser el de la Policía Metropolitana de Bogotá. No sólo porque el irregular operativo pudo haber causado la estampida donde murieron golpeados, aplastados y asfixiados Lady Muñoz, Gladys Torres, Ana Rada, Andrea Pinzón, Andrés Camilo Rincón y Nelly Rincón, sino porque la dimensión de la tragedia produjo en muchos la sensación de que los procedimientos de la autoridad civil tocaron fondo.

El escándalo del Night Club se produce en un momento paradójico. Tres años después de la puesta en marcha del Plan Cuadrantes, la ciudad alcanzó en 2013 mínimos históricos en sus tasas de homicidio (16,7 por cada 100.000 habitantes) y hasta hace poco la política de seguridad del Distrito recibía elogios nacionales e internacionales, hasta el punto que el alcalde Gustavo Petro viajó en marzo a la sede de la Organización de las Naciones Unidas a compartir las estrategias empleadas en la ciudad.

Sin embargo, durante este mismo periodo, los bogotanos han sido testigos de numerosos escándalos que involucran a la institución. El asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra, presuntamente a manos del agente Wílmer Alarcón, acusado de alterar la escena del homicidio con posible complicidad de altos mandos que hoy están en manos de la justicia; la violenta golpiza propinada a un joven dentro de un Centro de Atención Inmediata (CAI) en mayo pasado, y las denuncias de un grupo de jóvenes en un centro cultural de La Candelaria, que habría terminado en la detención arbitraria de uno de ellos y la utilización sistemática de electrochoques, como denunció la víctima a través de este diario.

Esto sin contar con la colección de casos reseñados durante las manifestaciones de respaldo al paro agrario y los disturbios que se produjeron durante esos días. Y también casos misteriosos como la muerte del patrullero Jairo Díaz, inicialmente declarada accidental y hoy investigada por la Fiscalía, que pondera las declaraciones de un miembro de la banda Los Pascuales, según las cuales el agente murió asesinado por un caso de microtráfico, con complicidad de miembros de la institución.

El costo del escándalo

En medio de tantos y tan sonados episodios no resulta sorprendente que, pese a los buenos indicadores en materia de resultados, los ciudadanos estén perdiendo rápidamente la confianza en la institución y que, incluso, se sientan viviendo en una ciudad más insegura.

La cifra más contundente en esta materia está próxima a ser revelada. Este miércoles la Corporación Visionarios, organización fundada por el exalcalde Antanas Mockus, divulgará su tradicional Encuesta de Cultura Ciudadana. En esta ocasión ésta realizará un análisis decenal de cómo va la ciudad, y es justamente en esta perspectiva que se vislumbra la difícil situación en la que se encuentra la Policía.

Según los resultados de la encuesta, en los últimos cinco años la confianza de los bogotanos en la Policía se redujo en un 9%, alcanzando mínimos sin precedentes. En 2008, el porcentaje de personas encuestadas que confiaban mucho o muchísimo en la Mebog era de 42,5%; cinco años después este porcentaje cayó a 33,6%. La cifra es aún más diciente si se analizan los últimos diez años. Según Henry Murraín, director de proyectos de Corpovisionarios, en 2003, durante la segunda administración Mockus, la confianza en la institución estaba en el 55%, más de 20 puntos porcentuales de la situación actual.

Los indicadores de percepción de seguridad tampoco son los mejores en estos últimos años. De acuerdo con un estudio interno realizado por la administración distrital, a julio de este año sólo 1 de cada 10 bogotanos se sentían seguros en la calle, y la principal razón que esgrime el 36,7% de los encuestados es la falta de policías o malos policías.

Por su parte, el índice de victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, que mide el porcentaje de ciudadanos que han sido víctimas directas o indirectas de un delito, se incrementó en 11 puntos porcentuales entre 2011 y 2012, pasando de 20 a 31%.

Todo lo anterior se da en medio de otra tendencia paradójica: los bogotanos cada vez denuncian menos los delitos de los que son víctimas ante las autoridades, pero están incrementando en cambio sus quejas sobre la Policía. Según datos de la Policía Metropolitana, durante 2012 se radicaron 686 quejas y 25 felicitaciones, mientras que en lo que va corrido del año las quejas ascienden a 844 (34 felicitaciones). Un 60% de estas denuncias se descartan, porque el quejoso no adjuntó material probatorio suficiente.

El teniente coronel William Castro, inspector delegado para la Mebog en la Policía Nacional y encargado de sancionar disciplinariamente a los miembros de la institución, asegura que en 2013 su despacho ha abierto 321 procesos. De ellos, 98 terminaron en destitución del policía involucrado, 106 fueron suspendidos, 117 multados y 39 absueltos. Además, 122 casos fueron archivados de manera definitiva.

Diagnóstico reservado

La tragedia del amanecedero evidenció la serie de graves y profundas dificultades que hoy afronta la ciudad para mantener la seguridad y la convivencia y, a su vez, garantizar que la Policía no se extralimite brutalmente en el ejercicio de sus funciones.

El primero tiene que ver con un enfoque orientado primariamente a los resultados, sin que exista el mismo énfasis en materia de educación y formación integral, especialmente en derechos humanos. “El general Luis Eduardo Martínez (comandante de la Policía) los tiene tan presionados por resultados, que los policías hacen lo que sea por mostrarlos”, asegura Ariel Ávila, investigador de la Corporación Arco Iris y asesor de Gustavo Petro durante su campaña a la Alcaldía.

Segundo, el Night Club dejó ver, una vez más, los desencuentros existentes entre la poder civil y la Policía, hasta el punto que para observadores como Ávila lo que ocurre entre Martínez y Petro es un “diálogo entre alcaldes”, antes que un ejercicio de autoridad del alcalde sobre su comandante.

En el Palacio Liévano, sin embargo, aseguran que el asunto es aún más complejo. “Aquí llega el general Martínez a un comité de seguridad y hay un diálogo fluido. El problema está enquistado en los mandos medios de la Policía. Muchos creen que las mafias son los dueños de los territorios, pero la verdad es que son los tenientes, los subtenientes y los cabos en las estaciones locales los que son dueños de los territorios, muchas veces en alianza con mafias pequeñas, medianas y grandes”, asegura una fuente de la administración que pidió no ser citada.

Esto da paso a un tercer gran problema, aseguran tanto en la Secretaría de Gobierno como en la misma Policía: los alcaldes locales tampoco están ejerciendo poder sobre los comandantes locales. Y todo esto, junto con una cultura de la trampa y la informalidad que parece innata al corazón colombiano, ha vuelto inmanejable los incontables e innombrables casos de corrupción en las localidades.

Tanto el personero distrital, Ricardo Cañón, como Murraín, en Corpovisionarios, aseguran que la responsabilidad no puede recaer totalmente sobre la Mebog, que es un cuerpo de 22 mil uniformados que realizan a diario cientos de operativos. “Un error no puede opacar la gestión de la mayoría de policías que a diario hacen una buena gestión”, dice Cañón. Ambos aseguran que todos los bogotanos deberían hacer una reflexión sobre su capacidad de “pensar en el otro” y, por más escolar que suene, cumplir con los deberes mientras se exigen derechos. 

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