Confirman destitución de alcalde de El Rosal por pedir dinero para dejar construir

Hugo Arévalo, alcalde de El Rosal (Cundinamarca). / Cristian Garavito

En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 18 años del alcalde del municipio de El Rosal (Cundinamarca), Hugo Orlando Arévalo, sindicado de haber solicitado dinero a constructores de la población a cambio de no truncar proyectos urbanísticos.

La decisión, que cobija también a cinco concejales, se conoce justo en momentos en los que el mandatario –ya no en el plano disciplinario, sino en el penal– enfrenta la posibilidad de ser enviado preventivamente a prisión en desarrollo de una investigación asumida por la Fiscalía por los mismos hechos. Por estos hechos, el alcalde se declaró inocente y negó haber pedido dádivas.

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Según la investigación de la Procuraduría, el mandatario y los cinco concejales solicitaron millonarias dádivas a tres ciudadanos que pretendían realizar proyectos urbanísticos tras la expedición de un nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), ordenado por el Concejo, que convirtió 136 hectáreas agrícolas en suelo de expansión. Actualmente, la cabecera municipal ocupa 54 hectáreas y cuenta con 164 para urbanizar.

“Los disciplinados se negaron a asistir a la Fiscalía para que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizara un cotejo de audio e imagen del video donde aparecen registrados exigiendo el dinero. En las imágenes se ve el ingreso de los concejales a la casa del afectado y en el audio se escucha que piden $1.200 millones para no atacar jurídicamente el plan de ordenamiento. En un aparte de la grabación se escucha: ‘Eso fue lo que se acordó al comienzo (…) estamos claros sobre eso’”.

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La decisión afecta a los concejales Henry Bohórquez Fierro (Partido Liberal), Hernando Clavijo, Luz Adriana Sabogal Rodríguez (ambos de Centro Democrático), Jairo Hernán Pardo (la U) y Milton Mauricio Chacón (Alianza Verde), quienes fueron destituidos e inhabilitados por el término de 14 años.

En línea con la tesis de la Fiscalía, la Procuraduría sostuvo que tanto el mandatario como los concejales incurrieron en el delito de concusión, es decir, cuando un servidor público, “abusando de su cargo o de sus funciones, constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos”.

Para el ente de control, las faltas fueron calificadas como gravísimas a título de dolo, por cuanto el alcalde y los cabildantes conocían la ilegalidad de su conducta. “Para el Ministerio Público someter a la ciudadanía para obtener un beneficio atenta contra la moralidad pública, lo que constituye una de las formas de corrupción”, precisó la Procuraduría.

El pleito

Antes de explicar el caso, algunos datos: El Rosal tiene 4.000 viviendas, 17.000 habitantes y está a escasos 20 kilómetros de Bogotá, a orillas de una de las principales vías de acceso a la capital: la autopista Medellín. Hoy el casco urbano ocupa 82 hectáreas, de las cuales 28 están por urbanizar. Los planes de desarrollo urbano hacia el occidente de Bogotá, como ampliar la calle 80, llevar troncales de Transmilenio hasta los límites de la ciudad, el tren de cercanías o el aeropuerto El Dorado II, hacen de ella una zona de gran interés por habilitar suelo para urbanizar.

El 28 de diciembre de 2015, a dos días de terminar su período, el Concejo, presidido por Fernando Sánchez Hidalgo, y el alcalde Luis Jaime Forero Salgado aprobaron el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), que convirtieron 136 hectáreas agrícolas en suelo de expansión. 

Tras la elección de Hugo Arévalo llegaron algunos propietarios de esos predios a tramitar los permisos para sus proyectos. Sin embargo, dicen los denunciantes, Arévalo empezó a hacer exigencias para dejar construir. A unos les pidió una casa por cada hectárea a urbanizar; a otro, el 10 % del terreno en el que se levantara el proyecto de vivienda, y al último, una cuantiosa suma de dinero.

A pesar de esta denuncia, que iba acompañada de documentos y grabaciones, la defensa del alcalde Arévalo se concentró desde el principio en decir que el EOT estuvo mal diseñado, que fue exagerado habilitar tantas hectáreas para expansión y que la población no estaba en capacidad de garantizar el suministro de agua a las nuevas construcciones.

Tras escuchar a las partes, el Ministerio Público dio por ciertas las denuncias de los propietarios y concluyó que Arévalo Pulido y los cinco concejales vulneraron los principios y normas que rigen la conducta del servidor público al hacer uso de su cargo para obtener beneficios personales con acuerdos monetarios hechos con tres personas diferentes con el fin de no cambiar el uso del suelo de varios predios donde ellos pretendían adelantar proyectos de vivienda.

Mientras los denunciantes celebran, porque sienten que en este caso se hizo justicia, para Arévalo la sanción es injusta. “La Procuradora falló sin tener en cuenta más de 20 testimonios que desmintieron las denuncias. En este proceso se nota la sevicia y la forma como se ha manipulado todo. Uno de los quejosos contó cómo el Procurador, en un coctel, dio la orden de investigarme y le asignó el proceso a un funcionario que es pariente de los que me denunciaron”.

Y agrega: “Me sancionan, beneficiando a unas personas que se están lucrando con unos suelos que antes valían $10.000 millones y ahora cuestan $80.000 millones. Fue una consultoría la que señaló que la expansión autorizada por la pasada administración era innecesaria. Mi deber era ajustarla. No tengo otro camino que apelar”.

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