Consejo de Estado revoca fallo que reconoció discriminación a Sergio Urrego

La madre del menor pedirá la revisión de la decisión ante la Corte Constitucional, porque envía un pésimo mensaje a las víctimas de discriminación y violencia en los colegios. Convocan plantón para el próximo miércoles.

Natalia Herrera Durán
28 de noviembre de 2014 - 07:19 p. m.
Momento del grado póstumo de Sergio Urrego.
Momento del grado póstumo de Sergio Urrego.

El Consejo de Estado revocó el fallo del Tribunal de Cundinamarca que en primera instancia reconoció la discriminación por su orientación sexual que sufrió Sergio Urrego por parte del colegio Gimnasio Castillo Campestre, antes de tomar la decisión de suicidarse, el pasado 4 de agosto. El argumento es que Sergio Urrego está muerto y que, por lo tanto, no hay derechos que proteger.

En el fallo de 53 páginas, que conoció El Espectador, los magistrados Gustavo Gómez, Alfonso Vargas y Luis Rafael Vergara acogieron la petición que hizo la Procuraduría y señalaron que no se pueden pronunciar de fondo sobre el caso y que no amparan los derechos a la educación, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso, igualdad, dignidad no discriminación e intimidad que reclamó Alba Reyes, la madre de Sergio Urrego.

"Es una decisión francamente lamentable, que envía un pésimo mensaje a las víctimas de discriminación y violencia en los colegios. El Consejo de Estado asumió un formalismo que no analizó la complejidad del caso. Con la muerte de una persona no desaparecen los derechos. Cuando una persona muere como murió Sergio, con un acto previo de discriminación, sus compañeros de estudio, sus familiares, sus amigos tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación de su integridad y buen nombre, de acuerdo a la jurisprudencia internacional y la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, además, ha sido clara en decir que la tutela tiene carácter restaurativo y preventivo para que estos hechos no vuelvan a ocurrir", señaló Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa, quienes han asesorado el caso.

Por esa razón Alba Reyes, con la asesoría de Colombia Diversa, pedirá que la decisión sea revisada por la Corte Constitucional el próximo miércoles, porque defienden que no existe ningún otro mecanismo para que el colegio pida disculpas públicas; para que le dé el grado póstumo que nunca quisieron reconocerle aunque le cobraron los derechos de la ceremonia; para que se revise el abuso de las autoridades y ,sobre todo, para que se modifiquen los manuales de convivencia escolar y la política educativa para que nadie en un futuro sea discriminado por su orientación sexual. Por todo lo anterior, el miércoles está convocado un plantón de protesta contra el fallo del Consejo de Estado frente al Palacio de Justicia, desde las 10:00 a.m.

Lo que llama más la atención es que en el fallo de segunda instancia el Consejo de Estado sostiene que no se puede inferir que la rectora Amanda Azucena Castillo haya mancillado el buen nombre de Sergio Urrego luego de su muerte ni haya tenido relación con la denuncia de acoso sexual que instauraron contra el joven antes de que se quitara la vida. Esto pese a todas las pruebas que adjuntó la familia de Urrego, entre las que hay audios de la rectora Castillo acusando a Sergio Urrego de acoso sexual.

El magistrado Vargas, quien proyectó la sentencia, acogió la versión de la Procuraduría que, en vez de interceder por los derechos del menor, pidió revocar el fallo que amparó sus derechos, porque no evidenció que la conducta del colegio fuera discriminatoria y en cambio consideró que "fue diligente".

También salva de cualquier responsabilidad a la Secretaría de Educación de Cundinamarca y dice que "ha actuado conforme a la ley". Aun cuando esta entidad no ha dado respuesta a un oficio del 1 de julio, previo a que Sergio Urrego se suicidara, en el que Alba Reyes y su hijo denunciaron la discriminación homofóbica y otras presuntas arbitrariedades de parte de las directivas del colegio.

Vargas fue magistrado auxiliar en el pasado y reconocido amigo personal del procurador general Alejandro Ordóñez, quien desde su cargo se ha opuesto en diferentes escenarios a los derechos de igualdad de la comunidad de lesbianas, gay, bisexuales y personas trans en el país.

La decisión del Consejo de Estado en el caso de Sergio Urrego sorprende también porque la Fiscalía General de la Nación recientemente anunció que imputará los delitos de discriminación, inducción o ayuda al suicidio, falsa denuncia contra la rectora Castillo y dos empleados más del colegio.

En el caso de la falsa denuncia, la Fiscalía señaló que Castillo habría inducido a la familia de Danilo Pinzón, la pareja de Sergio Urrego, a presentar una denuncia contra el joven por acoso sexual el 22 de julio del 2014. El mismo día que la rectora Castillo radicó una solicitud a la Comisaría de Familia de Engativá para que investigara a la madre de Sergio Urrego por abandono afirmando: "Nuestro estudiante Sergio Urrego no ha recibido una adecuada orientación sexual de sus padres, evidentemente tiene plena libertad de consultar Internet, libros, videos, películas, todo tipo de material pornográfico, perjudicial, no apto para su edad, desviando su orientación sexual, declarándose bisexual públicamente”, dice la misiva.

La decisión del Consejo de Estado se conoce luego de que Alba Reyes impugnó el fallo en primera instancia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio sobre el caso, en el que si bien reconoció que su hijo fue discriminado y amparó los derechos al buen nombre, la dignidad, la intimidad y la honra familiar, afirmó que era competencia de la Fiscalía definir las responsabilidades por su muerte y su reparación.

En su momento, el Tribunal Administrativo afirmó: “El nexo de causalidad que realizó la rectora, entre la supuesta desviación sexual y la vida familiar del estudiante Sergio, acompañado de la censura y el reproche moral, invadieron el ámbito de protección de su integridad moral y ahora la honra de su familia, pues implicó la construcción de un referente social excluyente que, hoy por hoy, es objeto de señalamiento público”. 

Por Natalia Herrera Durán

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