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“Vendimos lo mejor que tenía la organización. La pérdida fue enorme, pero estamos a paz y salvo. La empresa es más reducida que hace seis años, pero nuestras realizaciones más grandes se lograron cuando la compañía era pequeña. Lo duro ya pasó”. Fue lo que Pedro Gómez Barrera, fundador de la constructora que lleva su nombre, le dijo a El Espectador el 26 de agosto de 2001, justo después de que su empresa superó la crisis de finales de los 90. Hoy, 15 años después, los problemas se vuelven a asomar y la estrategia será la misma hoy: vender y empezar de cero.
Y es que parece no quedarle otra salida. La compañía más reconocida del país en el sector de la construcción atraviesa hace dos años una difícil situación de iliquidez, a tal punto que la Superintendencia de Sociedades tomó la decisión hace menos de un mes de asumir el control de la empresa, para tratar de ayudarle a salir a flote. En principio, se habla de cuentas por pagar por casi $15.000 millones, con más de 90 días de retraso. Esto, sin contar otras cuentas vencidas con menos tiempo de mora.
La situación no es sorpresa en el sector de la construcción. A las denuncias públicas que hicieron el año pasado algunos clientes sobre incumplimientos en obras, se sumó la declaración del propio Pedro Gómez Barrera (dueño de la constructora), que en febrero, en entrevista con W Radio, reconoció la iliquidez de su compañía, pero empeñó su palabra al decir que les respondería a todos sus acreedores.
Y el plan ya estaba en marcha desde el año pasado. Al menos eso es lo que dicen las directivas de la compañía en el informe que, luego de varios llamados de atención, finalmente le entregó hace un mes a la Superintendencia de Sociedades. En el documento, las directivas de Pedro Gómez y Cía. contaron las decisiones que se vienen tomando desde octubre para saldar sus deudas.
Según el documento, a finales del año pasado la junta directiva autorizó a Andrés Escobar Uribe, entonces presidente de la compañía y actual gerente de la empresa Metro, a vender activos y a dar como garantía a los bancos la participación que la constructora tenía en otros proyectos.
Fue así como sacaron a la venta la participación en proyectos como la venta de locales de Unicentro Neiva, una casa en la calle 70 con carrera 6ª y la participación de la compañía en dos proyectos urbanísticos (Bello y Guayacán). De igual forma, autorizaron dar en garantía de pago a los bancos tres terrenos (Sorento, Praga y Zaragoza) y dar en garantía o vender a diferentes constructores los terrenos de tres etapas del proyecto Encenillos de Sindamanoy, ubicado en la vereda Yerbabuena de Chía.
Según sus cuentas, por la venta de su participación en el proyecto de Bello podría obtener $13.000 millones ($7.000 serían para pagar deudas con los bancos); por el proyecto de Palmira, $5.000 millones, y por el proyecto Guayacán, $4.000 millones. “Esta liquidez es para el pago de obligaciones y de capital de trabajo que requiere la compañía”, señala el informe.
Con los bancos se plantearon opciones a largo plazo, dando garantías estructuradas con fuentes de pago y períodos de gracia, con lo que esperan “generar un alivio en la caja mientras se reactivan los proyectos de las etapas de Encenillos de Sindamanoy, Serranías de los Nogales y La Felicidad”, agrega.
Gustavo Perry, miembro de la junta directiva de la empresa Pedro Gómez y Cía., se mostró optimista. “La empresa lo ha venido abordando de manera juiciosa y la cosa está bastante avanzada. En principio, es cuestión de tiempo para poder superarlo”. Explicó que gran parte de la situación obedeció a dos casos concretos: los tropiezos que tuvieron con el proyecto Serranía de Los Nogales (en el sector de Rosales, en Bogotá) y su proyecto Encenillos de Sindamanoy (Chía).
Ambos fueron suspendidos en 2014 y fueron objeto de pleitos jurídicos que apenas se están aclarando, pero que generaron un fuerte golpe en la caja de la constructora. Por ejemplo, Serranía de Los Nogales, proyecto ubicado en la calle 79B con carrera 4 (sector de Rosales), comenzó en 2007 y costaba $145.000 millones. La meta era construir 60 apartamentos, avaluados cada uno en casi $2.500 millones. Antes de la decisión de la Corte, estaban prácticamente todos vendidos. En el caso de Encenillos de Sindamanoy, en Chía, se trata de un lujoso proyecto con viviendas con un costo cercano a los $1.000 millones. Las últimas etapas se vieron afectadas por la falta de licencias ambientales.
“En ambos proyectos teníamos una preventa multimillonaria y eso generó problemas de iliquidez. Estamos a la espera de la reactivación del proyecto en Los Nogales y en el caso de Chía ya otorgaron las licencias de construcción”, indicó Perry.
“El tema es sencillo. La empresa tiene activos que superan sus deudas y hemos venido haciendo acuerdos con los bancos para poner al día esas deudas. En algunos casos se han concretado pagos con el producto de los proyectos que se han venido negociando con los socios, así como unos predios que se tienen conjuntamente con otros socios. Las decisiones que ha tomado la junta apuntan a tener soluciones para superar esta situación y generar una liquidez de forma rápida”, concluyó el directivo de Pedro Gómez y Cía.
No es la primera vez que se enfrentan a una situación financiera difícil. En 1997, durante la recesión económica, tuvieron una situación similar, de la que salieron adelante. Hoy, pese a la iliquidez, la constructora Pedro Gómez cuenta con catorce proyectos de vivienda en Bogotá, Chía, La Calera, Cajicá. Funza, Melgar, Bucaramanga, Montería, Neiva, Palmira, Valledupar, Yopal, entre ellos Camino de Arrayanes y Serranía de Los Nogales, Encenillos de Sindamanoy, Macadamia, El Cigarral y Hacienda Sumapaz. Además, siete centros comerciales en Fusagasugá, Palmira, Girardot, Valledupar, Neiva, Ibagué y Tunja.