Contraloría abrió juicio fiscal contra los implicados en la venta de las acciones de la TGI

Archivo El Espectador

El polémico caso de la venta y recompra del 32% de las acciones de la Transportadora de Gas Internacional (TGI) vuelve a ser objeto de cuestionamientos. Esta vez, la Contraloría es quien tiene sus dudas acerca de la transparencia que hubo en este negocio. Pues no se explica por qué la pasada junta directiva de la Empresa de Energía de Bogotá, en el 2011 vendió un porcentaje de las acciones de TGI en US$400 millones y en el 2014 pagó US$880 millones, es decir el doble de la venta inicial para volver a recuperarlas. Ante la poca claridad que hay sobre la razón que llevó a la EEB a aceptar tan elevada valorización, la entidad recientemente abrió un juicio de responsabilidad fiscal contra los integrantes de la junta de la empresa para que expliquen lo sucedido.

Entre los llamados a rendir cuentas están el ex alcalde Petro, quien presidía para entonces la junta directiva de la EEB, Sandra Fonseca y Mónica de Greiff, expresidentas de esa empresa, el exgerente del Acueducto Alberto Merlano, el exgerente de la ETB Saúl Kattan y el exministro de Hacienda Guillermo Perry. Ya muchos de ellos, tiempo atrás, cuando algunos concejales criticaron el proceso de recompra se defendieron diciendo que fue un gran negocio porque la EEB recuperó una empresa en crecimiento, que es la principal transportadora de gas del país (con el 48% del mercado local y 4.000 km de tubería). Sin embargo, las dudas respecto a los detalles de la transacción y al monto de la valorización persistieron, tanto que la Contraloría decidió investigar más a fondo.

Proceso de venta y recompra

En el 2007, la EEB adquirió acciones en la empresa TGI al considerarla una buena inversión, pero en marzo de 2011, en medio del escándalo del “carrusel de la contratación”, la administración de Samuel Moreno impulsó la venta del 32% de las acciones que tenía, a la sociedad CITI Venture Capital Internacional (CVCI), quien creó la empresa Inversiones en Energía Latinoamérica Holdings (Ielah) con sede en España para dejarle la titularidad de las acciones. El negocio se hizo por US$400 millones. El argumento: la necesidad de capitalizar a TGI.

En el proceso de venta la empresa de energía pactó con EEB que en caso de querer vender las acciones, ellos tendrían la opción de ser los primeros compradores si así lo deseaban. En el 2013, la propuesta de (Ielah) se hizo realidad. Los antiguos dueños de TGI se interesaron en comprar de nuevo la transportadora de gas. Eso los llevó a hacer un estudio para saber el valor de referencia de la inversión, el cual les arrojó la suma de US$614 millones.

Cuando la junta directiva de la EEB tuvo claro el costo aproximado de las acciones puso la gestión de recompra en manos del alcalde Petro y de la gerente. Sin embargo, las negociaciones se interrumpieron porque el fondo de la CVCI cambió de dueño. Ante ese imprevisto tuvieron que empezar a negociar con The Rohatyn Group, el nuevo propietario de las acciones. Lo que sorprende en este punto a la Contraloría, según lo evidencia la Revista Semana es que inicialmente el grupo de inversiones de la EEB había estimado el valor de las acciones en US$614 millones, pero 2 meses después lo subió a 842 millones y sin ningún cuestionamiento la presidenta de la empresa, según ella con la autorización de Petro, las compró. Eso significa, que pagó US$442 millones más de lo pactado en el valor inicial. Además de los US$29 millones que se gastaron en comisiones e intereses.

Frente la decisión de la presidenta, la entidad se ha cuestionado el por qué la EEB fijó un precio de compra si se supone que la compañía dueña de las acciones era la encargada de proponer el precio inicial sobre el que se empezaría a negociar. Además, le ha dicho a Semana que si la TGI era tan buen negocio como lo planteó Petro para justificar la recompra, para qué vendieron en un comienzo la participación.

Sin duda, hay algunos interrogantes que no quedan claros en el proceso de negociación. Por esa razón, la Contraloría abrió un juicio que busca mirar si hubo “un presunto daño al patrimonio público por 509 millones de dólares, que resultan de la diferencia entre el valor de venta inicial, el de recompra y el de las comisiones”. De comprobarse las afectaciones todos los implicados en el negocio de las acciones deberán pagar. Así las cosas, a los bogotanos solo les resta esperar los resultados de las investigaciones de la Contraloría para darse cuenta si la ciudad fue víctima de un nuevo robo.