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Terminó el pleito entre la Contraloría General de la República y la Sociedad Proyectos y Desarrollos, por la terminación anticipada del contrato de arrendamiento de la sede que ocupó el ente de control desde 2012 en el centro comercial Gran Estación II y que estaba pactado a 10 años. En resumen, teniendo en cuenta la indemnización de $60.000 millones que reclamaba el arrendatario, la Contraloría la sacó barata: tendrá que pagar $9.000 millones.
El pleito se desprende del contrato que firmó en 2012 la entonces contralora Sandra Morelli con la sociedad Proyectos y Desarrollos, para ocupar una parte de las instalaciones del centro. Allí trasladó la sede del ente de control debido a que el anterior edificio tenía problemas de infraestructura.
Sin embargo, no sólo fue el arriendo del edificio. En el contrato quedó incluido que el arrendador debía adecuar las instalaciones con muebles, equipos e infraestructura, así como encargarse de su mantenimiento. Es decir, la Contraloría debía llegar a una sede amoblada. En esa adecuación la sociedad invirtió $32.000 millones.
La Sociedad, para garantizar la recuperación de la inversión, pidió la inclusión de una cláusula en la que acordaron que, en caso de terminar el contrato antes de los 10 años, la Contraloría debía pagarle una indemnización cercana a los $30.000 millones y, de paso, antes de entregar el edificio, debía retirar los muebles, los enchapados, los pisos y el cableado.
Con la salida de Sandra Morelli y la llegada de Edgardo Maya Villazón a la Contraloría se reafirmaron los peros al contrato. Según el nuevo contralor general, el negocio era ilegal no sólo por el costo, sino por la forma como se eligió al contratista de forma directa y por comprometer vigencias futuras sin autorización. Por esta razón, Maya Villazón no renovó el contrato y llevó el caso ante el tribunal de arbitramento para que declararan nulo el contrato y, de paso, que lo exoneraran de la indemnización. Por su parte, el arrendador dijo que cumplió el contrato y exigió el pago de casi $60.000 millones.
En enero comenzó el trámite del laudo arbitral. Los árbitros del caso, tras analizar las evidencias, encontraron que si bien el contrato había sido legal, había elementos suficientes para declarar la nulidad de la cláusula que ordenaba la indemnización. Pero entendiendo que esta nulidad causaba un daño patrimonial al arrendador (que invirtió en la adecuación), los árbitros condenaron a la Contraloría a responder por parte de la inversión que hizo la Sociedad Proyectos y Desarrollos.
“Obviamente esa afectación, que en parte surge como consecuencia de la irregular conducta de la Contraloría, constituye un daño que no está obligada a tolerar y que por ende debe ser indemnizado”, señala el fallo. Por esta razón le ordenó al ente de control pagar $9.000 millones.
Al final, aunque la Contraloría expuso esta decisión como un triunfo para la entidad, realmente lo único que logró fue tener que pagar menos y que el tribunal le ordenara a la Sociedad Proyectos y Desarrollos recibir el edificio en el estado en que se encuentra, sin que el organismo de control tenga que hacerle adecuaciones ni retirar los inmuebles, enchapados, instalaciones hidráulicas, sanitarias, pisos ni pintura.
¿Acción de repetición contra Sandra Morelli?
Tras la decisión del Tribunal de Arbitramento, queda claro que hubo falta de planeación a la hora de firmar el contrato y por eso la Contraloría tendrá que pagar $9.000 millones. Sin embargo, ante la orden de pago, lo que se anticipa es una posible acción de repetición contra la excontralora Sandra Morelli.
O al menos es lo que se puede entrever cuando el ente de control señala en su comunicado que frente al pago de la indemnización evaluará “las vías legales que resulten procedentes”. Según Ricardo Hoyos, el abogado que representó a la Contraloría en el laudo arbitral, en entrevista con W Radio indicó que la decisión tendrán que evaluarla el contralor y el Comité de Conciliación, para determinar si hay un juicio de responsabilidad contra la exfuncionaria.