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Bogotá tiene 20 localidades y cada una tiene un alcalde menor, elegido entre una terna presentada por los ediles al alcalde mayor de la ciudad. Y aunque el proceso tiene un componente técnico, ya que los aspirantes presentan un examen de selección, al final siempre se imponen los intereses políticos, en el que influyen partidos, concejales y funcionarios.
La labor de los elegidos no es simple. Tienen más de 150 funciones, con poco personal, y el Concejo les asigna más, cada vez que aprueba un nuevo plan para “salvar” la ciudad. Los alcaldes son los primeros responsables de lo que sucede en su localidad y deben gestionar un presupuesto anual a través del Fondo de Desarrollo Local, que para todas las localidades suma alrededor de $800.000 millones. Este último punto es su mayor prueba y, en muchos casos, su manejo es la razón del declive de su carrera.
Aunque las alcaldías menores responden a las políticas de la Alcaldía Mayor, al final son independientes en ciertas funciones y decisiones administrativas como, por ejemplo, la contratación de servicios de seguridad, la compra de equipos y el mejoramiento de la malla vial, entre otras. Esta autonomía, apoyada por el decreto 101 de 2010, es la puerta por donde suelen ingresar la corrupción y las malas prácticas administrativas.
No importa el Gobierno, si ha sido de izquierda, centro o derecha, estas alcaldías han estado históricamente salpicadas por la polémica y por contrataciones indebidas que les han costado miles de millones de pesos a los bogotanos. Contraloría, Personería y Veeduría han intentado hacerle frente a la corrupción, pero luego de la renuncia o destitución de algún funcionario aparece otro que le sigue los pasos. El trabajo nunca termina.
La administración del alcalde Enrique Peñalosa, que ha presumido de buscar funcionarios técnicos y de tener una política fuerte contra la corrupción, no ha sido ajena al eterno mal del modelo autónomo de las alcaldías locales. Actualmente, la Personería tiene los ojos puestos en las administraciones de las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Fontibón, Suba, Teusaquillo y Los Mártires (los alcaldes de estas dos últimas renunciaron el 27 de marzo, aludiendo razones personales). El ente de control informó que se han evidenciado serias irregularidades en algunos contratos, en especial los de mantenimiento y mejoramiento vial, donde hay comprometidos $34.450 millones.
Carmen Teresa Castañeda Villamizar, personera distrital, aseguró en entrevista con El Espectador que, aunque no se puede generalizar, evidentemente las alcaldías locales han sido epicentros de corrupción en Bogotá. La funcionaria fue enfática al decir que este tipo de delitos son el resultado de castigos laxos y el mejor blindaje es una política de cero tolerancia con los alcaldes corruptos.
“La corrupción en las alcaldías locales va mucho más allá del modelo de contratación y las estrategias de la Alcaldía Mayor para prevenir estos casos. El alcalde Enrique Peñalosa y su secretario de Gobierno no pueden estar como policías al lado de los alcaldes locales, porque, se supone, son elegidos para servir a la comunidad, no para malgastar los recursos. La solución no es quitarles autonomía a las alcaldías sino castigar con fuerza a los corruptos. De esta forma el próximo alcalde lo pensará dos veces antes de adjudicar mal un contrato”, señaló Castañeda Villamizar.
La personera fue autocrítica y reconoció que los entes de control han sido inoperantes a la hora de mostrar resultados que generen el impacto que se busca con las investigaciones. Aseguró, como declaración de guerra hacia la corrupción, que la Personería continuará destapando las irregularidades que se presenten en las alcaldías locales y su objetivo será vetar del mercado laboral público a aquellos funcionarios que usen su poder para vaciar las arcas de la ciudad.
Los esfuerzos de Peñalosa
La actual administración lo ha intentado, pero no lo ha logrado. Desde su llegada al Palacio Liévano, el alcalde Enrique Peñalosa y su secretario de Gobierno, Miguel Uribe, pusieron sus ojos en las alcaldías y establecieron controles para mitigar los casos de corrupción. Desde el 2016, el Distrito les pidió a los alcaldes que, en vez de otorgar contratos a dedo, abrieran licitaciones para cumplir los principios de la contratación estatal. Al respecto, la Contraloría añadió que, en algunos casos, “se han pasado la orden por la faja”.
Respecto a la corrupción y las malas prácticas en las localidades, el secretario Miguel Uribe indicó que, a principios de este año, el alcalde Peñalosa les ordenó a los alcaldes locales el uso obligatorio de pliegos establecidos por la Secretaría de Gobierno y el IDU, para garantizar una mayor pluralidad de oferentes. Además, asegura, les exigió poner en práctica nuevas estrategias de divulgación de las licitaciones a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente.
“Los alcaldes locales son autónomos en la ordenación del gasto y responden individualmente por las faltas disciplinarias en las que puedan incurrir. Se han hecho grandes esfuerzos y se han obtenido resultados destacables como, por ejemplo, que el 49,4 % de los contratos adjudicados por las alcaldías locales durante el 2016 se hicieron mediante licitación pública. El año pasado también se eliminaron los convenios de asociación, modalidad de contratación directa con organizaciones sin ánimo de lucro que fue muy cuestionada en el pasado”, dijo Uribe.
La corrupción ha tocado todas las esferas sociales, políticas y económicas del país. No hay sorpresa en que haga parte de las alcaldías locales de la ciudad, aun cuando desde la Alcaldía Mayor se buscan estrategias para erradicarla. Queda claro que el remedio de esta enfermedad no está en centralizar los procesos de contratación, pues cada localidad tiene necesidades que deben suplirse rápidamente. La solución, así suene a utopía, pasa por tener funcionarios con vocación de servicio, honestos y sin deudas políticas. Además, los entes de control y la Alcaldía Mayor no se pueden dormir en este tema. Finalmente, es el dinero de todos los bogotanos el que está en juego.