En un explosivo pronunciamiento, la mañana de este lunes el contralor de Bogotá, Diego Ardila, reveló la apertura de una indagación preliminar a la contratación realizada por la administración del alcalde Gustavo Petro, durante los primeros seis meses de su gobierno.
Las razones no son pocas y tienen que ver, principalmente, con lo que el organismo de control calificó como una “excesiva” contratación directa en el primer semestre de 2012.
En concreto, el contralor averiguó que en seis meses la administración Petro ha entregado 53.984 contratos, que corresponden a $1,9 billones. De éstos, $1,4 billones se contrataron sin la selección del contratista por medio de licitación pública. Es decir, el 75,1%.
Lo que preocupa más al organismo de control son las presuntas irregularidades encontradas en estos procesos contractuales, celebrados unos directamente y otros bajo las normas del derecho privado.
Concentración en la contratación, contratos con el mismo objeto en la secretaría General, contratos sin certificar la idoneidad del contratista y concentración de contratos en personas jurídicas, son algunas de las aparentes anormalidades que encontró en una auditoría la Contraloría de Bogotá.
Curiosamente, son casi las mismas inconsistencias que el entonces candidato a la Alcaldía, Gustavo Petro, reveló en su famoso informe sobre la contratación del exmandatario Samuel Moreno.
Estos son los casos que llamaron la atención de Ardila:
-El caso de la esposa del gerente del Acueducto:
Su nombre es Norma Constanza Osorio Villa, una profesora de artes, pintora y escultora, quien según la Contraloría tiene dos contratos por valor de $72 millones, para periodos prácticamente continuos. En uno de ellos, señala el contralor, no es clara la idoneidad de la funcionaria, toda vez que acredita un título de técnico intermedio profesional en ingeniería textil, y este es un perfil que no está relacionado directamente ni con el objeto ni con el desarrollo del contrato.
Osorio Villa es la esposa de Diego Bravo, actual gerente de la Empresa de Acueducto y hombre de confianza del alcalde Petro. Al respecto, Bravo precisó que su esposa trabajó como asesora de la primera dama de la ciudad, Verónica Alcocer. “Ella manejaba programas culturales, artísticos y sociales para el despacho, programas que iban muy bien. Ojalá que su retiro no afecte el desarrollo de los mismos”.
-Dos casos de “concentración de contratos”:
Son los que se evidencian en los procesos contractuales de Juan Manuel Russy Escobar y Gustavo Rayo Morales, según la Contraloría. El primero asesora jurídicamente a cuatro entidades del Distrito: Foncep (dos contratos), Orquesta Filarmónica de Bogotá (dos contratos), Secretaría de Educación (un contrato) y Caja de Vivienda Popular (un contrato), con una ganancia total de $236 millones que se ejecutan simultáneamente este año.
Por su parte, Rayo Morales presta servicios profesionales a tres entidades distritales mediante cinco contratos: Fopae, Secretaría de Integración Social y Secretaría de Gobierno, para una ganancia total de $137 millones, entre febrero y noviembre de 2012.
-En la Secretaría General:
Armando Méndez Torres y Dilberto Trujillo tienen sendos contratos con los mismos objetos en la Secretaría General. Cada uno tiene un plazo de ejecución de 10 meses y cada uno se gana $7 millones mensuales por exactamente la misma cosa: “Asesorar al despacho del señor alcalde Mayor de Bogotá D.C. en las relaciones con el Congreso de la República, en la gestión de los proyectos de ley y proyectos de actos legislativos tramitados ante esa corporación, así como los debates de control que allí se realizan”. Ninguno de los dos contratos tuvo en cuenta el receso de mitad de año de un mes que tiene el Congreso.