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No es fácil trabajar por estos días en la administración del alcalde Gustavo Petro. Mucho menos si se tienen a cargo responsabilidades en temas contractuales, jurídicos o cualquier otro que demande ordenamiento del presupuesto. La Contraloría Distrital lo prometió y lo está cumpliendo con creces: mientras usted lee estas líneas, se llevan a cabo 132 visitas fiscales en las 110 entidades del Distrito que son sujeto de control fiscal de ese organismo. Y muchos empleados se declaran asustados.
Al menos los que hablaron con este diario, entre quienes se cuentan las cabezas de varios entes, quienes pidiendo la reserva de la fuente denunciaron que el contralor Diego Ardila protagoniza “una persecución y cacería de brujas con predeterminación”, que genera desgaste y retrasos en los procesos administrativos, los cuales son congelados mientras los funcionarios le responden al organismo de control sus diversos requerimientos.
El Espectador averiguó cifras al respecto: todas las semanas, del despacho del contralor salen entre dos y tres controles de advertencia con destino a la administración de Gustavo Petro.
También, mientras en todo 2011 (administración de Samuel Moreno y Clara López) la Contraloría Distrital envió apenas cinco advertencias fiscales a la oficina del alcalde, en lo corrido de 2012 el mismo dato es de 21 advertencias fiscales.
Los temas de los pronunciamientos han sido variados: en febrero, Ardila abrió juicio de responsabilidad fiscal por $1.500 millones a la Secretaría de Gobierno por un convenio para ayudar a los desplazados del parque Tercer Mileno. En marzo les puso la lupa a las losas de la calle 26. Días después, advirtió el riesgo inminente de un daño fiscal por $1.000 millones por la ineficiencia en la prestación del servicio del Sistema de Transporte Masivo.
El ente de control también ha prendido las alarmas sobre la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), la contratación de los refrigerios escolares, el no cobro de la cartera en el Instituto para la Economía Social y la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente, entre otros asuntos.
En julio pasado, la Contraloría hizo la que acaso sea hasta ahora su mayor advertencia: presentó un completo informe sobre toda la contratación distrital en la era Petro y denunció presuntas irregularidades como nóminas paralelas, contratos con objetos idénticos y casos como el de la alta consejera para víctimas, Ana Teresa Bernal, quien sin ser profesional devenga mensualmente $16 millones.
Lo curioso es que el organismo de control se pronunció públicamente el 30 de julio y abrió indagación preliminar el 1º de agosto sin haber notificado a la Alcaldía, que se enteró de la noticia por los medios de comunicación, según advirtió un alto funcionario.
La Contraloría es la entidad encargada de vigilar y controlar el destino de los recursos públicos y las visitas fiscales que realiza tienen como objetivo evaluar de primera mano contratos y diversa documentación: entre siete y ocho funcionarios del organismo de control llegan a la entidad a indagar, ocupan casi siempre una oficina con llave, demandan la información que consideren de los empleados y les hacen entrevistas. En eso pueden durar entre 30 y 45 días.
El asunto es que, antes de la llegada de Diego Ardila, las visitas fiscales eran la excepción. Normalmente, el ente de control realizaba unas auditorías regulares hacia el final de cada vigencia fiscal sobre una muestra de la contratación, y entregaba a la entidad en cuestión un informe con sus observaciones y hallazgos, luego de lo cual, en una mesa conjunta, se redactaba un plan de mejoramiento con acciones correctivas.
Ahora, a través de la resolución 014 de junio de 2012, el contralor eliminó de las visitas fiscales la posibilidad de que se hagan mesas de trabajo conjuntas y redujo el tiempo con el que cuentan las entidades distritales para responderle a la Contraloría, de 15 a dos días.
El panorama por estos días en algunas entidades públicas es el de equipos de 10 funcionarios del Grupo Especial de Fiscalización y Apoyo (GAF) pidiendo carpetas y solicitando entrevistas a los empleados. En ocasiones se llegan a realizar hasta dos y tres visitas fiscales simultáneamente.
En la Secretaría General, por ejemplo, el GAF tiene desde hace varias semanas una oficina aparte en la que mantiene 237 carpetas con contratos de prestación de servicios.
En voz baja, algunos funcionarios de la administración se preguntan si el contralor Ardila no estará ejerciendo un control fiscal previo, el cual está prohibido por la Constitución, que sólo le permite el control posterior.
Otros recuerdan que Ardila podría tener una pelea casada con Petro, quien no sólo le pidió al Concejo que le redujera el presupuesto al organismo de control, sino que solicitó a la Contraloría General un control excepcional sobre Bogotá.
Consultado, el contralor exige que lo traten con respeto: “Tal y como lo anuncié en mi campaña, estoy haciendo un control fiscal efectivo y transparente sin coadministrar y así vamos a seguir”.
Ardila recuerda que parte del descalabro que sufrió la ciudad con el llamado cartel de la contratación se debió a la “connivencia” que había entre los organismos de control y la administración y dice que no está dispuesto a dejar que se repita la historia. “En lugar de estar tan prevenidos con nosotros, deberían empezar a mirarnos como socios estratégicos”.
La prevención, prosigue el jefe de control fiscal, llega a tal punto que la administración ni siquiera cae en la cuenta de que aún no se ha iniciado el primer proceso de responsabilidad fiscal a ningún funcionario posesionado este año.
Ardila asegura que no está haciendo control previo, sino advertencias, y que jamás le molestó que el alcalde haya pedido que le bajaran el presupuesto o haya solicitado control de la contralora Sandra Morelli.
“Que recuerden que no me eligieron para estar sentado mirando por la ventana”, remató.