Convenios del Distrito y la ETB

Entre 2012 y 2014 se firmaron 180 convenios, que suman $244.000 millones. La Secretaría General y la de Movilidad, las que más negocios han hecho.

Alexánder Marín Correa
05 de agosto de 2015 - 06:13 a. m.

El escándalo alrededor del convenio interadministrativo que firmó el año pasado el Fondo de Vigilancia con la ETB para la modernización de la línea 123, sumado a la afirmación de los directivos del propio Fondo que dicen que no hay negocio entre esta entidad y la empresa de telecomunicaciones que se salve de reparos, tiene a los organismos de control con la lupa sobre todos los convenios.

Según pudo establecer El Espectador, la Contraloría Distrital revisa caso a caso en cuáles hay hallazgos fiscales en las últimas auditorías. En principio, se sabe de dos: el firmado para la línea de emergencia, por casi $31.000 millones, y otros convenios que se firmó con la UAESP. A pesar de que la duda se sembró por el cuestionado convenio para la Línea 123, vale aclarar que a la fecha no hay datos sobre otros con irregularidades.

Tras revisar bases de datos públicas y tener acceso a un listado de la Contraloría, se conoce que desde 2012 a la fecha se firmaron 210 convenios entre diferentes entidades de la Alcaldía Mayor y la empresa de telecomunicaciones, que suman casi $300.000 millones. La cifra por años ha variado. En 2012 fueron 61 convenios, por $45.000 millones; en 2013, 67 por $115.000 millones, y el año pasado, 52 por $85.000.

Este año van 30, por $55.000 millones. Al revisar en detalle, al menos entre 2012 y 2014, se encuentra que la Secretaría General es la que más ha acudido a esta figura, tras haber firmado 25 convenios, que suman $84.000 millones, seguido de Movilidad, con 25 convenios, por casi $45.000.

La semana pasada, el alcalde Gustavo Petro hizo una férrea defensa a esta figura de contratación y cuestionó a los que intentan criminalizarla. La consideró una opción válida de colaboración entre entidades públicas. “¿Quién dijo que el convenio es como un contrato, bajo la Ley 80? No es cierto. Si se firma un convenio con la U. Distrital para dar clases, con el acueducto para llevar agua a las veredas o con la ETB para una plataforma que permita la seguridad en la ciudad, es válido. Se puede criticar, pero no se puede decir que es criminal o que quien lo firma tiene ocultas intenciones y hay gato encerrado”, expresó.

Sin embargo, ante esta defensa, varios expertos han salido a cuestionar la manera cómo se está usando el convenio en caso puntual con la ETB, ya que, si bien hay mayoría accionaria del Distrito y otras entidades públicas como la Universidad Distrital, el municipio de Villavicencio, la gobernación del Meta, el acueducto de Bogotá, el IDU y la Lotería de Bogotá, que suman el 88%, el resto es de capital privado.

Además, pese a que la mayoría de convenios tiene relación con la misión de la ETB, en otros se evidencia que se están subcontratando los servicios, algo que a criterio de los entes de control, sería desnaturalizar el convenio. “En el caso de los convenios de la línea 123, es evidente que se está obviando la licitación que, según la Corte Constitucional, sirve para que haya pluralidad de oferentes y se garantiza la moral y la transparencia en la selección de contratista”, dijo el contralor distrital Diego Ardila.

“En el caso de la línea 123 se evidenció una actitud de enviar esos recursos a la ETB para no hacer licitación. Si la empresa estuviera prestando directamente el servicio, no habría problema. Pero eso no está ocurriendo. Hoy tenemos identificados los convenios entre el Distrito y la ETB, para revisar en cuáles debemos hacer control fiscal”, concluyó.

Por Alexánder Marín Correa

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