Corte Constitucional tiene última palabra en caso Sergio Urrego

Familiares del menor que se suicidó luego de ser discriminado por ser gay, radicaron solicitud de revisión del proceso.

Óscar Pérez/El Espectador

“Magistrado amigo del procurador, Sergio merecía un fallo a favor”. Esa fue una de las consignas que cerca de cincuenta personas corearon este miércoles frente al Palacio de Justicia para protestar por el fallo del Consejo de Estado que negó la discriminación y persecución homofóbica que sufrió Sergio Urrego antes de quitarse la vida por parte de las directivas de su colegio.

Con pancartas con mensajes como “Justicia para Sergio” y “Por unas escuelas sin prejuicios”, familiares, amigos, activistas de la comunidad de lesbianas, gay, bisexuales y personas trans y compañeros de colegio y de la Unión Libertaria Estudiantil de Sergio Urrego, manifestaron su inconformismo por el fallo del Consejo de Estado.

Alba Reyes, la madre de Sergio Urrego, también radicó su petición de revisión de la decisión ante la Corte Constitucional porque esta es la única salida jurídica en el país que tienen para que el colegio pida disculpas públicas; para que se revise el abuso de las autoridades y, sobre todo, para que se modifiquen los manuales de convivencia de los colegios para que nadie en un futuro sea discriminado por su orientación sexual.

El 28 de noviembre se conoció el fallo de segunda instancia de este alto tribunal que revocó el del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que sí había reconocido que Sergio Urrego fue discriminado por las directivas de su colegio, luego de que éstas descubrieron que era gay (Las pruebas de Sergio). Reyes había decidido apelar el primer fallo porque el tribunal administrativo si bien reconoció la discriminación no ordenó ninguna medida de reparación. (Tras las pistas que dejó Sergio).

La semana pasada, con sorpresa, Reyes recibió la noticia de que el Consejo de Estado dejó sin piso este proceso con un argumento polémico: Urrego está muerto y por lo tanto no hay derechos que proteger. La decisión la proyectó el magistrado Alfonso Vargas, amigo personal y exmagistrado auxiliar del procurador Alejandro Ordóñez, quien desde su cargo se ha opuesto en diferentes escenarios a los derechos de igualdad de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y personas trans en el país.

Vargas en su ponencia de fallo, firmada también por los magistrados Gustavo Gómez y Luis Rafael Vergara, acogió la petición de la Procuraduría y no amparó los derechos a la educación, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso, igualdad, no discriminación e intimidad que reclamó Alba Reyes. Esta es la razón por la que el fallo ha generado rechazo en la opinión pública y se cuestiona la independencia de Vargas frente al tema.

La decisión sostiene que el colegio fue diligente y que la Secretaría de Cundinamarca actuó conforme a la ley pese a que para la Fiscalía hay evidencias suficientes para imputar los delitos de discriminación, inducción o ayuda al suicidio, falsa denuncia contra la rectora Castillo y dos empleados más del colegio.

En el caso de la falsa denuncia, la Fiscalía señaló que tiene pruebas de que Castillo habría inducido a la familia de Danilo Pinzón, pareja de Sergio Urrego, a presentar una denuncia contra el joven por acoso sexual el 22 de julio de 2014. Ese mismo día la rectora Castillo radicó una solicitud a la Comisaría de Familia de Engativá para que investigara por abandono a la madre de Urrego, afirmando que era un desviado sexual.