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La Corte Constitucional acaba de admitir una demanda con la que un ex M-19 busca despejar la candidatura del exalcalde Gustavo Petro a la Presidencia. El reclamo del ciudadano apunta a que la multimillonaria suma que le debe el exmandatario al Estado, por en el cambio de esquema de recolección de basuras y reducción de las tarifa de Transmilenio (que suman alrededor de 500 mil millones de pesos) no sea un impedimento para su aspiración política.
Los dos artículos demandados por el exaspirante al Senado por el M-19, Dagoberto Quiroga Collazos se refieren al parágrafo uno del artículo 38 de la ley 734 de 2002 y parcialmente la Ley 610 de 2000.
“El derecho de acceder a la función pública tiene el carácter fundamental y su restricción solo es posible mediante una sanción de tipo penal o disciplinario. (…) Se desconocen los artículos 1,2 y 40 de la Carta, porque establecen una restricción a los derechos políticos consistente en la consagración de inhabilidad para ejercer cargos públicos, producto de una responsabilidad administrativa que no tiene carácter sancionatorio, ni penal, pues la acción fiscal es de naturaleza reparatoria o resarcitoria”, argumentó en la demanda Quiroga Collazos.
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El auto admitido por la magistrada Gloria Stella Ortiz, del pasado 8 de mayo dice que quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente”
La Corte Constitucional estudia puntualmente si “esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago, o si este no fuera procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsabilidades fiscales”, dice el texto.
La decisión de la corporación podría beneficiar también a los alcaldes del país que se encuentran sancionados económicamente.