Ante críticas, modificarán convocatoria para elegir contralor de Bogotá

En un novelón se ha convertido la historia para elegir nuevo contralor de Bogotá. Primero fueron las dificultades de finales del año pasado, cuando el Concejo aprobó el proyecto con el nuevo procedimiento, pero lo frenó el entonces alcalde, Gustavo Petro.

Desde febrero, cuando Enrique Peñalosa destrabó la iniciativa y sancionó la nueva norma, los ojos de la opinión pública se posaron sobre la nueva mesa directiva del Concejo, pues los tres concejales que la integran tenían la misión de detallar, paso a paso, cómo debía hacerse la convocatoria pública para elegir al funcionario encargado de fiscalizar el manejo de los recursos públicos de la ciudad durante los próximos cuatro años. Se esperaba que definieran, como manda la Constitución, criterios de mérito. Lo hicieron el viernes pasado, pero les han llovido tantas críticas y han surgido tantas suspicacias, que deberán hacer modificaciones.

El presidente del Concejo, Roberto Hinestrosa (Cambio Radical) y el segundo vicepresidente, David Ballén (La U), expidieron el viernes la resolución con la que abrieron la convocatoria pública para elegir al contralor. El texto no llevaba la firma del primer vicepresidente, Álvaro Argote (Polo Democrático), quien dijo este lunes que no lo citaron para conocer los términos del documento, con los que tampoco está de acuerdo por considerar que no establece criterios de meritocracia.

En la sesión de este lunes, varios concejales criticaron fuertemente la resolución con argumentos que apuntaban en el mismo sentido de Argote. La primera fue Gloria Stella Díaz, que en nombre de la bancada del movimiento MIRA llamó la atención sobre un artículo de la convocatoria, según el cual, a pesar de que se tendrán en cuenta el nivel de estudios de los aspirantes, su experiencia y la presentación de un plan de cuatro años para la Contraloría, ninguna de estas variables implicará la asignación de un puntaje. “Ese artículo”, anotó la concejal, “se aparta de las condiciones mínimas del régimen que debe tener la convocatoria”.

María Victoria Vargas, del Partido Liberal (aunque habló a título personal), además de decir que no halló ningún criterio de mérito en el procedimiento, agregó: “se están exigiendo requisitos que no contemplan la Constitución ni la ley. Por ejemplo, una declaración que certifique que el candidato no es servidor público. ¿De dónde se inventaron eso? ¿Por qué un servidor público no puede presentarse al proceso? ¿O a quién quieren excluir? Esto es ilegal, discriminatorio y no se puede plantear en esa resolución”.

Esa misma preocupación la manifestó el concejal Jorge Torres, concejal de la Alianza Verde, que leyó una carta que él y otros cuatro integrantes de esa bancada (Lucía Bastidas, María Clara Name, Antonio Sanguino y Hosman Martínez) le enviaron a la Mesa Directiva. El único concejal de ese grupo que no firmó la misiva fue Edward Arias.

Sanguino se quejó por los “protuberantes errores jurídicos que hay en el documento; cualquiera puede demandar este proceso, y se cae”. También se preguntó: “¿Será que los candidatos no tienen todavía los votos y se están dando un tiempo para poder convencer a los colegas (concejales)? Aquí algo está pasando, ya sea porque hay ineficiencia, que es grave, o marrullería, que también es grave”.

Celio Nieves, a nombre del Polo Democrático, dejó constancia de que ese partido no solo está en desacuerdo con la resolución, sino con el acuerdo aprobado a finales del año pasado, que sancionó el alcalde Enrique Peñalosa, a partir del cual la mesa directiva pudo abrir la convocatoria. “Demandaremos ese acuerdo”, anunció.

Otra posición

Al contrario de los anteriores, dos concejales consideran que la convocatoria debe hacerse sin incluir tanto requisito. Edward Arias, de la Alianza Verde, le dirigió una carta a la mesa directiva en la que le pide que se ciña al procedimiento y se limite tan solo a expedir un cronograma sin incluir mayores modificaciones a lo que aprobó el Concejo en diciembre, cuando definió, en términos generales, que debía hacerse la convocatoria.

El concejal liberal Jorge Durán, el más antiguo de la corporación, también le envió una carta a la mesa en la que critica que algunos colegas suyos quieran que se lleve a cabo un concurso y no una convocatoria. Ambos procedimientos, jurídicamente, son diferentes, puesto que en el primero se otorga un orden de elegibilidad de acuerdo con puntaje, y en la segunda no. De hecho, duda de la posible “entidad que realice los exámenes” (que algunos han exigido), pues podrían estar “hechos a la medida de sus amigos”.

El proceso en otras ciudades

En el país se han vivido serias dificultades para elegir a los nuevos contralores y personeros. El procedimiento, particularmente para los primeros, cambió desde el año pasado con la reforma al equilibrio de poderes, que obligó a hacer convocatorias públicas. La Procuraduría advirtió recientemente que halló presuntas irregularidades en 135 corporaciones territoriales en esos procesos.

Pero más allá de las dificultades, en otras ciudades capitales distintas a Bogotá los concejos han tratado de incluir criterios de méritos, que es lo que hoy parece no haber en la convocatoria que hizo el cabildo del Distrito Capital.

En términos sencillos, la convocatoria pide que los aspirantes a la Contraloría de Bogotá presenten una serie de documentos que certifiquen sus estudios, su experiencia laboral y en cargos relacionados con las funciones del contralor, y sus antecedentes. Además, deben presentar un plan de gestión para los cuatro años. Todo deben hacerlo ante la Secretaría General, que es la única instancia que servirá de filtro. Allí verificarán sus documentos y quienes los tengan en orden, integrarán una lista de elegibles que pasará al Concejo para que allí elijan al nuevo contralor.

Es obvio que, en un proceso como este, en el que eligen los políticos, existan criterios políticos. Sin embargo, si lo que definió la Mesa Directiva del Concejo en su convocatoria se compara con los procesos que han surtido otras ciudades capitales, es evidente que carece de etapas que premien, de alguna forma, a quienes demuestren más méritos.

En Ibagué los aspirantes debieron responder una prueba escrita que estuvo a cargo de una institución independiente del Concejo. A esto se sumó una entrevista ante los concejales. Después de ambos procedimientos se conformó la lista de elegibles. A cada admitido se le otorgó un puntaje.

El Concejo de Medellín hizo una convocatoria con prueba escrita que servía como filtro, pues la pasaba quien respondiera bien el 60% o más de las preguntas. Los aspirantes, además, debían surtir otras etapas, como evaluación de competencias y entrevista, cada una de las cuales permitió depurar más la lista de elegibles.

En Cali no hubo examen escrito, aunque se establecieron como pruebas clasificatorias y eliminatorias los análisis de hojas de vida, de antecedentes, del programa de gestión presentado y de la entrevista ante el Concejo, después de lo cual se publicaba una lista de elegibles y los cabildantes elegían.

En Manizales tampoco hicieron prueba de conocimientos, pero el Concejo le asignó puntajes a la certificación de educación formal, a la experiencia laboral y a la experiencia relacionada con funciones de control fiscal. Por eso mismo, también se establecieron reglas de desempate entre quienes ocuparan los primeros lugares.

Modificarán la resolución

David Ballén, segundo vicepresidente del Concejo de Bogotá, le dijo a este diario que cambiarán la resolución para enmendar errores, pero sobre todo para incluir, ahora sí, criterios que premien los méritos de los aspirantes.

“Se asignarán mayores puntajes a la experiencia laboral, a los estudios y al plan que presenten para su gestión de cuatro años”, precisó. Sin embargo, aclaró que “se asignará un puntaje, pero el Concejo no está obligado a elegir al que quede de primero”.

Esto último, aunque suene extraño, es propio de una convocatoria, que a diferencia de un concurso, no obliga a elegir de acuerdo con el puntaje. La puntuación sirve meramente de guía para los encargados de decidir.

Se espera que este martes la mesa directiva modifique la tan criticada resolución para incluirle algunos criterios de mérito. También deberá expedir otra convocatoria para elegir personero, que debe tener las mismas características. Aunque hay que tener en cuenta que, para este último caso, cursa una acción judicial que interpuso Angélica Lozano, representante a la Cámara por Bogotá, en la que exige que se haga un concurso. La novela continúa.