Cuando el río suena...

Bogotá vierte diariamente al río Bogotá un millón de toneladas de desechos líquidos sin ningún tratamiento. / Archivo particular

El fallo que emitió el Consejo de Estado, en el que ordena a 19 entes públicos descontaminar al río Bogotá en menos de 30 años, no dejó conformes a todos los que quieren salvar el afluente. Aunque la decisión de fondo fue bien recibida en el país, los que conocen los detalles del proceso señalan que hay decisiones que ponen en peligro no sólo los recursos naturales, sino la vida de la población. Por esta razón, anunciaron que acudirán a recursos legales para que se revise la decisión.

Una de las voces disidentes es la de la Asociación de Usuarios de Recursos Naturales Renovables y Defensa Ambiental de la Cuenca del Río Bogotá (Asurío). El ingeniero Hernando Robles, representante de la entidad, señaló la gravedad de que en la sentencia se haya ordenado la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y una planta elevadora en el sector Canoas (Soacha). Ellos, al igual que el Acueducto de Bogotá, habían solicitado al alto tribunal impedir la construcción en este sector, por las consecuencias ambientales, económica y sociales. Incluso, llevaron la solicitud ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares para impedir el trabajo.

Ante la orden del Consejo de Estado, la asociación anunció que le pedirá al Acueducto que presente un recurso de revisión del fallo, ante la sala plena del alto tribunal administrativo, con el objetivo de que se evalúe de forma puntual el tema de la PTAR de Canoas y la planta elevadora.

El rechazo a la construcción de esta PTAR no es nuevo. Ese mismo alegato se viene discutiendo desde 1992, cuando Gustavo Moya Ángel advirtió mediante acción popular que la población de Sibaté se vería gravemente afectada por esta obra, por la contaminación que se podría generar en el embalse del Muña. A estas voces se suma la de Alfred Ignacio Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), quien ha señalado que operar dicha planta “podría generarles a futuro costos a los ciudadanos”, que se verían representados en el incremento de las tarifas de servicios públicos.

SI bien todos coinciden en que es necesario construir una planta de tratamiento adicional para descontaminar el río, la controversia es que sea en Canoas, por las consecuencias que podría generar. Y aunque estudios técnicos han señalado, como se lee en el fallo, que en este sitio es viable, veedores y asociaciones como Asurío insisten en lo contrario.

Según ellos, la razón es que construir la PTAR en Canoas obliga a hacer una planta elevadora para que la empresa privada de energía Emgesa pueda bombear agua al embalse del Muña (ubicado en Sibaté, Cundinamarca), lo que seguiría contaminando el embalse y generaría posibles costos a la ciudadanía. En cambio, construir la PTAR en el sector El Charquitos eliminaría le necesidad de la estación elevadora. Por ahora, esta será una de las solicitudes que estarán incluidas en el recurso de revisión que se solicitará frente al fallo que ordena salvar al río Bogotá.

isajunca@elespectador.com

@ISAJUNCA