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No hay justificación desde ningún punto de vista. La Policía de Bogotá disolvió el pasado martes en la Plaza de Bolívar una protesta pacífica protagonizada por 50 personas en situación de discapacidad, que expresaban su inconformidad por los ajustes a los subsidios en Transmilenio. No había ningún tipo de riesgo, bloqueo o disturbio. Sin embargo, un uniformado lanzó gases lacrimógenos contra personas ciegas, en silla de ruedas, abuelos y niños que ejercían su derecho a la protesta. Hasta los más fieles escuderos del alcalde Enrique Peñalosa rechazaron lo sucedido.
En medio de las críticas, la Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó ayer los artículos del Código de Policía, que regulan el derecho a reuniones y manifestaciones en espacios públicos, argumentando que dicha normativa debía haberse tramitado vía ley estatutaria y no ordinaria, pues se trata de una reforma a derechos fundamentales. La demanda fue interpuesta por el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre.
El debate, por supuesto, tomó más relevancia, sobre todo en Bogotá, donde el uso de fuerza contra los manifestantes parece ser un común denominador, pues lo ocurrido el martes es sólo un caso que se suma a la lista de denuncias de abuso de autoridad. Algunos ejemplos son las 30 personas heridas durante los bloqueos del 28 de marzo contra el alza de pasajes en Transmilenio; la confrontación del 5 de abril entre estudiantes de la Universidad Pedagógica y el Esmad, y las protestas contra las corridas de toros a comienzo de año, en la que un joven estuvo cerca de perder un ojo luego de que le dispararon a quemarropa con un arma no letal.
Las críticas por el caso que ocurrió este martes en la Plaza de Bolívar no se hicieron esperar, aun cuando el comandante de la Policía Metropolitana, general Hoover Penilla, ha dicho que “fue un comportamiento individual de un policía, no acorde con los protocolos de la institución, que será investigado”. Ni siquiera Andrés Villamizar, director de la Fundación Azul Bogotá y uno de los mayores defensores del alcalde Enrique Peñalosa, fue ajeno a la discusión y a las críticas. Villamizar condenó el uso de gas lacrimógeno y opinó que, evidentemente, existe un problema grave con los protocolos del uso de la fuerza en las manifestaciones.
“Es hora de hacer un ejercicio de autocrítica desde la Policía, la Alcaldía y la Secretaría de Seguridad. El Esmad no puede actuar como lo hizo ante esta población vulnerable, que estaba en todo el derecho de protestar. Ya es común que los uniformados inicien los enfrentamientos e, incluso, hay videos que muestran a policías rompiendo vidrios para escudar sus acciones. Presentaremos una propuesta ante la Alcaldía para revisar y mejorar las acciones policiales, con el objetivo de garantizar el derecho de los bogotanos”, indicó Villamizar.
Asimismo, el director de Azul Bogotá, fundación que nació para hacerles contrapeso político a los comités de revocatoria, señaló que es necesario revisar qué tipo de armas usa el escuadrón antidisturbios, cuándo se pueden emplear y cómo se debe actuar ante la presencia de niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Por encima de los controles de la Fuerza Pública, Villamizar sostuvo que es imperativo reforzar el diálogo y la negociación entre Policía y manifestantes, para que el Esmad sólo actúe como último recurso.
Violación de derechos
Si los amigos de la administración sentaron su voz de protesta, resulta obvio que la oposición también apunte hacia las fallas de la Alcaldía. El concejal Hollman Morris, quien denunció el hecho ocurrido en la Plaza de Bolívar, aseguró que es una violación a los derechos humanos, la Convención de Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ante este panorama, indicó que iniciará un proceso para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realice las investigaciones pertinentes.
El cabildante (Movimiento Progresistas) fue enfático al decir que el Concejo de Bogotá no puede guardar silencio ante las acciones de la Policía y su fuerza antidisturbios, y afirmó que lo ocurrido el martes no es un caso aislado, sino un comportamiento sistemático que evidencia la política represiva de la actual administración. “El secretario de Seguridad debe salir y decir cómo se está manejando la protesta en Bogotá. Estamos a las puertas de un estallido social y el único pronunciamiento del alcalde Peñalosa fue por Twitter”, dijo.
Sebastián Lalinde, investigador del centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, opinó que el derecho a la protesta es esencial en un Estado democrático para que la ciudadanía pueda mostrar su inconformidad e indicó que, a la hora de disolverlas, la Policía debe informar a los manifestantes antes de entrar a chocar para que lo hagan voluntariamente.
Lalinde además señaló que, para no atentar contra este derecho, la Policía debe individualizar a las personas que estén cometiendo acciones delictivas en medio de las protestas y no disolverlas mientras no existan actos vandálicos.
Sobre el uso de armas no letales, opinó que deben ser restringidas a usos muy concretos. “La regulación normativa del Código de Policía, de por sí ya atenta contra la naturaleza de la protesta. Asimismo, el derecho penal criminaliza a las personas por el simple hecho de manifestarse y, en el caso de los medios, se concentran más en la violencia que en las demandas de quienes salen a protestar”, finalizó. El investigador sostuvo que esta problemática obedece a unas políticas de Estado y no sólo de la Alcaldía de Bogotá.
Mientras la Alcaldía, la Secretaría de Seguridad y la Policía se limitan a decir el ya tradicional “estamos investigando”, para los expertos queda en evidencia que hay que revisar las reglas de juego a la hora de enfrentar la protesta, para que casos como el de la Plaza de Bolívar no se repitan.