Las cuentas del transporte público en Bogotá

Uno de los aspectos más sorprendentes para los especialistas y tomadores de decisión que visitaron durante una década el sistema Transmilenio era el hecho de que el sistema fuera “sostenible financieramente”. Es decir que los costos operacionales (buses, conductores, personal de Transmilenio, sistema de recaudo, administración de patios) se pagaban totalmente con la tarifa que se cobraba a los usuarios.

A mediano plazo se vio que esto podía no ser lo más adecuado: ser tacaño para garantizar la sostenibilidad implicaba sacrificar calidad de servicio y acceso a los más pobres, ambos fenómenos evidentes en Transmilenio.

La situación actual es diferente. Transmilenio ha dejado de ser autosostenible y hasta ahora el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) es claramente deficitario. El costo de su implementación supera los $750 mil millones previstos inicialmente y podría ser mayor a $1 billón. ¿Qué han ganado los bogotanos a cambio de destinar cada vez más recursos de los impuestos al transporte público?

Por un lado, con el experimento de reducción de la tarifa fuera de hora pico, se generó una leve disminución de la congestión en las horas pico, aunque no un cambio en términos de equidad. Esto porque fue una rebaja de tarifa para todos los ciudadanos sin enfocarla en quienes realmente la necesitaban. Este paso sí se dio con la introducción del subsidio enfocado a la población más pobre y sisbenizada para usuarios del SITP.

Por otro lado, con esa tendencia de entregar más recursos públicos al transporte, se paga la fuerte ineficiencia del SITP, su baja ocupación causada por la competencia del transporte tradicional, el incumplimiento de algunos de los operadores privados y eventualmente, fallas en los contratos vigentes.

La situación que enfrenta Bogotá es similar a la de otras ciudades colombianas: La modernización del transporte público a través de una cooperación entre el sector público y empresas privadas requiere de altas inversiones y de medidas que eliminen el transporte pirata. Este desaparecerá en la medida en que se brinde un transporte de alta calidad, que implica mayores costos a los que estuvimos dispuestos a pagar.

A nivel nacional, el Ministerio de Transporte debe permitir nuevos mecanismos de financiación de la operación del transporte público. Las ciudades por su parte deben ser cuidadosas en la manera en que diseñan subsidios y los controlan. Debe determinarse qué se desea en términos de calidad y equidad a cambio de pagar un mayor costo. El problema puede agravarse aún más si no se miran con lupa los esquemas de APP´s de transporte que proliferan en todas las ciudades principales colombianas.

¿Se adecúan e integran adecuadamente estas iniciativas al sistema existente y los planes de movilidad y urbanos de largo plazo de las ciudades? ¿Los costos para los usuarios y para el Estado son razonables? ¿Existen mejores opciones en términos de transparencia, manejo de riesgos y control por parte del sector público?