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No ha sido fácil aterrizar el fallo del Consejo de Estado que ordenó la protección de los cerros orientales en Bogotá. En los últimos seis meses el Distrito ha tenido que evaluar su situación ambiental, identificar cuántas familias deben ser reubicadas, cuántas canteras funcionan en la zona, cómo legalizar los barrios que están en el borde oriental y cómo financiar la recuperación de este pulmón de la Capital.
Por eso, y ante la incertidumbre administrativa, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor expidió un decreto que traza un mapa de cómo cumplir la sentencia y delega funciones específicas para todas las entidades involucradas y responsables de la recuperación de los cerros. De igual forma, fija plazos específicos para darle cumplimiento al fallo del alto tribunal lo antes posible. El decreto expedido por la Secretaría cumple con la obligación que consistía en adoptar el plan antes del 13 de junio.
Por ahora, lo que queda pendiente es la misión ordenada a la Secretaría de Planeación, el Ministerio de Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), entidades que tendrán que formular el “Plan de manejo del área de canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura de la franja de adecuación” antes de 2015. El objetivo de estos planes de manejo, contemplados en el fallo del Consejo de Estado, será el de “proyectar una gran zona de aprovechamiento ecológico” en los Cerros.
Para hacer el seguimiento de los avances y el cumplimiento de la decisión del Alto Tribunal, la Secretaría General señaló que existirá un Comité Interinstitucional para la Coordinación de la Actuación Administrativa en el manejo de los Cerros Orientales. Este grupo estará conformado por 11 entidades del Distrito, que tendrán que reunirse cada dos meses.
Primeras tareas
Una de los primeras tareas a resolver es la de volver a delimitar el área protegida de los cerros, misión que está en manos de la Secretaría de Planeación. Como quedó escrito en el fallo, la Administración Distrital debe definir el área de reserva, excluyendo las casi 1.000 hectáreas que han sido urbanizadas en los últimos años. Antes, sin embargo, es necesario que Planeación defina cuántas licencias urbanísticas han sido entregadas en la zona de recuperación ambiental.
Por su parte, la subdirección de asuntos locales de la Secretaría de Gobierno tiene seis meses para entregar un diagnóstico explicando cuántas construcciones hay en los cerros orientales, cómo están distribuidas (cuentan o no con licencia de construcción) y cuántas “querellas o expedientes por violaciones urbanísticas” se han registrado en la zona.
En una carrera contrarreloj, también debe quedar listo el “Plan de reubicación y asentamientos humanos”, que contempla la reubicación de familias que viven en zonas de los cerros orientales que están catalogadas con riesgo alto no mitigable. Será la Caja de Vivienda Popular la que coordine la ejecución del plan de reubicación. Además, las secretarías de Hábitat y Planeación tienen 20 meses para “legalizar los asentamientos que quedaron excluidos del área de reserva forestal”.
En manos de ambas entidades también está la legalización del barrio Aguas Claras, ubicado en el borde oriental de la localidad de San Cristóbal. La Secretaría General llamó la atención para que este año solucionen la situación de este sector. El decreto, valga la pena decirlo, ratifica la prohibición de expedir licencias de urbanismo en la zona de reserva forestal. En la zona de adecuación, en donde existen asentamientos, los curadores deberán abstenerse de expedir licencias hasta que esté el “Plan de manejo del área de canteras”.
En materia de protección ambiental quedó establecido que antes de 2016 tendrá que existir una zona de aprovechamiento ecológico “con elementos recreativos”. De otro lado, las alcaldías locales de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme tendrán la obligación de crear estrategias de prevención para que los cerros no sigan siendo urbanizados.
¿Qué ha hecho el Distrito?
Hasta el momento se sabe que las secretarías de Hábitat, Ambiente y Planeación ya comenzaron a definir la redelimitación de la zona de reserva en los cerros orientales. En el tema de licencias de urbanismo, la Secretaría de Planeación le dijo a este diario que con respecto a los barrios que están en proceso de legalización “se iniciará el proceso de solicitud de conceptos de servicios públicos”.
Sobre el proceso de reubicación, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (Idiger) sostuvo que en los cerros “se encuentran 1.216 familias inscritas en el programa de reasentamiento. De hecho, 539 familias ya han sido reubicadas. Las restantes se encuentran en proceso de reasentamiento. Se ha realizado actualización de conceptos técnicos para analizar el estado de amenaza y riesgo de los territorios”. La alcaldía local de San Cristóbal y la Caja de Vivienda Popular han invertido cerca de $10 mil millones para reubicar a familias en viviendas seguras. A la fecha, 269 han sido reubicadas en la localidad.
Al proceso de reasentamiento, como le dijeron voceros de la Caja de Vivienda Popular, “le hace falta la relimitación de la reserva para incluir dentro de la base de datos a las familias que no están registradas”. De hecho, el barrio Aguas Claras todavía no ha sido legalizado”. Fuentes de la Secretaría de Ambiente le dijeron a El Espectador que, pese a que la entidad ha avanzado en la identificación de canteras y en la recuperación de fuentes hídricas, “mientras no se estructure la parte financiera es difícil cumplir con el plan de manejo. No estaría listo en menos de un año”.
A pesar de que ya está en marcha el plan para proteger los cerros, aún hay falta mucho por hacer, con el fin de tener un plan integral. Por ejemplo, para recuperar los recursos hídricos es necesario articular el fallo con la sentencia del río Bogotá y estructurar planes de manejo para las cuatro subcuencas. Además, es necesario adecuar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para dar cumplimiento con el fallo del Consejo de Estado. Por ahora, la zona de aprovechamiento ecológico, como lo pudo confirmar este diario, no ha comenzado a estudiarse.
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@santiagov72