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La mitad de la casa de Luis Acosta se precipitó sobre la base de la montaña en la noche del lunes. Sus recuerdos son vagos. Dormía en el momento en que un torrencial aguacero hizo estragos en el barrio El Oasis, de Altos de Cazucá, en Soacha. Al despertar encontró que su ropa y los utensilios de cocina se fueron cuesta abajo. Escuchó gritos de auxilio de personas atrapadas, pero no podía ver con claridad qué había sucedido. En cuestión de segundos, los vecinos se acercaron hasta ese punto y empezaron a ayudar a los más afectados. Él seguía aferrado a un tronco de madera que hacía las veces de viga de la casa y a su lado seguía corriendo el agua. “Casi no salí porque tenía miedo. El agua se había llevado todo”, dijo Acosta, quien vivía en la zona desde hace cinco meses, con su hermano y su cuñada.
Otros, al asomarse, encontraron que sus casas milagrosamente no habían sufrido ni un rasguño. La explicación: una camioneta cargada de reciclaje, que estaba parqueada sobre una vía de la montaña, logró detener la avalancha. Sin embargo, junto a los escombros y a las casas que se levantaban con debilidad seguía corriendo un caudal de aguas negras que, según los vecinos, cobró fuerza cuando se acentuaron las lluvias.
Cuando llegaron los Bomberos encontraron que tres de sus vecinos, una mujer y dos niños, fallecieron en el deslizamiento. Fueron identificados como María Joaquina Velásquez, de 47 años, quien era mamá de Lucila y Jesús María, de siete años y 24 meses respectivamente. Los organismos de emergencia lograron trasladar a ocho personas al Hospital Cardiovascular de Soacha. Mientras la mayoría se recupera satisfactoriamente. Una niña de cinco años que sufrió trauma severo de cráneo permanece bajo pronóstico reservado. (LEA: Tres muertos por deslizamiento en Soacha)
En el transcurso del día, cuando las autoridades decidieron desalojar a los residentes de 18 casas informales, los vecinos trataban de rescatar los enseres que se había llevado la corriente. En sus brazos llevaban plantas, ropa, gallinas y hasta un conejo. “Es todo lo que tenemos”, agregó Luis, quien esperaba a que su hermano lograra recuperar la mayoría de objetos que se fueron cuesta abajo. “Hasta ahora no nos han ayudado y no nos dan una respuesta clara de qué va a pasar con nosotros”.
Entre tanto, el alcalde de Soacha, Eleázar González, asegura que fueron habilitados albergues para las familias afectadas, mientras avanza el plan de reubicación de los habitantes. Sin embargo, puntualizó que más de 46.000 residentes de Altos de Cazucá —principalmente de barrios informales— están en riesgo por posibles deslizamientos. Por eso se unió a la petición del Concejo municipal para exigirle a la nación apoyo económico con el fin de prevenir nuevas calamidades en la zona.
Treinta municipios en riesgo
Cada vez que llega una ola invernal al país, Cundinamarca es uno de los departamentos que reportan los mayores índices de damnificados. Derrumbes, inundaciones y hasta muertos hacen parte del panorama por esta temporada. Aunque se han hecho numerosos análisis de riesgo en los puntos más críticos, la atención parece insuficiente.
Esa fue la conclusión a la que llegó ayer Jorge Emilio Rey, gobernador del departamento, quien le pidió ayuda urgente al Gobierno Nacional: “Hago un llamado a las autoridades para que no hagamos más análisis de una situación de riesgo que está sobrediagnosticada. Se requieren acciones y que ejecutemos obras”.
La petición no es nueva. En marzo, cuando se presentaron fuertes lluvias, hizo el primer llamado al presidente Juan Manuel Santos. Mientras esperan, las autoridades de gestión de riesgo monitorean los niveles de los ríos y quebradas y han reubicado a decenas de personas que viven cerca de los afluentes.
Rey aseguró que se han presentado emergencias en 30 municipios, lo que ha dejado 1.386 familias damnificadas. Según el mandatario, la ola invernal ha sido muy fuerte y en algunas zonas del departamento ha llovido hasta 14 horas continuas. Por eso, la Unidad de Gestión del Riesgo de Cundinamarca hizo una declaratoria de alerta roja para todos los municipios que están en la ribera de los ríos Sumapaz, Negro y Magdalena, y alerta naranja para la cuenca baja del río Bogotá.
Hasta el momento se han invertido $3.300 millones en la atención de 900 familias afectadas, obras de atención y prevención de emergencias, operación de maquinaria para atención de vías terciarias, remoción de derrumbes y arreglos en redes de acueducto y alcantarillado.
Para Wilson García, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, una de las grandes conclusiones que dejará esta ola invernal es que el país gasta más presupuesto en damnificados que en obras de mitigación: “A Colombia le falta adquirir una mayor conciencia de destinar recursos para ejecutar obras que eviten estas catástrofes”.
García resalta que siempre son los mismos municipios los que por esta época tienen problemas de deslizamientos e inundaciones. Por ejemplo, en Puerto Salgar, en el sector de Las Islas y Primero de Mayo, es frecuente que las autoridades les pidan a las familias que viven a orillas del río Magdalena que se desplacen a otros puntos. Aunque el Estado les brinda su apoyo e incluso les ha entregado viviendas en otros sectores, las personas vuelven a ese lugar riesgoso.
Es importante, señala García, que los municipios hagan cumplir la ley y establezcan en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) las zonas de riesgo a partir de estudios detallados: “Ahora, en esta reglamentación debe haber un capítulo que incluya los riesgos y las amenazas de los lugares. Es momento de que los alcaldes la hagan cumplir y obliguen a los ciudadanos a salir de estas zonas”.