'De no cuidar la reserva y la región, firmamos sentencia de muerte'

Brigitte Baptiste reconoce que con los nuevos límites de la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Bogotá está en juego el agua de la región y se necesita conciencia por parte de los municipios.

Verónica Téllez Oliveros
14 de febrero de 2014 - 01:21 a. m.
Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, critica que las urbanizaciones en zonas como la sabana no respeten la biodiversidad propia de la región, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de la zona. / Óscar Pérez
Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, critica que las urbanizaciones en zonas como la sabana no respeten la biodiversidad propia de la región, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de la zona. / Óscar Pérez

Hace 14 días, el Ministerio de Ambiente firmó la resolución que le dio vía libre a la nueva delimitación de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá. En ella, la zona protegida se redujo de 245.147 a 94.161 hectáreas. Una decisión que tendrá repercusiones en el rumbo de 44 municipios del departamento, incluyendo a Bogotá, y que dejó preocupados a ambientalistas, como Julio Carrizosa, que considera que se puso en peligro la mitad del agua que consume Bogotá.

Al respecto, El Espectador habló con Brigitte Baptiste, la directora del Instituto Humboldt, que lideró los estudios técnicos y recomendaciones en los que se basó la decisión del Ministerio. Ella reconoce los riesgos que hay para la región y advierte que la CAR y los alcaldes municipales tienen la responsabilidad de evitar una catástrofe ambiental para la zona central del país, evitando los excesos de la agricultura, ganadería y urbanización sin control.

¿Qué piensa de la nueva delimitación?
La decisión final de los límites y la realinderación la construimos con información a escala 1/100.000 en la que hay buena información y la resolución de los mapas se presta para hacerlo sin especular y sin improvisar. Obviamente nos hubiera gustado que la reserva fuera un poco más amplia para incluir zonas críticas dentro de la función que debe ejercer la figura de conservación. Pero primaron razones prácticas en términos de la capacidad de gestión de zonas que quedaban muy separadas y aisladas, en donde el ejercicio de ordenamiento se vuelve de microordenamiento y que con la escala que teníamos no era factible.

¿Qué le preocupa con la nueva redelimitación?
Si hemos hecho un esfuerzo para asincerar la gestión territorial, debe ser correspondido por las alcaldías y la CAR incrementando las inversiones para tener buenos Planes de Ordenamiento Territorial y, eventualmente, otras figuras de manejo ambiental. No se removieron las barreras al desarrollo de la región, sino al contrario, se crearon las condiciones para que el desarrollo se piense de manera más sostenible. Es un riesgo grande. Estamos apostando a que la región no tiene excusa para no hacer un buen manejo ambiental.

¿Cuál es la importancia de proteger, por fin, la reserva?
La función para la cual fue creada es proteger la captación de agua de la zona de mayor importancia económica de Colombia, es decir, la sabana y sus municipios. La mayor parte del PIB se produce acá, el 30% o 35%, y parte de esa economía está basada en la disponibilidad de agua. Además, acá vive una cuarta parte de la población del país. Si no hay un buen manejo ni protección del recurso hídrico, entonces estamos suicidando la economía.

El experto ambiental Julio Carrizosa dice que con la realinderación se puso en peligro la mitad del agua de Bogotá...
Estoy de acuerdo con Julio, pero soy moderadamente optimista en que las instituciones, la CAR y los municipios lo entiendan y lo vean como una oportunidad de reorganizar su territorio. Si el proceso termina en la resolución, será un desastre. Indudablemente Bogotá y la región habrán firmado su sentencia de muerte. De no actuar responsablemente los municipios, de no asumir su responsabilidad ambiental a fondo, firmamos nuestra sentencia de muerte. Porque con el cambio climático y la tendencia a la aridez que está anunciada para todo el altiplano, el agua está en riesgo.

¿Qué viene ahora para la reserva?
El área protegida debe ser manejada con los criterios más estrictos de protección de la función hídrica. Y el área que se sustrajo también, pero en acuerdos con los sectores productivos de floricultores, industriales, la sociedad civil, con los urbanizadores. La promesa es que hay unos estudios contratados por la CAR, que estarán en poco tiempo con cartografía 1/10.000 de calidad, con base en los cuales hacer un ejercicio de ordenamiento juicioso del territorio que garantice los servicios ecosistémicos.

¿No es demasiada responsabilidad, o libertad, para los propietarios de tierras y autoridades municipales?
Hay varias paradojas que sólo se pueden resolver a medida que pase el tiempo y haya conciencia pública de nuestros alcaldes y tomadores de decisión. Quienes quieren vivir en la naturaleza, lo que compran a las urbanizaciones de lujo es paisaje. Si no se garantiza la calidad del paisaje, en vez de valoración de estos proyectos urbanísticos, lo que habrá es depreciación. Si esa idea del bosque y la naturaleza acaba en casas estrato 6 en medio de canteras, sin servicios públicos, las pérdidas van a ser gigantescas. A eso se están arriesgando los alcaldes. Chía es un verdadero desastre de ordenamiento territorial y la gente se está yendo.

¿Entonces qué debería pasar con la urbanización en la zona que quedó fuera de la reserva?
Debe haber un estatuto ambiental genérico para las urbanizaciones rurales o los condominios. Obviamente en términos de densidad y en el manejo del espacio verde, porque la tendencia de éstas es a sustituir la biodiversidad nativa por pasto, araucarias y flores surafricanas. Los jardines de los condominios deben seguir unos parámetros. Pero implica también un cambio cultural de los propietarios. Indudablemente la fauna tiene prioridad en el uso del territorio frente a otras actividades que pueda plantear la gente, por rica que sea.

¿Qué va a pasar con las actividades actuales como la agricultura?
Todos los usos agropecuarios tienen que reconvertirse para cumplir con funciones ecológicas. Hay que hacer ganadería eficiente con forrajes y tecnologías amigables. La restauración ecológica también es una prioridad. El uso del agua por parte de los privados tiene que reglamentarse de mejor manera.

¿Cómo hacerlo?
Es algo que habrá que empezar en términos de deberes y derechos de uso del agua. La agricultura y los proyectos turísticos van a depender de la oferta de agua. Si no hay un buen manejo del territorio, la oferta de agua se va a venir al suelo. Hay que combinar la demanda y la oferta por actividad económica. Yo no creo que podamos decir que todo está echado a perder. El área urbanizada de la reserva es sólo el 10%.

¿Qué municipios deben estar alerta tanto con sus terrenos de reserva como con los que fueron sustraídos?
Uno es Subachoque, porque su paisaje lo hace distinto a la mayoría de municipios de la Cuenca y tiene condiciones únicas. Si lo que hace es transformarlo a la manera que hizo Chía, es convertir una región privilegiada en un tugurio. Si en los próximos dos años urbanizan una gran cantidad de zonas rurales para vender paisaje, sin tener agua suficiente, destruyendo el patrimonio, en 20 años eso es un desastre. Al municipio de Subachoque le vamos a poner unas cámaras de satélite que día a día vayan demostrando si aprendimos o no la lección de la sostenibilidad.

¿Qué planes tienen los alcaldes?

Ómar Salamanca- Alcalde de Subachoque
El alcalde de Subachoque asegura que impulsará la agricultura orgánica y las buenas prácticas ganaderas. “No aceptamos la minería y si hay alguna solicitud nos opondremos”, dice el mandatario. Frente a posibles coqueteos de urbanizadores, dice que no va a incrementar la urbanización de los campos ni la industrialización. “El objetivo es mantenerlo verde y ecológico”.

Néstor Guerrero- Alcalde de Cogua
“Somos conscientes de que además de la reserva, nos cobija el régimen de páramos, porque aquí está ubicado Guerrero y los cultivos tienen que estar lejos. También tomé la decisión de que no se sigan haciendo urbanizaciones, porque no tengo soporte para garantizar servicios públicos. Sólo se puede hacer vivienda particular. Quiero que Cogua siga siendo tranquilo, que no pase urgencias como otros municipios, que se van a saturar”.

Francisco Pedraza - Alcalde de Guasca
Pedraza afirma que quiere continuar con el perfil ecoturístico de Guasca. Sin embargo, hay bastante cultivo de papa, que genera fuerte impacto ambiental. En cuanto a la urbanización, dice que en las zonas que no sean de bosque ni páramo, “de pronto se permitirán desarrollos urbanísticos pero no como en La Calera, sino 2 o 3 viviendas por hectárea. No quiero que se convierta en un Chía ni en un Tocancipá”.

vtellez@elespectador.com

@VeronicaTellez

Por Verónica Téllez Oliveros

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