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Mediante un incidente de desacato, el pasado 26 de mayo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio un ultimátum a nueve entidades vinculadas al fallo que decretó tomar acciones urgentes para descontaminar la cuenca del río Bogotá y sus afluentes. En el auto, el alto tribunal le dio tres días a los responsables para explicar por qué incumplieron lo ordenado por el Consejo de Estado en 2014. De no hacerlo, podrían pagar una multa de hasta $25 millones o, incluso, sus representantes podrían ir a la cárcel.
El documento se refiere específicamente a los atrasos en las obras de construcción de la estación elevadora y la planta de tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) de Canoas. La construcción de ambos proyectos fue ordenada por el Consejo de Estado en 2014, cuando en un histórico fallo trató de solucionar una de las catástrofes ambientales más graves del país: el estado de contaminación del río Bogotá. En esa sentencia, el máximo tribunal le dio 72 órdenes a 19 entidades de la nación, 46 municipios, y a una lista de empresas privadas.
Según la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a más tardar el 28 de febrero de este año, el Distrito capital, a través de la Empresa de Acueductos de Bogotá, debía presentar los diseños de la primera fase de la planta de tratamiento de Canoas y de la estación elevadora, así como el cierre del estado financiero para la construcción de las mismas. Con estos estudios concluidos, los ministerios de Vivienda y de Ambiente podrían buscar financiación para ejecutar los proyectos.
Pero llegó el 28 de febrero y la Empresa de Acueductos de Bogotá no cumplió. Según el documento, la entidad presentó “los diseños de ingeniería de detalle de la Fase I de la Planta de tratamiento de aguas residuales Canoas”, más no enseñó el diseño de la estación elevadora, y además, “las entidades a cuyo cargo se encuentra el cierre financiero tampoco lo presentaron, y, así mismo, no se encuentran las gestiones del gobierno nacional ante la banca internacional para la consecución de un crédito” para cubrir el costo de las obras.
Fue por estos hechos que la magistrada del Tribunal Administrativo Cundinamarca, Nelly Villamizar, decidió abrir un proceso de desacato contra estas entidades. Además extendió el llamado de atención a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el Distrito Capital, la Secretaría Distrital de Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Vivienda, la Gobernación de Cundinamarca, el Fondo Nacional de Regalías (en liquidación) y Emgesa.
Villamizar ya había avisado lo que estaba por venir. En una entrevista publicada el 25 de mayo en El Espectador, la jueza advirtió que de no limpiar el río, los responsables serían sancionados. Señaló además que los retrasos no solo están en la construcción de las plantas de tratamiento y en la estación elevadora, sino también en los Planes de Acueducto y Alcantarillado, la actualización de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomca) y la reubicación de más de 150 curtiembres de San Benito y Villapinzón que contaminan directamente el río.
Hoy, primero de junio, se cumple el plazo para que las entidades contra las cuales se abrió el desacato justifiquen sus retrasos, o, en el caso de la CAR de Cundinamarca, se pronuncien sobre los trámites que debe adelantar Emgesa para el uso de las aguas del río Bogotá en la estación elevadora. El Espectador trató de comunicarse con las entidades responsables, pero ninguna respondió sobre lo que enviarían al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para demostrar que efectivamente han avanzado en la limpieza del río que atraviesa la capital del país.