Los abogados de las nueve personas señaladas por las autoridades de participar en una serie de atentados en Bogotá, entre las que se incluye la del centro comercial Andino, emitieron en la mañana de este miércoles un comunicado en el que rechazaron los pronunciamientos públicos emitidos por la Policía y la Fiscalía desde el día en que se produjeron las capturas. (Lea también: Con hermetismo avanza la audiencia por ataque al Andino)
Indicaron que se afirmó "de manera calumniosa" la pertenencia de sus defendidos al grupo Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp) y “la autoridad de esa organización y en extensión de todos los capturados en los lamentables hechos ocurridos en el centro comercial Andino". A su juicio, se vulneraron principios y garantías constitucionales como el debido proceso y la presunción de inocencia.
"Condenamos la deslealtad procesal de la Policía y la Fiscalía al haber filtrado a los medios de comunicación elementos de prueba cobijados con el manto de reserva y que se hicieron públicos, incluso antes de haberlos conocido como abogados defensores", dijo el jurista David Uribe, apoderado de dos de los detenidos.
Por otra parte, afirmaron que la familia de Iván Darío Ramírez –quien quedó en libertad el pasado lunes luego de que el juez consideró que hubo fallas en su detención– ha sido, al parecer, víctima de seguimientos que consideraron irregulares. "En la noche del 26 de junio, mientras se movilizaban en un carro personal, los padres, hermano, novia y sobrino de siete años de Iván Darío fueron seguidos por un vehículo presuntamente de la Sijín y luego, interceptados por dos unidades de la Policía, siendo intimidados con arma de fuego, requeridos por su identificación e interrogados de manera intimidante".
Los abogados calificaron las afirmaciones de las autoridades como "temerarias y calumniosas".
Durante la noche del martes culminó la audiencia de formulación de imputación en contra de los supuestos implicados, quienes no aceptaron los cargos.
Para hoy está prevista que se desarrolle la audiencia en la que la Fiscalía solicitará ante el juez de garantías la medida de aseguramiento en contra de los procesados.