A demoler obras en la U. Distrital

La U. Distrital tendría que demoler obras que costaron casi $20.000 millones. / Archivo

 Los líos por obras en las sedes de la Universidad Distrital parecen no tener final. Tras las denuncias que rodearon la construcción de las instalaciones en la localidad de Bosa, el concejal Julio César Acosta denunció que un contrato firmado en 2011, para reforzar la estructura de la sede de La Macarena (ubicada en los cerros orientales) y que costó $19.296 millones, sobrepasó lo autorizado en la licencia de construcción y, para completar, se hicieron obras en zona de reserva forestal. Ahora lo grave es que hay una orden administrativa (en apelación) que ordena demoler todo lo que se edificó.

La polémica nació en octubre de 2009, cuando la U. Distrital le pagó a la firma Bonus Banca de Inversiones S. A. $280 millones para que estructurara tres proyectos: la remodelación de la biblioteca, la construcción de la sede en Bosa y el reforzamiento estructural en La Macarena. Por esta última propuesta, la sociedad indicó que se debían invertir $256 millones. Vino entonces el primer problema cuando la institución pidió a la Curaduría 4 una licencia de construcción para el reforzamiento.
En diciembre de 2009 la entidad suspendió el trámite, ya que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca prohibió expedir licencias en áreas de reserva de los cerros orientales. La U. Distrital instauró una tutela, invocando su derecho a la seguridad, a la integridad física, a la educación y al debido proceso. El 3 de febrero de 2010, un juzgado civil le ordenó a la Curaduría 4 expedir la licencia en 48 horas, al considerar que los estudiantes corrían riesgo en caso de un sismo.

La Curaduría 4 cumplió la orden, pero precisó que su decisión obedecía a una orden judicial “sin sustento técnico o urbanístico”. Y agregó: “La presente resolución no aprueba modificaciones, ni usos, ni aspectos volumétricos”. Es decir, que por dos años otorgaba permisos sólo para reforzar la estructura.

El 29 de julio de 2011 la universidad le adjudicó la obra al consorcio Canaaan Contein por $13.366 millones, en el que se incluían los $256 millones para el reforzamiento, más la ampliación de la planta física. Dos meses después se hizo una adición por $1.300 millones. Todo esto, para el concejal Acosta, era indebido, porque no tenían los permisos.

Desde antes, la institución, al parecer, estaba violando la norma. En abril de 2011 construyó sin permiso ocho aulas modulares para que los estudiantes tuvieran clases mientras se adelantaban las obras. Esto se denunció ante la alcaldía local de Santa Fe, la cual inició pesquisas que duraron dos años. En ese lapso se hicieron cambios al contrato para ampliar los plazos de la obra. Pero el más llamativo fue el que se hizo el 6 de diciembre de 2013, que fue una adición por $4.650 millones.

Estos nuevos recursos se invertirían en obras complementarias que, según las averiguaciones de Acosta, también eran ilegales, como el Plan de Integración Ambiental (PIGA) para el manejo de residuos, redes eléctricas y de comunicaciones, construcción de un sendero ecológico, una cafetería y la adecuación del auditorio. Sin embargo, a los 10 días de haber girado estos dineros, la alcaldía local de Santa Fe dio el primer golpe: ordenó demoler los modulares, ya que estaban en zona de reserva forestal y la licencia no permitía estas estructuras. Las directivas apelaron y ahora el proceso está ante el Consejo de Justicia de Bogotá, órgano superior de las alcaldías locales.

La licencia de construcción expiró y la universidad solicitó la prórroga ante la Curaduría 3, pero ésta la negó en julio pasado. Por este motivo, la alcaldía local, junto a la Personería, hizo otra visita para verificar las obras y corroboró que los permisos estaban vencidos.

En el informe del ingeniero que asesora a la alcaldía local, con fecha del 5 de agosto, se estableció que las aulas modulares siguen en pie, que sí se construyó el sendero ecológico, que se construye la cafetería y que la instalación de los ascensores está incompleta. Y concluyó: “El área que se construyó sin permiso es de 4.110 m2. Por edificabilidad, el área de la cafetería deberá ser demolida, toda vez que no está permitido este tipo de trabajos en la zona de los cerros orientales”.
Esta situación conllevó a que el alcalde local, Carlos Rodolfo Borja, ordenara a la Policía el pasado 14 de agosto el sellamiento de la obra. Asimismo, el 17 de septiembre formuló pliego de cargos contra la Universidad Distrital.

El rector de la institución, Roberto Vergara Portela, explicó que “en la administración de Carlos Ossa Escobar se puso una tutela con la que se logró que la Curaduría 4 otorgara una licencia para hacer el reforzamiento estructural. Se inició, se hizo una licitación y ese reforzamiento y la adecuación de La Macarena costaron $14.000 millones. Al hacer el reforzamiento se intervinieron otros espacios, porque la norma lo permitía. Se adecuó la sede a los estándares del siglo XXI, mejorando baños y dotándola con instrumentos de nueva tecnología. La Personería dijo que no se tenían licencias para hacer esas adecuaciones, pero se le demostró que por ley un reforzamiento también implica la adecuación de unos espacios. Las obras se hicieron para preservar la vida de los estudiantes”.

El funcionario agregó que cumplieron con todos los requisitos legales y que la adición de más de $4.000 millones correspondía a una necesidad, e indicó que la Personería, a pesar de que advirtió que el reforzamiento valía $250 millones, no tuvo en cuenta que el proyecto en general tenía otras contemplaciones. Finalmente, concluyó que en el tema de los modulares ellos los adquirieron en 2010 para mover a algunos estudiantes. “Los modulares se instalaron con la misma licencia. Se ha dicho que hay que demolerlos y es cierto, pero los trasladaremos a la sede de Paiba cuando terminen las obras. Esperamos terminar la obra en año y medio, luego de que nos renueven la licencia. Pero algo que tenemos claro es que la sede y los trabajos no se van a demoler”.

Las directivas de la U. Distrital afirman que todo se retrasó por la caída del POT del alcalde Gustavo Petro. En la otra orilla, el concejal Acosta sostiene que la inversión de casi $20.000 millones se perderá, ya que tendrán que demoler lo construido por la falta de licencia y estar en reserva forestal. Por eso, solicitará investigaciones disciplinarias y penales. Por ahora la alcaldía local de Santa Fe sigue el proceso que definirá la suerte de las obras que por ahora parecen tener un futuro incierto.