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La semana pasada la Controlaría General de la República acabó con su ronda de mesas deliberativas, que comenzaron en marzo y en las cuales todos los sectores de la sociedad evalúan la gestión pública y los riesgos de corrupción en cada uno de los departamentos. En el caso de Cundinamarca, algunos resultados son alentadores. Por ejemplo, el territorio tiene un buen desempeño fiscal y eso quiere decir que es una entidad financieramente sostenible. Pero hay otros puntos que aún preocupan, como que casi la mitad de los municipios tienen denuncias de corrupción. Así lo aseguró Floralba Padrón Pardo, contralora delegada de Participación, quien agregó que con este diagnósticos la Contraloría planeará las estrategias que cuiden del presupuesto de $2 billones 194.984 millones que la Dirección Nacional de Planeación destinó para el departamento en 2015.
¿Por qué es tan importante realizar este primer diagnóstico?
A partir de estas 33 mesas deliberativas que se han realizado en todo el país, la Contraloría General de la República, a cargo de Edgardo Maya Villazón, quiere que planteemos una estrategia sobre control fiscal participativo. Este es un asunto que nos debe interesar a todos porque con el apoyo de la ciudadanía realizaremos el control de la gestión pública de las entidades.
¿Cuáles fueron los resultados en la mesa de Cundinamarca?
La mesa arrojó, principalmente, problemas medioambientales, de desarrollo regional, de infraestructura y del impacto de estrategias de género. Estos se priorizaron con ayuda de las organizaciones de la sociedad civil. Otro de los resultados es que 56 de los 116 municipios que hay en Cundinamarca tienen denuncias de corrupción. Eso equivale al 48%. Ahora bien, la gente denuncia, específicamente, temas de contratación pública, irregularidades en administración, disposición de recursos, la no ejecución de obras, inversión social, falta de planeación, regalías, vivienda, proceso electoral y ola invernal, entre otros.
Entre esos temas, ¿cuáles resultaron ser los proyectos que hay que vigilar más de cerca?
En este momento apenas estamos consolidando la información. Pero puedo contar que uno de los proyectos cruciales en el departamento de Cundinamarca, y al que se le hará un detallado seguimiento, es la recuperación del río Bogotá. Este recorre varios municipios que están a la orilla de las cuencas alta, media y baja y por eso la mayoría de grupos insistió en establecerlo como prioridad. Otro tema del que se habló fue la vigilancia de la construcción de las vías terciarias. Hace poco se entregó una de estas vías en el municipio de Cáqueza. La Contraloría estuvo al pie de la ejecución de la obra, que fue un éxito, así que esperamos repetir la experiencia en cada municipio que lo requiera. También estamos muy pendientes de macroproyectos de infraestructura, como el tren de cercanías de la sabana de Bogotá y la ampliación de Transmilenio que comunica a Soacha.
¿Cuáles son las entidades más denunciadas?
A partir de las denuncias que llegaron puedo decir que las entidades más acusadas son la Corporación Autónoma Regional, las alcaldías municipales, la Cámara de Comercio de Facatativá, la Aeronáutica Civil, el Instituto Nacional de Vías, el Instituto Nacional de Concesiones, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras, el Ministerio de Vivienda, el Icetex, el Instituto Nacional de Bienestar Familiar y la Agencia Nacional de Infraestructura.
¿Cuál sería , entonces, el balance?
Digamos que Cundinamarca se encuentra en la media nacional, es decir, normalmente las entidades departamentales de la Rama Ejecutiva son denunciadas, pero hay unas que sobrepasan los límites. Este no es un departamento que presente graves problemas. Por ejemplo, resaltamos que, por lo visto, Cundinamarca es el territorio más educado, a pesar de que siempre se dice que es Antioquia. Los índices de alfabetización y cobertura son superiores al resto. También es de destacar que tiene un desempeño fiscal que la muestra como una entidad financieramente sostenible. Sin embargo, tiene denuncias, y sobre todo proyectos enormes, como los de infraestructura y los ambientales, que merecen observarse con lupa.
¿Qué va a pasar con la información recaudada y socializada?
Es importante que las personas sepan que sus denuncias no se echan en un saco roto. Se tramitan y terminan siendo actuaciones especiales, procesos de auditoría, o se determina un proceso de responsabilidad fiscal. Por ejemplo, con esta mesa se ejecutó control excepcional a la contratación para el mejoramiento de vivienda en Cota y se adelantaron 23 indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal. También se realizó una función de advertencia al departamento frente a la implementación del subsidio familiar de vivienda. Lo importante es que no sólo se haga un control, sino que también haya mecanismos de prevención contra la corrupción para que no existan más fugas y se invierta de manera correcta el presupuesto otorgado o recaudado.