Avanzan investigaciones contra ocho administraciones

A depurar las alcaldías locales de Bogotá

Por la seguidilla de escándalos que reveló la Personería, el alcalde Enrique Peñalosa les pidió a todos los mandatarios la renuncia. Dos ya están fuera.

La situación era insostenible. A pesar de que desde el comienzo el alcalde Enrique Peñalosa resaltó que había primado la meritocracia en el proceso de selección de los alcaldes locales, la seguidilla de irregularidades revelada por la Personería lo llevó a tomar una decisión drástica: les pidió la renuncia protocolaria. Hasta donde se sabe, en principio, el mandatario aceptará cinco de ellas.

La crisis comenzó a cocinarse el año pasado, cuando la Personería empezó a revelar una serie de irregularidades en los procesos de contratación de las alcaldías locales e hizo pública la indagación preliminar contra algunos funcionarios. En el último mes la personera Carmen Teresa Castañeda puso la mira en las administraciones de Santa Fe, Bosa, Suba, Teusaquillo, Los Mártires, Fontibón, Usaquén y Barrios Unidos.

Descubrió posibles anomalías en contratos de arrendamiento, suministro de combustible, obra y mantenimiento de la malla vial local, en los que halló exigencias sin justificación o documentos amañados. Al respecto, varios de los mandatarios señalados han dicho que toda la contratación en sus localidades se ha hecho cumpliendo la ley.

Aunque es evidente que el alcalde Peñalosa toma la decisión tras el escándalo, el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, no lo ve así. “Hoy consideramos que hay una oportunidad de mejora y ese es el motivo por el cual hoy tomamos esta decisión. En este momento no tenemos evidencia de corrupción. Si la tuviéramos, estaríamos denunciando ante la Fiscalía a los responsables. Sin embargo, queremos garantizar que los procesos contractuales se hagan de la mejor manera”. El secretario resaltó que la administración busca recuperar la confianza de los ciudadanos y demostrar que no son ajenos a lo que está sucediendo en las localidades.

El concejal Manuel Sarmiento, del Polo Democrático, considera que esta situación sí es producto del clientelismo: “Ellos fueron nombrados por el alcalde y, aunque el Distrito aseguró que se escogerían por las cualidades, al final se les entregó a los partidos que respaldan a Peñalosa”. Aclara que, aunque este mal ha permeado todas las administraciones, ahora le toca Peñalosa responder, pero considera que el mandatario se demoró mucho tomando la decisión. Ahora cree que hay que estar atentos a saber a quiénes se les aceptará la renuncia: “No podemos permitir que los involucrados en estos hechos continúen en sus cargos”.

El proceso

La elección de estos funcionarios tiene un componente meritocrático en el primer filtro, que realiza la Universidad Nacional, pero de ahí en adelante la designación es política. El trámite es el siguiente: los interesados se postulan, presentan documentos y un examen de conocimiento. Las hojas de vida de quienes pasan el corte quedan a consideración de los ediles de cada localidad, que conforman una terna y se la presentan al alcalde mayor.

Los alcaldes a los que hoy les pidieron la renuncia se presentaron junto con 3.224 ciudadanos, de los cuales 325 pasaron el examen. Las 20 ternas que conformaron las juntas administradoras locales fueron entrevistadas por el alcalde; el secretario de Gobierno, Miguel Uribe; la secretaria general, Dalila Hernández; la secretaria privada, Gisele Manrique, y el director del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, Antonio Hernández. En la mayoría de casos fueron designadas personas que pertenecen a los partidos de la coalición de gobierno.

Ómar Oróstegui, director de Bogotá Cómo Vamos, resaltó que lo importante en esta crisis es indagar en las fallas de la selección, pues después de un largo proceso (que en esta administración duró seis meses), los que resultan electos asumen gran cantidad de tareas y “en ellos se concentra la toma de decisiones en ciertos temas de contratación y recientemente se les sumaron más responsabilidades, como la administración de los parques”.

Sin embargo, más allá de la elección, lo que se debe evaluar es cómo mejorar la gestión local, pues algunas de las localidades tienen más población que muchas ciudades intermedias en Colombia, y ajustar esas tareas no es asunto sencillo, porque están reglamentadas en el Estatuto Orgánico y para modificarlo habría que cambiar la Constitución.

Ante esta reflexión, el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, reconoció que el modelo de elección y las tareas de las alcaldías locales hacen parte de un debate que debe darse. “Hay varios elementos útiles, pero sin duda podría replantearse. Esa es una discusión que tendrán que debatir en el Congreso para la modificación del Estatuto Orgánico de Bogotá”, señaló.

La Veeduría Distrital expidió esta semana una circular en la que puso en evidencia los principales pecados que se cometen en las alcaldías locales, particularmente en las etapas de selección y ejecución de los contratos. En la fase previa se trata de condiciones que restringen la participación de un gran número de oferentes. En la segunda hay falta de seguimiento y control.

El organismo resaltó que, para este año, las 20 localidades tendrán la responsabilidad de ejecutar $1,7 billones en gastos de funcionamiento e inversión. “Las alcaldías de Ciudad Bolívar, con $248 mil millones; Kennedy, con $196 mil millones, y Suba, con $143 mil millones, son las que mayores recursos tendrán que ejecutar para la vigencia 2017”, puntualizó.

Actualmente hay 17 mandatarios locales en titularidad, pues ya había renunciado el de Suba, que salió para asumir un cargo en la Procuraduría, y hace unas semanas lo hicieron los de Teusaquillo y Los Mártires, esgrimiendo motivos personales. No obstante, ya existían dudas sobre su gestión. A pesar de la decisión de pedirles la renuncia y de la intención de enviar un mensaje de depuración en las localidades, Peñalosa no se salva de las críticas, pues es él quien elige a los alcaldes locales.