El desalojo de más de 1.000 personas que invadían los terrenos de una zona de preservación ambiental del río Bogotá, en Suba, terminó en un incendio que, a esta hora, consume los ranchos de madera que se construyeron desde el pasado mes de enero.
A pesar de haber sido notificados por las entidades gubernamentales, varios habitantes de la invasión se han resistido al desalojo y se han enfrentado a la fuerza pública que hace presencia en la zona. En medio del desalojo, los enfrentamientos y el desmonte de las estructuras ya construidas, se inició una conflagración que ha obligado el traslado de cinco máquinas de bomberos para contener las llamas.
Por aspirar el humo y quemaduras leves, mujeres gestantes y niños han sido atendidos por las ambulancias que han llegado al sector. Dos personas han sido llevadas a centros asistenciales, aunque, según informa la CRUE, no reportan gravedad.
El secretario de Gobierno, Miguel Uribe, ha señalado que más de 100 familias que se encontraban en la invasión tienen subsidios aprobados de vivienda, por lo que no deben estar en este lugar. Asimismo, recordó que la diligencia de desalojo se lleva a cabo en cumplimento de una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fecha del 16 de diciembre del 2003, y ratificada por el Consejo de Estado en segunda instancia, el 15 de junio del 2006, que pedía asumir medidas de carácter policivo tendientes a no permitir la ocupación en las zonas de impacto ambiental”.