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Por la descontaminación de Suba

En el barrio Santa Rita, localidad de Suba, los habitantes buscan soluciones medio ambientales para sanar conflictos sociales.

Santiago Valenzuela
27 de septiembre de 2012 - 08:27 p. m.
En el barrio Santa Rita los escombros parecen hacer parte del paisaje. / Luis Ángel
En el barrio Santa Rita los escombros parecen hacer parte del paisaje. / Luis Ángel

A las nueve de la mañana salió una camioneta blindada de la Alcaldía local de Suba al barrio Santa Rita. Al llegar a la calle 138 con carrera 49, unos treinta habitantes del lugar, la mayoría de ellos con canas, salieron a recibirla. Cuando se bajaron dos funcionarios del Distrito, los lugareños comenzaron a aplaudir: había llegado Marisol Perilla Gómez, alcaldesa de Suba.

Entre los espectadores estaban miembros de la Junta de Acción comunal del barrio. Algunos llevaban cachuchas, otros palas y las mujeres ropa cómoda. La razón de este vestuario: limpiar la basura y los escombros que día a día se han ido acumulando en las calles. “Este es un barrio que podría estar en riesgo y yo no quiero que ustedes se vayan. Si no se convierten en gerentes de su territorio no hay nada que podamos hacer” dijo la alcaldesa.

El recorrido comenzó por las esquinas aledañas a la calle 138. Pequeñas montañas de computadores viejos, ropa raída y comida podrida ocupaban los lotes que daban a la calle. Dentro de los caminantes estaba un funcionario de la empresa de limpieza Lime respondiendo las preguntas de los lugareños. "Esto que ven acá no lo podemos quitar, porque están en un lote privado, es necesario que hablen con los dueños primero para que el Lime entre a operar”, decía.

Esta escena se repitió tres veces durante la jornada de limpieza. Pero las esquinas privadas contaminadas no fueron el único problema de este barrio, con habitantes de estratos uno y dos. La contaminación originada por los zorreros, que viven a orillas del río Bogotá; la inseguridad, y las inundaciones que el desbordamiento del afluente también afectan a los 75 mil habitantes de la zona.

Luego de cruzar el laberinto de casas de ladrillo, los habitantes se fueron a las orillas del río Bogotá, en la calle 138D bis con carrera 151. Allí los escombros hacen parte del paisaje. “Desde hace tres meses el Lime no viene, las volquetas llegan y descargan, pero nadie hace nada” dice Sofía, una señora participante en la jornada de limpieza. Los funcionarios del Lime susurraban que limpiar por ahí era muy difícil por los problemas de seguridad: “limpiamos en el día, pero en la noche no se puede pasar” dice uno de ellos.

Aunque los recolectores piden más intervención del Lime, están de acuerdo en que los problemas de inseguridad son un obstáculo para ingresar a esa zona. Jesús, uno de los expertos en el barrio, comenta con mapas en mano: “Uno pasa por acá a las 10 y ve que se esconden de 10 a 15 chinos en los árboles. Fuman marihuana y atracan al que se les atraviese”.

Jesús se refiere a un parque que se extiende hasta el jarillón del rió Bogotá. Una cancha de fútbol de tamaño profesional y un parque para niños, permanecen todos los días deshabitados. “Mis hijos prefieren quedarse jugando atari en vez de salir al parque, porque les da miedo. Me da mucha tristeza verlos en ese encierro”, dice un mujer de pelo blanco que lleva puestas unas botas pantaneras.

Los policías que acompañaron la jornada decían que en un día podían recibir fácilmente 10 denuncias relacionadas con expendio de droga. Según comentaban, en el barrio se consume, más que todo, bazuco y marihuana. “Se han capturado personas con 30 cápsulas de bazuco y fumando marihuana. Es triste, porque a mí los jóvenes me han dicho que quieren salir de eso. Podríamos pensar en un Centro de Atención Móvil a Drogodependientes (CAMAD)” dice la alcaldesa.

Del grupo de recolectores se queda atrás un señor con arrugas y ojos verdes. Sus pasos son lentos. Carga con una pala y viste una camiseta con la cara del alcalde Gustavo Petro, que no le alcanza a cubrir toda la barriga. Su nombre es Rafael Ortega: “Conozco este bario como la palma de mi mano. El problema es que está en riesgo por el río Bogotá, que deberían desviarlo o mejorar los jarillones”. Aunque el señor supera los 70 años, este tipo de actividades no son motivo de cansancio: “Antes venía al río, porque cuando el agua negra se seca lo que queda puede ser usado como abono para las plantas”.

El olor fétido del lugar se hace realmente insoportable por los excrementos de caballo regados por todo el pasto. Aproximadamente 300 zorreros (o carreteros como los llaman en el barrio) se han apropiado de la zona verde, pernoctando en cambuches hechos de madera o en casas sin terminar. “Nos toca vivir acá, porque no hay pa donde más irse” dice uno de los zorreros mientras se quita de la cara las moscas y los zancudos que lo rodean.

Al llegar a las casas de los zorreros, a la altura del barrio Villa Cindy, la alcaldesa los llama desde la cima del jarrillón, en donde la acompaña un militar y el ejército de limpiadores de basura de Santa Rita. “Yo entiendo las dificultades económicas, pero quiero que entiendan que es necesario que saquen a los caballos de acá y que no quemen basura”. Los zorreros miran hacia el piso, musitando palabras inaudibles.

“No se preocupen. La Secretaría de Movilidad adelanta un proyecto para reubicarlos y lo importante es que lleguemos a un acuerdo para que no se presenten problemas”. Esta advertencia de la alcaldesa tiene que ver con el lanzamiento en la segunda semana de octubre, de la primera Unidad Ambiental de Reacción Inmediata de la ciudad. “Ya no pueden quemar llantas, porque no los van a dejar. Tienen que sacar a los caballos, porque la URI llega” dice Perilla.

La Secretaria Distrital de Ambiente, Susana Muhamad, explicó que en la vigilancia serán contundentes: “vamos a involucrar a la Policía y la Fiscalía, para que coordinadamente logremos judicializar a los infractores. Recogeremos las pruebas técnicas necesarias para poder judicializar a aquellos que sigan disponiendo escombros ilegalmente”.

Las sanciones económicas para los infractores, según Munhamad, pueden alcanzar los 5 mil salarios mínimos legales. “Para esto vamos a trabajar muy fuertemente con la unidad ambiental de la Fiscalía. La meta para el Distrito es poder controlar alrededor de 32 mil millones de toneladas en estos 4 años.”

Cuando la alcaldesa terminó de hablar, los representantes de la Junta de Acción Comunal tomaron la palabra y dijeron que estaban dispuestos a dialogar con los carreteros. Las señoras que iban de la mano con la alcaldesa en el recorrido de limpieza se recogían el pelo por el calor que agobiaba la mañana. De fondo, protegidos por la sombra de las casas mal construidas, las contemplaban los zorreros.

Por Santiago Valenzuela

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