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Entre profesores y contratistas no son pocas las personas que tienen hoy demandada a la Secretaría de Educación de Bogotá (SED). Alrededor de 664 casos en contra de la entidad se encuentran en pie y, en suma, podrían costarle al Distrito miles de millones de pesos.
La misión de defender a la SED en decenas de pleitos entablados por empleados y contratistas (especialmente constructores de colegios) recae sobre la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, despacho que hoy tiene encima los ojos de los organismos de control debido a un presunto desorden administrativo que estaría poniendo en riesgo más de $40.000 millones.
El Espectador conoció un oficio preliminar, remitido al personero Ricardo Cañón por la Dirección Sector Educación, Cultura, Recreación y Deporte de la Contraloría Distrital, en el que ésta llama la atención sobre “el grado crítico en que se encuentra la representación judicial de la SED, ante la falta de apoderados y deficiencias en el control y seguimiento a dichos procesos, poniendo en riesgo económico y legal a la entidad por más de $40.269 millones”.
Al frente de esta oficina se encuentra Ángela María Farah, una abogada de Montería que se desempeñó en el pasado como secretaria de Tránsito de su ciudad, para luego ser coordinadora regional del Fondo de Desarrollo Vial para la zona nororiente del país.
El informe de la Contraloría Distrital hace eco de una serie de denuncias interpuestas por una funcionaria de carrera que trabaja desde hace diez años en la Oficina Asesora Jurídica y quien alertó hace un mes a los entes de control de las presuntas irregularidades sobre las que versa el informe.
Tanto la Contraloría como la denunciante señalan que en los últimos meses la directora no renovó los contratos de varios abogados de la entidad que representaban a ésta en diversos pleitos. Muchos procesos habrían quedado volando, sin nadie que responda por ellos. Por ejemplo, el informe cita el caso de Andrea Sierra Avellaneda, una abogada a la que en marzo no se le renovó su contrato y quien dejó 80 procesos, cuantificados en $10.000 millones, que a la fecha de la visita de la Contraloría aún no tenían doliente.
Eso no es todo: el informe señala que al menos tres abogados de la oficina, contratados en el último semestre, ejercieron el poder de representación de la SED ante los estrados judiciales sin tener un contrato vigente con la entidad.
En todos los casos ocurre el mismo problema: los abogados firman contratos de prestación de servicio cortos, de unos pocos meses. Entre uno y otro contrato aparece de repente un período, que puede llegar a ser de un mes, en el que el abogado no cuenta con un contrato vigente con la entidad.
El concepto preliminar advierte del riesgo de “celebrar contratos a cuentagotas, con plazos salidos de todo contexto, que de lejos corresponden a las exigencias y la criticidad reales de áreas, sea el caso mencionar la situación crítica de la representación judicial de la SED, donde desafortunadamente se ponen en evidencia casos vergonzosos”.
Finalmente, identifica dos casos en los que abogados asumieron poderes de representación cuando las pólizas que forman parte de sus contratos no habían sido aprobadas y, por ende, no eran contratistas oficiales de la entidad.
Estos y otros casos reseñados ponen en riesgo “la defensa técnica y jurídica de la entidad”, asegura el ente de control.
La Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Educación tiene su propia versión de lo que ha venido ocurriendo dentro de la entidad. Según su directora, Ángela María Farah, “las denuncias son una cortina de humo construida por aquellos que se están viendo afectados por lo que estamos encontrando”.
Según Farah, a su llegada a la entidad, en enero de este año, su equipo halló “diversas falencias que no son de esta administración, sino de cómo se venían manejando los procesos en pasadas administraciones”.
La funcionaria admite que, en efecto, al llegar a la SED “se contrató a un nuevo grupo de abogados que han venido evidenciando la desorganización del sistema”. También niega que los abogados estuvieran ejerciendo sin que se les aprobara la póliza.
Asimismo, reconoce que hubo lapsus entre los contratos firmados con tres abogados, pero asegura que estos procesos, así como aquellos dejados por la abogada Andrea Sierra Avellaneda, fueron asumidos por su oficina. “Quiero precisar que la defensa judicial se ha llevado de debida forma”, declaró.