Desplazados en Bogotá van por sus tierras

Con la contratación de 35 abogados, la administración Petro busca que esa población sea beneficiaria directa de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, vigente desde 2011.

En Bogotá residen hoy 405.883 víctimas del conflicto armado. / Archivo
En Bogotá residen hoy 405.883 víctimas del conflicto armado. / Archivo

Con el propósito de defender los intereses de los desplazados por la violencia que hoy viven en Bogotá, la administración de Gustavo Petro dispuso la creación de un equipo de profesionales orientado a que la Ley de Víctimas les permita recuperar las tierras que tuvieron que dejar en sus departamentos de origen. Según estadísticas preliminares, la idea es que cerca de 800.000 hectáreas de las que centenares de familias que hoy viven en precarias condiciones en la capital fueron despojadas, puedan volver a sus verdaderos dueños.

Cifras oficiales señalan que hoy en Bogotá residen alrededor de 405.883 víctimas del conflicto armado, es decir, unas 8.000 familias. Aunque no todos los desplazados tenían terrenos propios en los lugares donde vivían, está documentado que muchas personas procedentes de Córdoba, Magdalena, Cesar, Huila y Tolima, entre otros departamentos, tuvieron que abandonar sus predios por el acoso de los grupos armados ilegales. A través de la elaboración de mapas y el acopio de documentos legales, se busca recobrar esas tierras.

De acuerdo con el informe del Grupo de Memoria Histórica, revelado en julio pasado, el país tiene hoy 4,1 millones de desplazados, que corresponden a 6 millones de hectáreas arrebatadas por los violentos. De ese desconcertante cálculo, se sabe que hoy Bogotá aloja al 10% de los desarraigados por razones de violencia. El objetivo de la administración distrital es que la población desplazada tenga ahora asesoría profesional y que sea beneficiaria directa de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que está vigente desde 2011.

No es una idea súbita del alcalde de Bogotá. Desde su discurso de posesión, Gustavo Petro dejó claro que una de sus políticas de gobierno iba a ser precisamente la atención a la población desplazada en la ciudad. Así lo manifestó en enero de 2012: “Sin la aplicación de la Ley de Víctimas no podemos hablar de paz, de reconciliación. Si la víctima no se repara, si no se restituyen sus tierras, si no sanan sus heridas, no se provocará el perdón, y el perdón es la base de la reconciliación, y la reconciliación es el otro nombre social de la paz”.

La concreción de esa iniciativa se realizará con la contratación de 35 abogados que, apoyados por dos ingenieros catastrales y un topógrafo, se desplazarán a los lugares señalados por las víctimas del desplazamiento forzado que hoy viven en Bogotá, para verificar sobre el terreno la exacta ubicación de los predios y documentar debidamente caso por caso. El equipo estará apoyado por cinco profesionales en antropología, historia, trabajo social, sociología y comunicación social, que apoyarán la misión de documentación de los casos.

“En este momento estamos recibiendo la documentación respectiva para que los abogados empiecen la defensa jurídica de los desplazados que buscan recuperar sus tierras”, explicó Ana Teresa Bernal, alta consejera del Distrito para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. El proceso, añadió la funcionaria, no será fácil si se tiene en cuenta que quienes se robaron las tierras tienen abogados muy bien pagados que defienden sus intereses. No obstante, se trabajará con profesionales que conozcan de este tipo de litigios.

Según la Unidad de Restitución de Tierras, se sabe que entre los desplazados por la violencia que hoy viven en Bogotá ya existen 4.906 reclamaciones, equivalentes a 759.851 hectáreas. Sobre la base de estas áreas reportadas comenzará sus labores el equipo de profesionales. La novedad es que de las solicitudes radicadas, 821 hectáreas están en Bogotá. Esos primeros casos serían prioritarios, pero los que corresponden a departamentos cercanos igualmente serán objeto de seguimiento especial por parte de los expertos.

Los abogados contratados hacen parte de los Centros Dignificar que hoy atienden a las víctimas de forma gratuita, brindándoles acompañamiento, asesoría e información. Ahora realizarán acciones de atención, asistencia y representación legal en temáticas como la exigibilidad de su inclusión como afectados por el conflicto ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas. Ante esta dependencia también exigirán su reconocimiento por vía administrativa, cuando aquélla les haya sido negada.

Quince de los abogados se concentrarán en el espinoso tema de la restitución de tierras, asunto riesgoso si se tiene en cuenta que el denominado Ejército Antirrestitución ha asesinado, desde 2008 a la fecha, a 67 reclamantes de tierras en el país. “El tema no va a ser fácil porque el despojador no va a permitir que un alcalde abanderado de las víctimas del deslazamiento vaya a recuperar las tierras que les arrebataron a los campesinos”, apuntó uno de los abogados, que prefirió el anonimato. Sin embargo, la decisión está tomada.

En un acto público reciente, el alcalde Gustavo Petro recordó que hace 30 años el narcotraficante Fabio Ochoa Vásquez y los llamados 12 Apóstoles se jactaban de celebrar en una gran fiesta el haber agregado a su patrimonio un millón de hectáreas. Quizá en esa extensión de tierras esté parte de los seis millones de hectáreas despojadas a los reclamantes de tierras en el país que ahora esperan que el Estado colombiano se las devuelva. Mientras ese proceso se da, la Alcaldía de Bogotá decidió encarar el compromiso apoyando a los miles de desplazados que hoy viven en la ciudad.

 

 

¿Bacrim en Ciudad Bolívar?
En la localidad de Ciudad Bolívar, que tiene  el mayor número de desplazados de la capital, el senador liberal Juan Manuel Galán, aseguró que hay bandas criminales que se disputan el territorio. El congresista señaló que estos grupos ilegales “están en control de varias extorsiones, prostitución, de actividades delictivas que les generan un rendimiento territorial que es el típico método mafioso”. Además criticó la política de seguridad del alcalde Gustavo Petro y dijo que “parece que el alcalde no se preocupa de tomar medidas en relación con el Gobierno Nacional para contrarrestar esta amenaza”.