Diana Turbay, el parque que nunca debió ser

Un parque construido sobre una zona de derrumbes, en la localidad Rafael Uribe Uribe, no sólo amenaza a la comunidad, sino que podría representar pérdidas por más de $4.300 millones.

Viviana Londoño Calle
24 de enero de 2012 - 10:31 p. m.

Cada vez que cae un aguacero, los vecinos del parque zonal Diana Turbay, en el sur de Bogotá, ruegan para que la montaña en la que el Distrito construyó el parque hace más de 10 años no se les venga encima. Una valla en uno de los extremos del parque lo dice claro: “No construya vivienda en este sector, zona de alto riesgo”.

La imagen del sitio confirma los temores. Allí apenas quedan la cancha de baloncesto y la de microfútbol, que cada vez se usan menos. Los juegos infantiles, que disfrutaron por algunos años los niños del barrio, están sepultados bajo la tierra que ha venido cayendo desde la cima, y el mismo destino tuvo uno de los senderos. Vecinos como Yolanda Bello siguen insistiendo en que nunca se debió construir un parque en esa pendiente.

Pero el Diana Turbay no es el capricho de un constructor privado. Todo lo contrario: es un parque público y su construcción fue aprobada en 1999, pese a que en la misma época la Dirección de Prevención y Atención de Desastres diagnosticó que el terreno presentaba un fenómeno de remoción en masa que ponía en riesgo inminente a la población cercana. El informe, además, diagnosticó que el suelo era aún más inestable por haber sido utilizado por años como relleno sanitario del barrio.

Hoy, el Diana Turbay está en la mira de la Contraloría Distrital. En una auditoría realizada el año pasado y recientemente divulgada, el ente de control determinó que presuntas irregularidades en las obras de mantenimiento realizadas al parque, sumadas a su insólita ubicación, podrían costarle al Distrito un detrimento patrimonial de $4.393 millones.

Contra viento y marea, haciendo caso omiso a las advertencias y a la dificultad para intervenir la zona debido a la alta pendiente, el parque fue construido en el año 2000 y para ello se invirtieron $1.407 millones. Sin embargo, no habían pasado tres años cuando el suelo empezó a desprenderse.

Llegaron entonces las quejas de los vecinos y la Junta de Acción Comunal exigió acciones por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). El Distrito se vio obligado a firmar dos nuevos contratos. El primero, en 2006, por $118 millones, para adelantar una consultoría, y el segundo, también el más delicado, en 2008, por $4.335 millones, para adelantar obras de mitigación y contención en el parque.

En este contrato en particular, la Contraloría señala varias irregularidades. Por un lado, aunque el contrato se firmó inicialmente por $2.898 millones, tuvo una adición de $1.437 millones para ajustar los muros de contención y una prórroga de tres meses en la ejecución.

Además, la interventoría contratada para la obra el mismo año, por un valor de $192 millones, tuvo adiciones por $88 millones. De acuerdo al informe, éstas fueron el resultado de equivocaciones en los diseños, que no correspondieron a las necesidades del parque.

Entre los hallazgos, el ente de control señala que dentro del presupuesto de la intervención aparecen $639 millones destinados para “otras obras”, sin que se especifique a cuáles se refiere.

Pero lo que más llama la atención es que la obra, además de representar gastos inoficiosos, no cumplió con la finalidad para la que fue contratada, que era evitar el riesgo de deslizamiento en el parque. La conclusión de la auditoría es contundente: “La gestión realizada por la entidad fue ineficiente, antieconómica e ineficaz”.

Efraín García, presidente de la Junta de Acción Comunal de la zona, asegura que el terreno sigue cediendo. La respuesta del IDRD es que si no se hubieran adelantado las obras de mitigación, ya se habría generado un desastre en la zona y que por el momento se van a realizar trabajos de mitigación para reducir el impacto, según dice Hernán Richie, subdirector técnico de Construcciones.

El parque, que prometía convertirse en una zona de esparcimiento para los habitantes del barrio y en el que la ciudad ha invertido $6.063 millones, terminó convertido en una guarida para consumir drogas y el mejor espacio para los ladrones. “Después de las 4:00 de la tarde ningún vecino del barrio se atreve a pasar por ahí, porque es fijo que le roban lo que lleve”, cuenta Jenny Fajardo, quien vive en la zona desde que nació, hace 29 años. Según la Contraloría, nuevas obras de mitigación son necesarias, no para salvar el parque sino para evitar una posible catástrofe en el barrio.

Por Viviana Londoño Calle

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