Días cruciales para los toros en La Santamaría

Grupos antitaurinos y de defensa animal impulsaron la consulta que el Distrito puso a consideración del Concejo. / Archivo

Una comisión de concejales comienza a estudiar hoy la conveniencia de que la Alcaldía de Bogotá convoque una consulta popular para que los ciudadanos definan si quieren que en la ciudad se realicen corridas de toros y novilladas. Mañana, además, se conocerá el resultado del proceso de selección del contratista que deberá ejecutar las obras para reforzar la Plaza de Toros de Santamaría con el fin de que quede apta para que el público taurino regrese a ver corridas.

Son dos caras de la misma moneda que tienen que ver con el futuro de la tauromaquia en Bogotá. La comisión accidental de concejales la integran Yezid García (Alianza Verde), Darío Fernando Cepeda (Cambio Radical), Jorge Durán Silva (Partido Liberal), Clara Lucía Sandoval (Partido de la U) y Olga Victoria Rubio (Movimiento MIRA). García, designado coordinador de este grupo, explica que se encargarán de emitir uno o varios conceptos (dependiendo de si hay consenso o no), para que la plenaria los estudie y decida si considera conveniente la celebración de la consulta, propuesta que de ser aprobada sería para el 25 de octubre, cuando se llevarán a cabo las elecciones locales. En el Concejo indicaron que la comisión deberá emitir un concepto el próximo 3 de junio.

De la decisión de la plenaria depende el futuro de la consulta, así que si define que es inconveniente, el trámite se interrumpe y el alcalde no podrá convocarla.

Más allá de este proceso, sin embargo, se revive una discusión entre taurinos y antitaurinos que parte de los antecedentes recientes sobre este tema en Bogotá. En febrero pasado, la Corte Constitucional dejó en firme un fallo en el que argumentó que ni alcaldes ni gobernadores pueden prohibir las corridas en sus jurisdicciones. Eso, a raíz del litigio entre el Distrito y la Corporación Taurina de Bogotá después de que Petro revocó el contrato de arrendamiento que le permitía a esa organización celebrar esos espectáculos en la Santamaría. La Corte ordenó el retorno de las corridas después de que en la plaza se realicen las obras de reforzamiento estructural. La consulta popular es el último cartucho que se juega Petro, con el apoyo de grupos de la sociedad civil que defienden los animales. Uno de estos es la Plataforma Alto, que dirige Natalia Parra. Ella le dijo a El Espectador que la consulta es la forma que tiene la ciudadanía de demostrar si realmente la tradición taurina mantiene su vigencia en Bogotá.

Felipe Negret, gerente de la Corporación Taurina, ha considerado que la consulta no puede ir en contra de los pronunciamientos de la Corte, que ha considerado la tauromaquia como expresión cultural con arraigo social en la ciudad.

El Distrito, sin embargo, le juega por otro lado a cumplir con el reforzamiento estructural de la plaza, compromiso que adquirió con la Corte una vez esta le ordenó que permitiera el regreso de los toros a ese escenario. El contratista encargado se conocerá mañana a las 3:00 p.m., en un tercer intento por adjudicar el contrato de $6.500 millones, que debe ejecutarse en 18 meses. Es decir, las obras deben estar listas en noviembre de 2016.

Desde que la Corte revivió las corridas y se determinó que para ello eran necesarios estos trabajos, se ha hecho el cálculo de que los taurinos cuenten con la plaza para la temporada de enero de 2017. Así que un nuevo tropiezo o aplazamiento daría al traste con esos planes.

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, encargado del proceso, ya ha declarado dos licitaciones desiertas y ahora adelanta un proceso abreviado en el que participan tres competidores: la Unión Temporal La Santamaría (integrada por las empresas Inbacón, Construcciones Deco y Arindec); el consorcio Obrar Santamaría (conformado por Obrasic, Álvaro Rojas Montenegro y Édgar David Pupo Zapateiro), y la empresa Urbaniscom. En las evaluaciones preliminares, esta última, que se presentó a la licitación anterior, ha sido la mejor calificada.

Queda claro, entonces, que la administración Petro se juega dos cartas: por obligación, la del contrato, para cumplirle a la Corte; y por voluntad propia, la de la consulta, que le da un último chance en su propósito de sacar los toros del mapa de Bogotá. Al menos por ahora, depende del Concejo, donde al alcalde no le ha ido muy bien.