Las dificultades de las comisarías de familia en Bogotá

El Espectador

En el barrio La Victoria (localidad de San Cristóbal) un escolta esperó a su esposa afuera del trabajo, la asesinó y luego se suicidó. Este es el hecho trágico más reciente de la violencia intrafamiliar en Bogotá. Y a pesar de ser un caso en el que la víctima posiblemente no buscó protección a tiempo (o no le prestaron la atención debida), cada vez son más las personas agredidas en sus hogares que están denunciando en las comisarías de familia. (Lea:Hombre asesina a su esposa y luego se suicida en el sur de Bogotá)

Al menos eso es lo que indican las estadísticas de la Secretaría de Integración Social, en las que es evidente que los casos atendidos y las medidas de protección han aumentado. Si bien el año pasado se atendieron en promedio 12.300 al mes, este año la cifra alcanza los 15.000 casos. Por otra parte, las medidas de protección pasaron de 1.600 a 2.000 órdenes. El dato puede tener dos interpretaciones. Por un lado, que la violencia intrafamiliar en Bogotá viene en aumento. Por el otro, que las comisarías están emitiendo más acciones para proteger a las víctimas. (Lea: Van 44.796 casos de violencia intrafamiliar en el 2016)

Sea cual sea la razón del incremento, hay otro dato en el informe que preocupa. El porcentaje de las medidas de protección que se han incumplido también ha aumentado 24 %. Este indicador se debe a que los agresores no han respetado las medidas impuestas por la comisaría o a que las víctimas establecieron de nuevo contacto con sus victimarios y volvieron a ser maltratadas. En ambas situaciones, la falta de protección o de seguimiento de los casos, responsabilidad de las autoridades, también juega un papel importante. (Lea:Medidas de protección por violencia intrafamiliar en Bogotá van en aumento)

Ruta de atención

En Bogotá funcionan 36 comisarías, con presencia en todas las localidades (las más grandes tienen hasta cinco). Son las encargadas de atender los casos de violencia intrafamiliar. Su tarea es garantizar los derechos de las víctimas a través de medidas de protección que buscan alejar a los agresores. Aunque prestan una atención primaria, aún hay muchas personas que no acuden a ellas por miedo o porque desconocen los servicios que prestan. (Lea: Intolerancia, principal causa de violencia intrafamiliar)

Cuando una persona llega a la comisaría a denunciar es recibida por un trabajador social que la entrevista para evaluar si su caso está relacionado con algún delito o si se trata de un conflicto familiar, como la custodia de los hijos o un acuerdo de alimentos. Si el caso es violento, la víctima es remitida a un psicólogo que busca los detonantes de la agresión (adicciones, celos enfermizos o problemas económicos).

Con estos datos, el especialista diligencia un formato en el que expone su concepto y da un puntaje sobre el nivel de riesgo del denunciante. De acuerdo con esa evaluación, la entidad aplica las primeras medidas de protección para mitigar la violencia. A la vez remite el caso a la Fiscalía, para que se abra una investigación contra el responsable de los ataques. (Lea: La facilidad de ignorar la violencia intrafamiliar)

Mientras la justicia avanza en la investigación, un equipo psicosocial le hace seguimiento a la denuncia. Hace visitas domiciliarias para verificar si el agresor ha cumplido la medida de restricción. En caso contrario, lo multan. Si no paga, se ordena su arresto hasta por 30 días.

Sin embargo, las comisarías no pueden ir más allá. A partir de ahí, los casos más violentos, así como la atención y la protección de las víctimas, quedan en manos de autoridades como el sistema de salud, la Policía y la Fiscalía. La falta de diligencia en muchas ocasiones ha generado impunidad, poniendo en riesgo la vida de las víctimas.

Un caso que ilustra esta situación es el de una mujer de 25 años que durante su niñez y adolescencia fue sometida por su padre a abusos sexuales. Hoy tiene dos hijos de él. Guardó silencio por años. Pero el miedo de exponer a sus hijos al mismo sufrimiento la llevó a denunciar su historia ante una comisaría de familia. Allí la atendieron y su caso pasó a manos de la Fiscalía donde, dice ella, la investigación no ha avanzado y su agresor está próximo a quedar de nuevo en libertad.

Las dificultades

Según Claudia Lineros, comisaria de La Candelaria, la superación de las causas de la violencia no dependen solo de su labor sino de que se realice un trabajo intersectorial  con todas instituciones del estado para revindicar de manera global los derechos de las víctimas y detener así el maltrato intrafamiliar.

Matilde Mendieta, subdirectora de la Secretaría de Integración Social en los temas de familia, añade que las comisarías por ser un ambiente con funciones jurídicas no pueden darles tratamiento psicológico a las personas agredidas, ofrecerles estudio o trabajo. “En este aspecto, su labor se limita a detener la violencia mediante las medidas de protección y a darle una carta a la víctima para que la atiendan en el médico o la ayuden en la Secretaría de Desarrollo Económico a emprender un proyecto. Aunque la ley dice que el trabajo de las comisarías se vincula con el de las instituciones encargadas de atender a quienes han sido maltratados, nada garantiza que la persona vaya con la carta, por ejemplo, al servicio de salud y la atiendan inmediatamente, porque las citas con un especialista en este país se pueden tardar hasta un año”.

Ante la realidad innegable que menciona Mendieta sobre las fallas que tiene el sistema de salud en cuanto a la agilidad en la atención de los usuarios, se vuelve necesario que todas las entidades del estado encargadas de prestarle un servicio a las víctimas de la violencia intrafamiliar creen estrategias para brindarle a las personas una atención más oportuna.

Por su parte, Carmen Uribe, directora de la Clínica contra la Violencia Intrafamiliar, de la Universidad del Rosario, dice que, aunque Lineros tiene razón respecto al importante papel que juegan las demás instituciones en la superación de la violencia, las comisarías también son responsables del incumplimiento de las medidas de protección, porque carecen de personal suficiente para hacer un seguimiento riguroso de cada caso.

“La violencia sólo contra la mujer este año ha sido mucha. Se han impuesto 10.298 medidas para proteger a las bogotanas. Eso requiere un equipo de trabajo muy grande para hacerles seguimiento y la entidad no lo tiene. Por eso creo que se les deberían quitar responsabilidades, si el objetivo es tener mejores resultados”, señala Uribe.

La directora de la Clínica contra la Violencia Intrafamiliar también considera que es importante rotar el personal en las comisarías o darles a los empleados un descanso oportuno, si se quiere ofrecer un mejor servicio, pues, según ella, trabajar cuatro años escuchando casos tan difíciles termina afectando el estado emocional de los funcionarios y, por ende, su disposición para atender a las víctimas.

Detener la violencia intrafamiliar es sin duda un trabajo que requiere, más allá de buena voluntad, muchas manos y la eficiencia de las instituciones que colaboran con las comisarías. Sin embargo, para que eso suceda, la entidad tiene que comenzar por corregir sus falencias y acercar más a la Fiscalía y al sector de la salud a los procesos de las víctimas, si en realidad se quiere prestar un servicio eficiente y de esta manera evitar casos tan trágicos como los que ocurrieron esta semana en dos localidades del sur de Bogotá.