Disputa por convenios para deportistas

La sanción que la Personería le impuso en primera instancia a Javier Suárez, exdirector del IDRD preocupa a los deportistas vinculados con el Distrito.

Redacción Bogotá
27 de agosto de 2014 - 11:45 a. m.
Javier Suárez, exdirector del IDRD.
Javier Suárez, exdirector del IDRD.
Foto: El Espectador - DAVID CAMPUZANO 2012

La sanción fue por presuntas irregularidades en la firma de un convenio por $6.837 millones con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA).

El ente de control sostuvo que Suárez y María Eugenia Serrano, quien firmó el convenio como subdirectora técnica del IDRD, incumplieron con los requisitos de contratación pública al firmar un convenio en lugar de abrir licitación pública. Serrano fue destituida e inhabilitada por 12 años, mientras que Suárez, por 10 años.

Aunque la decisión fue apelada, existe una preocupación general en el IDRD. Con el cuestionado se impulsaba un programa deportivo para 45.000 estudiantes que hacen parte de la jornada escolar de 40 horas semanales, que se firmó para fortalecer los programas deportivos a través de “la entrega de implementos y dotación(...) y la realización de valoraciones físico-deportivas en los centros de Interés de Deportes y actividad física”.

Según fuentes del IDRD, “es común que se realicen estos convenios para ofrecer mejores insumos a los deportistas, ya que hemos tenido dificultares con las licitaciones. Por ejemplo, el IDRD ha adelantado tres licitaciones para adquirir bicicletas públicas y se han caído. El convenio con la UDCA garantiza calidad y se le cumple al atleta”, dijo la fuente.

Ante la Personería, María Eugenia Serrano señaló que más allá de comprar elementos deportivos, “con el convenio se desarrollan los proyectos Bogotá Forjador de Campeones y el eje de deporte, de la actividad física y recreación de la jornada escolar de 40 horas semanales”. De hecho, el IDRD le dijo a este diario que existen 15 convenios más para el fortalecimiento de programas deportivos. El que firmó con la UDCA lleva el 80% de ejecución.

Este será uno de los argumentos que usarán los sancionados para defenderse en segunda instancia, para tratar que la decisión sea revocada.

 

Por Redacción Bogotá

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