Distrito asumió millonarios sobrecostos por construir en terrenos 'ajenos'

El contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, envió un control de advertencia fiscal al alcalde Gustavo Petro por cuenta de los sobrecostos que ha tenido que asumir la Administración Distrital como consecuencia de obras que ha realizado en la Zona Franca de Fontibón en predios que debían ser suyos desde hace siete años, pero por aparente ineficiente gestión del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) siguen en manos de particulares.

La advertencia fiscal está relacionada con la problemática que viene presentándose en materia de la incorporación al espacio público de las áreas resultantes de los procesos de urbanización y construcción, con los consecuentes riesgos de afectación del patrimonio público, al no tener el Distrito Capital la titularidad del derecho de dominio de aquellas, como actualmente ocurre con las derivadas de la Urbanización Compostela (carrera 106 #15ª- 32), en las que el Distrito no obstante haber efectuado inversiones superiores a los $11.594 millones para la construcción del Jardín Infantil El Portal y la Unidad Primaria de Atención San Pablo, en el sector de la Zona Franca de Fontibón, la propiedad continúa en cabeza de la Alianza Fiduciaria S.A.

Para la Contraloría, la causa del problema es “la falta de control y seguimiento por parte del DADEP y la ausencia de coordinación interinstitucional de todas las entidades involucradas en el manejo de las áreas públicas objeto de cesión”.

Las cesiones obligatorias gratuitas son una contraprestación a las que se obligan los propietarios de los terrenos al solicitar el correspondiente permiso para urbanizar o edificar.

Luego de que la Contraloría de Bogotá revisara el proyecto urbanístico denominado Compostela Casas se detectaron “serias irregularidades” relacionadas con la titularidad de la propiedad de las mismas en cabeza del Distrito.

La titularidad de la propiedad aún continúa en cabeza de Alianza Fiduciaria, vocera del patrimonio autónomo Compostela y no del Distrito Capital como legalmente corresponde, a pesar que han transcurrido aproximadamente más de siete años de encontrarse completamente terminado y vendido el proyecto.

“No resulta coherente que el DADEP como responsable del control y manejo del espacio público en la ciudad, en el señalado caso las zonas de cesión al Distrito, resultantes del proceso de urbanismo y construcción del proyecto Compostela, no haya estado vigilante en orden a que la mencionada escritura pública a través de la cual se surtió, en el presente caso, la segregación de las mismas, se hubiese inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a nombre del Distrito”, señala el control de advertencia conocido por Elespectador.com.

Puntualiza el ente de control que de no adelantarse oportunamente los trámites tendientes a que el Distrito radique la titularidad de la propiedad de las zonas que constituyen las áreas de cesión, puede seguir ocurriendo lo que en su momento tuvo lugar con respecto a la correspondiente zona del equipamiento comunal de la señalada urbanización, pues durante 2009 el Fondo de Desarrollo Local dio inicio a la construcción del Jardín Infantil El Portal y en el año 2011 la Secretaría de Salud procedió a la construcción de la Unidad Primario de Atención San Pablo.

El Jardín fue objeto de cuatro suspensiones por aproximadamente dos años a causa del no otorgamiento de la correspondiente licencia de construcción porque el Distrito carecía de titularidad del predio objeto. Situación que trajo consigo mayores costos a los inicialmente presupuestados de la obra que luego fue asumida por la Secretaría de Integración Social.

Las obras a la fecha no están en pleno funcionamiento y el DADEP no ha surtido los trámites que corresponden para que el derecho de dominio sea transferido al Distrito como legalmente corresponde y por lo cual la titularidad del mismo continúa en cabeza de particulares. El Distrito ha invertido más de 11.500 millones de pesos.

El Jardín El Portal tuvo sobrecostos por más de1.000 millones de pesos a los contemplados que fueron de 3.300 millones. Además, las obras no contaron oportunamente con la disponibilidad de servicios públicos por cuenta de Codensa y Acueducto debido a que el Distrito no tenía la titularidad del predio.